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domingo, mayo 31, 2020
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    Contratos truchos: defensa sostiene que imputados desempeñaron comportamientos “estereotipados”

    El defensor Emilio Fouces presentó nuevas pruebas que pretenden demostrar que varios imputados en la causa contratos en la Legislatura desempeñaron conductas inherentes a las funciones para las que fueron designados y venían realizando desde mucho tiempo.

     

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    La causa que investiga el presunto accionar de una supuesta organización que durante diez años se habría dedicado a sustraer millonarias sumas de dinero de las arcas del Estado mediante la celebración de contratos de locación de obra en beneficio de personas que prestaban su nombre, recibiendo a cambio una mínima suma de dinero, sin ofrecer ninguna contraprestación, continúa en silencio.

    Fuentes judiciales informaron a El Diario que las defensas se muestran activas y han presentado pruebas nuevas procurando poner en perspectiva y en contexto las conductas que desempeñaban algunos imputados en la mega causa. Se trata de personas que realizaban tareas administrativas en la Legislatura.

    Según precisaron las fuentes consultadas, el defensor Emilio Fouces presentó una importante cantidad de mails que apuntan a demostrar que un empleado de la Legislatura que fue imputado en la última reformulación del hecho que realizó el Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó las acciones que le fueron requeridas por sus superiores, que eran las que venía cumpliendo en función del área en la que se desempeñaba.

    De acuerdo a la interpretación que la defensa hizo de los correos, el empleado desarrolla lo que se entendió como “una conducta estereotipada”. Incluso se señaló que los mails que intercambiaban los empleados investigados respondían a órdenes que les eran indicadas y eran enviados desde direcciones de correo personales, no desde una casilla de correo institucional.

    El dato no es menor en el contexto de la investigación, puesto que pondría en perspectiva el accionar de Fiscalía.

    Observadores del devenir de la causa advirtieron que “la presión” de los investigadores se dirige hacia “abajo”, hacia funcionarios de menor rango, empleados y profesionales que habrían actuado cumpliendo órdenes administrativas de sus superiores.

    En este sentido, indicaron que la acusación sostiene que “la maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”, además de asegurar que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades” de ambas Cámaras que “aún” no fueron identificadas y habrían suscripto “los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

     

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