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Confirman que está prohibido fumigar a menos de 1000 y 3000 metros de las escuelas

Un fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia confirmó la declaración de nulidad parcial del decreto 4407/18, referido a las distancias permitidas para fumigar en ámbitos rurales cercanos a establecimientos escolares.

 

La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, rechazó, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia del vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, que declarando la nulidad parcial el decreto 4407/18, que fija las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales. Con esta sentencia queda en pie lo dispuesto oportunamente por el vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, en vigencia consecuentemente las distancias de interdicción de fumigaciones fijadas en su sentencia. En la misma se establece que está prohibido fumigar en forma terrestre a menos de mil metros de las escuelas rurales y a tres mil desde el aire.

En la resolución conocida este miércoles 15, la Sala del STJ resolvió rechazar el recurso de apelación articulado por el gobierno de la provincia y confirmó la sentencia que declaró la nulidad parcial del decreto Nº 4407/18 (fechado el 14/12/18 y publicado el 02/01/2019) considerándolo violatorio de los arts. 1, 5, 65, 186, 203 de la Constitución de Entre Ríos, arts. 1, 18, 75 inc. 22) de la Constitución Nacional, y artículo 25 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La nulidad alcanza al artículo 1º) del decreto del Poder Ejecutivo que establece prohibir las aplicaciones terrestres de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 100 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero; como así también al artículo 2º) que establece la prohibición de las aplicaciones aéreas de fitosanitarios en lugares donde existan escuelas rurales lindantes a lotes de uso productivo, debiendo respetarse una distancia de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero.

 

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la prohibición para fumigar a menos de 1000 metros, vía terrestre, y 3000 metros, vía aérea, de las escuelas rurales. Foto El Diario.

 

FALTA CERTEZA. Giorgio entendió que la vía del amparo era la adecuada, en el caso concreto, no sólo para salvaguardar la salud de los docentes y atender con la prioridad que el “Interés Superior del Niño” exige de acuerdo a la normativa de jerarquía legal y constitucional en juego, garantizando celeridad y eficacia al conflicto, sino además por considerar que no se trata una cuestión que amerite “mayor amplitud de prueba y debate” ya que como consecuencia del anterior amparo ambiental, el Estado debía demostrar que a menores distancias se asegurarían idénticos resultados preventivos para la salud, lo que no logró acreditar en el dictado del decreto reglamentario, por la ausencia (más no controversia) de rigor científico. De allí que no pueda esperarse “mayor debate y prueba”, considerando además como “materia pendiente para el ordenamiento ritual la previsión de un proceso ambiental que se amolde a este nuevo paradigma del Derecho”.

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Luego del pronunciamiento respecto del amparo, Giorgio compartió el análisis realizado por Marfil -quien intervino en la instancia de grado- respecto del Decreto Nº 4407/18 destacando que los argumentos científicos o técnicos que justificaron el dictado del decreto reglamentario lo fueron solo en grado de apariencia o no lo fueron con el grado de solvencia que debiera tener una decisión que puede afectar la salud de los niños y docentes entrerrianos, resurgiendo con ello la falta de certeza respecto de las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la inocuidad de la actividad fumigatoria con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. El Estado no pudo acreditar con los expedientes administrativos arrimados “que las distancias dispuestas en el decreto garantizan los efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los colegios rurales”, como lo exige el fallo anterior que está obligado a cumplir.

 

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Giorgio compartió con Marfil que “el informe final del grupo de trabajo interministerial sobre buenas prácticas agrícolas” que precedió el dictado del decreto -y sobre el cual se basó el Estado provincial para determinar las distancias allí dispuestas- “carece de la opinión técnica, científica o especializada que debería tener (y/o lo más consensuada posible) por lo que entendió que no logró superar el estándar mínimo establecido por el voto del Dr. Benedetto en autos (“…”) como tampoco el test de legalidad de la Ley de Plaguicidas 6.599, que en su artículo 8 establece la protección de terceros frente a la aplicación de plaguicidas por los posibles daños que pudiera ocasionar, y menos aún el test de juridicidad a la luz de los principios generales del ambiente de raigambre constitucional, rechazando así el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial y en consecuencia propiciando la confirmación de la sentencia recurrida donde se declaró la nulidad parcial del Decreto Nº 4407/18, lo que deja sin efecto las distancias allí dispuestas”.

Carubia compartió el criterio de Giorgio en cuanto a la pertinencia del amparo y también respecto de la cuestión de fondo. En cambio, Mizawak marcó discrepancias en lo que refiere a la vía elegida por los accionantes.

 

 

Cronología

Tras la publicación del decreto 4407, Agmer y entidades ambientalistas presentaron un amparo pidiendo la nulidad de esa norma que establecía la distancia de fumigación con productos fitosanitarios de 100 y de 500 metros entre los límites o cercos de la escuela y el cultivo lindero, según fuera terrestre o aérea.

El vocal Andrés Marfil de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná admitió parcialmente la demanda y decretó la nulidad parcial del Decreto Nº 4407/18, restituyendo las distancias de 1000 y 3000 metros.

El gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado apeló ese fallo y ayer la Sala del STJ rechazó dicha apelación.