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Narcomenudeo: Insisten en que se declare nula la elevación a juicio de una causa

El abogado Guillermo Retamar, que defiende a seis personas de Paraná acusadas de narcomenudeo, volvió a plantear la inconstitucionalidad de la ley nacional 26.053, de estupefacientes, y la provincial 10.566, de desfederalización del narcomenudeo, insistió con que se declare la nulidad de la elevación a juicio de la causa en la que Fiscalía pidió penas elevadísimas, e instó el sobreseimiento de sus representados.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Seis imputados acusados del presunto delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas y por cometerse en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, en calidad de coautores, podrían ser juzgados en debate oral y público tras la decisión que adoptó el miércoles 3 de abril la jueza de Garantías N°6 Elisa Zilli.

El viernes 29 de marzo, Zilli había decidido pasar a un cuarto intermedio para resolver los planteos de nulidad que realizó el defensor Guillermo Retamar, que se opuso a la elevación a juicio porque entendió que existe incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en la causa, asimismo planteó la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley 10.622 de narcomenudeo y cuestionó el pedido de pena que adelantó en aquella audiencia la fiscal Evangelina Santana.

El defensor no encontró “notoriamente excesivo” los montos de entre siete y ocho años planteados. Retamar sostiene que “la Ley 26.052 es inconstitucional por sacar al imputado del juez natural y de ahí en adelante las normas del ritual son letra muerta”. El defensor hizo “reserva de protesta en Casación y del remedio federal”.

 

Pedidos

 

El lunes 6 de mayo Retamar volvió a insistir en sus planteos. En esta oportunidad solicitó que se “declare la inconstitucionalidad de la Ley 26.052 y la 10.566 por afectar el servicio de administración de Justicia, el debido proceso legal y la defensa en juicio; igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución de elevación de la causa a juicio y de todo lo resuelto hasta la fecha en la misma, disponiéndose el sobreseimiento de mis representados”.

El letrado sostiene que se ve afectado “el buen servicio de administración de justicia, al conculcarse definitivamente el debido proceso legal y la defensa en juicio” que asegura la Constitución Nacional.

Retamar sostuvo que “la resolución de elevación de la causa a juicio ha sido realizada por magistrada que no tiene competencia”, añadiendo que “…no cumple la señora juez de grado con las exigencias que exige el principio del Juez natural, independiente, imparcial y debidamente desinsaculado de los hechos, ya que sostiene a rajatablas una delegación de competencia imposible y prohibida, por no tratarse la competencia material de un derecho común que pueda ser reformada por una ley que decide desfederalizar artículos de la ley 23.737, por adhesión voluntaria, en desmedro de la propia Constitución Nacional…”.

 

Competencia

 

Para la defensa, lo primero que se debe constatar y tratar en todas las instancias necesarias de un proceso es “la competencia material”, sosteniendo que en este lo que se ha hecho es “soslayarla”, puesto que su “importancia vital” radica en que es “un impedimento para el seguimiento de cualquier proceso, en cuanto se afecta la exigencia del juez natural que requiere el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, para la validez de los procedimientos”.

En este sentido, el defensor planteó que “la competencia penal en razón a la materia, tiene características propias que la diferencian de otras competencias judiciales. Es improrrogable: por ende no se puede adoptar por simple voluntad de los sujetos de un procedimiento y  ello impide la adhesión a la competencia por ninguna Ley provincial. Es inalterable: el único parámetro para atribuir competencia a un tribunal es la Ley y por ello se dice también que es absoluta porque una vez dictada la Ley 23.737 y declarada su competencia material, no se puede modificar en perjuicio de los artículos 16, 17, 18, 75 inciso 22 y 116 de la Constitución Nacional, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede consentir, ni está facultada a aceptar violaciones constitucionales en perjuicio del justiciable”.

Así, señaló que “el propio juez natural está vinculado con estos conceptos, porque significa la imposibilidad de que hechos futuros varíen la radicación de una causa. Las partes no pueden elegir al Tribunal competente y tampoco un juez puede arrogarse esa facultad, de ser competente, solo por una decisión individual de adhesión a una delegación de competencia material indelegable”.

 

Nulidad

 

Retamar sostuvo que “si no se observaron las reglas de la competencia por la materia, pese a que fueron planteadas por las partes, ello dará lugar a la nulidad de todo lo actuado, tal como ocurre en el presente caso”.

Así, mencionó que “la Ley 23.737 castiga con severidad -con una pena de prisión o reclusión que oscila entre 4 y 15 años- la conducta de quien venda o tenga estupefacientes con fines de comercialización en grandes cantidades o en dosis fraccionadas, destinadas directamente al consumidor, y esa competencia en razón a la materia, no puede ser delegada, en razón a que protege la estabilidad, la seguridad y la soberanía del estado”.

En este sentido cuestionó que “la Ley 26.052, (que reformó la Ley de estupefacientes) y la Ley de adhesión 10.566, son inconstitucionales al atentar contra tres artículos de la Constitución Nacional”. En esta línea sostuvo que “es inconstitucional el artículo 2º, inciso 1, de la Ley 26.052, que sustituye el artículo 34 de la Ley 23.737, en cuanto permite la opción de las provincias de asumir su competencia, en los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes con esos fines, fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, por ser indelegable la competencia material”.

Asimismo opinó que “igualmente contraría a la Constitución la Ley de adhesión 10.566, dictada por la legislatura de Entre Ríos, en cuanto a que receptó la resolución impugnada en forma favorable dicha opción, en la presente causa, por cuanto resultan contrarias a los artículos 1, 116 y 121 de la Carta Magna”.

El abogado defensor Guillermo Retamar se opuso a la elevación a juicio porque entendió que existe incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en la causa.

Los cargos

Fiscalía les atribuyó a los imputados que “al menos”, entre el 28 de junio y el 6 de julio de 2018”, comercializaron sustancias estupefacientes “recibiendo a cambio de la entrega de éstas y como contraprestación sumas de dinero”.

La transacción se realizaba en una casa en calle Pronunciamiento de Paraná, ubicada en inmediaciones de una escuela. El 6 de julio, aproximadamente a las 21.06, personal de la Dirección de Toxicología realizó en la casa de uno de aquellos un allanamiento y requisa domiciliaria autorizados por Zilli, donde se secuestró 26 dosis fragmentadas para el consumo por un total de 51 gramos de marihuana, 59 dosis fraccionadas de cocaína por un total de 27 gramos y un envoltorio con 110 gramos de cocaína, entre otros elementos utilizados para fraccionar la droga en dosis destinadas a la venta.

Fiscalía sostuvo que el estado de sospecha inicial fue “acompañado por filmaciones, fotografías e informes donde se puede observar en diferentes días y horarios a los imputados comercializando sustancias estupefacientes”, a las que se adicionaron conversaciones que se encontraban en los celulares secuestrados en el allanamiento.