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domingo, octubre 2, 2022
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    Por una función pública profesional

    Colaboración | Por Diego Gantus (*)

     

    Desde hace algunas décadas, de manera espasmódica –y las más de las veces, con argumentos infundados–, el Estado, su eficacia y su eficiencia, son cuestiones que ganan terreno en la agenda pública. Y preocupan. Sin embargo, las y los que de ello se ocupan en realidad, son los menos.

    Mientras los partidos políticos en la oposición a los distintos gobiernos se inmolan en el altar de la necesidad de profesionalizar la función pública, más temprano que tarde se desentienden del asunto cuando les toca gobernar (que es cuando en realidad están en mejores condiciones para hacer algo al respecto).

    La razón pareciera ser sencilla: para implementar un plan de gobierno en cuatro años (o para intentarlo al menos), y mantener durante el período el apoyo de los aliados, la designación discrecional de funcionarios suele ser más conducente que la de producir cambios de fondo (cuyos resultados, en general, no van ser disfrutados por quienes los inician). El resultado es que en el fondo nada cambia, y las capacidades del Estado para hacer bien lo que debe hacer, son siempre menores a su potencial. De allí que esperar que las respuestas lleguen desde arriba no es una opción.

    Un grupo de académicos argentinos, pero también con trayectoria en distintas esferas del Estado Argentino, nos han propuesto un camino; un camino que es siempre el más arduo, pero es uno que ya no podemos postergar. El camino es el del consenso; el camino es el de la construcción desde el medio (porque en sentido estricto, la construcción no comienza desde abajo) de un conjunto de acuerdos con miras a hacer realidad al Unicornio de la política argentina (entidades de la que todas y todos hablan, pero que nadie ha visto nunca jamás): una política de Estado. “Un servicio civil profesional es una institución y un patrimonio de la sociedad toda, y su preservación es una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y demás actores que hacen a la gobernabilidad democrática”, reza el documento fundacional de esta invitación al diálogo y a la construcción de acuerdos que ha reunido ya más de 600 firmas entre investigadores, funcionarios nacionales, colegios profesionales, representantes de organizaciones intermedias, referentes de los principales partidos políticos, entre otros.

    Países como Francia, Alemania, el Reino Unido o los Estados Unidos dieron inicio a este camino hace ya casi 150 años. Nadie discute que a todo gobierno que arriba al poder le asiste el derecho de nominar un grupo importante de colaboradores en base a criterios de confianza política, de reparto de cuotas de poder con sus aliados, y/o de expertise en el área en que revista. Son los responsables de la gestión política del Estado; los que colaboran con el presidente de manera más directa, para hacer cumplir el Plan de Gobierno que quieren implementar (aunque las más de las veces, sea el que pueden implementar).

     

    PRINCIPIOS

    Pero a partir de allí, ciertos principios irrenunciables deben regir la conformación y desarrollo del Servicio Civil, en adelante, válidos para todos los gobiernos: 1) garantizar la equidad en el acceso, 2) construir verdaderas carreras administrativas –ingreso por concurso, capacitación permanente, desempeño mensurable, promoción en escalafón o desvinculación–, 3) planificar estratégicamente la sostenibilidad financiera de la dotación de personal, 4) institucionalizar un régimen de alta dirección –funcionarios de carrera de la más alta jerarquía, inmediatamente debajo de los funcionarios de designación política o basada en la confianza en la estructura estatal– que aseguren la continuidad de las políticas de largo aliento, la memoria institucional, y sujetos al control democrático, 5) cumplir principios de empleo digno y decente, 6) invertir en capacitación y actualización tecnológica permanente, 6) jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública –asegurando su estabilidad y fortaleciendo sus competencias–, 7) institucionalizar el diálogo social permanente para asegurar estos consensos, efectuar su seguimiento y actualización, a través de un Consejo Nacional de la Función Pública como existe en otros países, que no dependa de gobiernos, gremios ni de especialistas.

    El documento cierra diciendo: “El país se encuentra en condiciones históricas para decidir la consolidación de una nueva generación de funcionarios públicos para la construcción de un país justo, solidario y desarrollado. Para la gobernabilidad democrática, la función pública es a la vez una cuestión del gobierno y de la sociedad. Por eso compartimos con la ciudadanía en general, así como con las organizaciones sociales, políticas, empresariales, sindicales, confesionales y académicas, estas propuestas concretas e imprescindibles para una política de recomposición de un funcionariado imparcial, íntegro y competente, acorde con lo que merecen los argentinos de su Estado. Invitamos también a sumar ideas, propuestas e iniciativas que hagan posible ir configurando, entre todos, esta política pública”.

     

    (*) Doctor en Ciencia Política. Profesor Titular Ordinario de Administración Pública (Facultad de Trabajo Social, UNER). Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública.

     

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