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Propician el acceso laboral de personas travestis, transexuales y transgénero

Este martes por la noche tuvo lugar una convocatoria al colectivo LGBTIQ+ a la Cámara de Diputados movido por el tratamiento del proyecto de ley que promueve y garantiza derechos para las personas travestis, transexuales y transgénero en el ámbito laboral.

 

La iniciativa, autoría de la diputada Emilce Pross, fue ingresada el año pasado y pasó a las comisiones de Legislación Agraria, del Trabajo y Producción y Economías Regionales y de Banca de la Mujer. Ambas se pronunciaron en sendos dictámenes emitidos en diciembre del año pasado.

 

El proyecto entiende por personas travestis, transexuales y transgénero a “todas aquellas personas con una identidad de género que difiere de la asignación sexo-genérica que se realizó sobre ellas al nacer.

 

Bajo el principio de no discriminación, establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.

 

En el artículo cuarto se explicitan los alcances de la legislación que se propone: “El Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, los municipios, personas jurídicas de derecho público, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación.

 

Asigna a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia conjuntamente con el Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual el rol de autoridad de aplicación. En consecuencia, “deberá realizar un sistema de registro de personas que aspiren a obtener un empleo con el objetivo de facilitar su incorporación laboral y cumplimiento de la presente ley”. Además, articular junto al Área de Diversidad y Género y las distintas dependencias del Estado (Trabajo, Desarrollo Social y Educación) capacitaciones orientadas a distintos ámbitos laborales públicos y privados, y crear, mantener y difundir un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a las personas trans. También se hace responsable a esos organismos de la promoción a través de campañas en los medios masivos de comunicación de la necesidad de la creación de empleo destinado al colectivo trans, que garantice la inclusión social, así como de publicar un informe anual que dé cuenta del grado de cumplimiento de la presente ley.

 

Prevé la información que deberá hacerse constar en el Registro Único de Aspirantes, el que establecerá un orden de prioridades. Una vez ingresados a ese listado, los aspirantes podrán optar por la realización de cursos de capacitación a los fines de cumplir con el requisito de idoneidad que establece el mismo proyecto. Explícitamente, se indica que “no se contemplarán como excluyente al cargo, los antecedentes contravencionales”.

 

En caso de haber iniciado la solicitud de rectificación registral del sexo al momento del acceso al derecho, la persona podrá presentar constancia de inicio de trámite a los fines de la inscripción del nombre escogido en la confección del contrato de trabajo o locación de servicios, legajos y/o cualquier otro documento que correspondiere, prevé el artículo 7.

 

Transcurridos los cinco años de estabilidad en el cargo, las personas contratadas con motivo del cumplimiento del cupo previsto, dejarán de ser consideradas a los fines del cálculo, manteniendo su relación laboral y habilitando la contratación para una nueva persona beneficiaria de este régimen.

 

INCENTIVO FISCAL

 

En el articulado del dictamen de las comisiones, fechado en diciembre del año pasado, se establece un régimen de incentivo fiscal para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.

Concretamente, por cada empleado en dichas condiciones se otorgará un bono fiscal equivalente al 3,5% (alícuota general) sobre el valor de las contribuciones patronales efectivamente abonadas por el empleador correspondientes al empleado travesti, transexual y transgénero, con excepción de las realizadas con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales.

 

Asimismo, quienes se encuentren en condiciones de gozar del beneficio, deberán acreditar el empleo de la persona travesti, transexual y transgénero ante la autoridad de aplicación, de acuerdo a la reglamentación que realice el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

 

El bono fiscal otorgado podrá ser aplicado al pago de impuestos provinciales.

 

ALTA VULNERABILIDAD

 

En los fundamentos, se aclara que el proyecto de Ley es una iniciativa de las organizaciones con trabajo en Derechos Humanos LGBTIQ+ de Entre Ríos en el marco de la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral de las personas Trans que llevan adelante la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Transexual, Travesti y Transgénero de Argentina. Su riqueza radica en la legitimidad que lo precede en tanto ha sido construido por la base social a la que aspira a dar respuestas esta propuesta.

 

En el texto que acompaña el articulado se puede leer que “esta iniciativa tiene por objetivo ser una herramienta más en el camino de promover la igualdad social y de oportunidades para personas trans y es concebida contemplando el cuadro de emergencia social que atraviesa la existencia material en sus vidas cotidianas.

 

Responde además al contexto de alta vulnerabilidad de la población dónde más de un 86% ejerce la prostitución como único medio de supervivencia, poseen una expectativa de vida que no supera los 35 años y se enfrentan a obstáculos estructurales para acceder al trabajo formal, como la falta de oportunidades reales estigmatización y violencia.