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El Senado aprobó la emergencia citrícola

El Senado Nacional convirtió en ley por unanimidad la Emergencia Citrícola para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy por el término de un año.

 

La iniciativa había sido presentada ante la Legislatura Nacional por la diputada entrerriana Mayda Cresto (Justicialismo), apoyada por todo el arco político en el Senado, recibiendo 42 votos a favor y ninguno en contra.

 

Luego de ser aprobada en Diputados, este miércoles, la Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el proyecto de Cresto que declara la emergencia económica, financiera, productiva y social para toda la cadena productiva de cítricos en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta por el término de un año. Al igual que en Diputados, la iniciativa fue acompañada por todos los bloques y aprobada por unanimidad, al recibir 42 votos a favor y ninguno en contra.

 

“Si bien no es una solución definitiva, esta herramienta constituye una ayuda para el sector citrícola a partir de la articulación del trabajo entre la gobernación, las intendencias, los legisladores y los productores entrerrianos”, señaló Mayda Cresto.

 

“La intención es paliar la situación gravísima que está viviendo toda la cadena productiva del citrus, así como tantas economías regionales de nuestro país y creemos que esta es una herramienta que puede ayudar al sector a salir adelante”, explicó la diputada entrerriana.

 

“El sector citrícola está atravesando una crisis que se agudiza día a día, ya que se ve perjudicado por factores como la caída del consumo interno, la disminución de las exportaciones, la apertura indiscriminada de importaciones, los altos costos internos de producción, la imposibilidad de acceso al crédito por las altas tasas, la alta presión impositiva, y la amenaza constante del HLB (enfermedad del citrus)”, concluyó Mayda Cresto luego de la votación unánime que permitió que su proyecto tomara fuerza de ley.

 

La Ley de Emergencia Citrícola faculta al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de obligaciones impositivas por parte de AFIP y ANSES así como la suspensión de inicio de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de impuestos y obligaciones de la seguridad social.