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Las disímiles lecturas de una (auto) recusación

Opinión |  Néstor Belini

coordinacion@eldiario.com.ar

 

La decisión de la procuradora general adjunta de la provincia y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, de apartarse de la investigación de la denominada causa Contratos en la Legislatura, en la que se trata de determinar la responsabilidad de funcionarios que concretaban contratos de locación de obra en las Cámaras de Senadores y Diputados en “beneficio” de personas que sólo cedían su nombre a cambio de recibir una suma insignificante de dinero y sin prestar ninguna contraprestación al Estado –en lo que sería la causa de mayor gravedad institucional de la provincia, por el monto que se habría sustraído de las arcas del Estado – admitió muchas más lecturas de las que se sostuvieron en la maniquea versión de una confabulación motivada en un “incorrecto afán obstruccionista y dilatorio”, según la opinión del procurador general de la provincia Jorge García, de los abogados defensores Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa, que solicitaron la recusación de Goyeneche a partir de sendas notas publicadas en El Diario el miércoles 5 y el viernes 7 de diciembre, respectivamente, de 2018.

El miércoles 5 El Diario informó sobre un contrato de adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, entre Goyeneche y el investigado en la mega causa, Pedro Opromolla; en tanto que dos días después, esta Hoja volvió a informar sobre una prueba que está en poder de Fiscalía: una planilla Excel de gastos que exhibe los vínculos entre Gustavo Falco, dueño del edificio donde funciona el estudio contable Integral Asesoría; el analista de sistemas, Nicolás Beber; el corredor inmobiliario, Renato Mansilla; y la sociedad integrada por Pedro Opromolla, Guido Krapp –todos sindicados en la causa– y Luis Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal.

El estudio fue allanado en los primeros días de octubre, cuando Fiscalía realizó tres allanamientos en el contexto de la mega causa: en el estudio de Alfredo Bilbao, en calle Alameda de la Federación y Córdoba; en el de Gustavo Faure, en San Benito; y en el edificio de Misiones 276, donde funciona Integral Asesoría. De aquellas medidas, sólo Bilbao quedó detenido; luego fue detenido Faure, junto a otros sindicados en la causa.

Una de las situaciones que llamó mucho la atención consistió en la manera en que se dio a conocer una decisión de tanta importancia. No fue mediante los carriles oficiales del Poder Judicial, que habitualmente informan de este tipo de circunstancia, sino que fue a través de un medio de comunicación.

No hubo, en primera instancia, una democrática divulgación de la información. Esta situación tendría relación con el punto nueve de la presentación que hizo el letrado Carlos Reggiardo contra García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Allí, el impulsor de la destitución del procurador pretendió exhibir el vínculo del funcionario “con ciertos medios de comunicación a quien les entregaba toda la información a través de sus operadores judiciales la que al otro día se reflejaba en las tapas de los diarios y revistas de actualidad, él se valía de ellos porque decía que había que crear conciencia en las masas, obtener una condena social así los jueces que él no podía influenciar se dejaban llevar por la corriente; pero no con todos los medios de comunicación era afín, solo con aquellos que reflejarían lo que él quería”.

Ante aquella situación, cabe preguntarse si el cuestionamiento de una confabulación de abogados defensores y “agentes externos” –que un sitio web transformó en periodistas- que formarían parte “de una organización criminal”, como sugirió Goyeneche el viernes 7 de diciembre en una audiencia oral y pública en la que negó la vinculación que hoy motivó su apartamiento, no se parece demasiado a la manera en la que se decidió difundir la excusación de la fiscal anticorrupción.

A esta altura de la investigación no resiste ningún análisis desde “la sana crítica racional”, las aludidas maniobras obstruccionistas ni la confabulación periodística.

Si alguien le puso un límite a la dirección que llevaba la causa no fueron ni los abogados defensores ni ningún periodista decidido a informar, sino que fue la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia que les marcó un uso excesivo de la prisión preventiva al Juzgado de Garantías, al de Juicio y Apelaciones y a la Cámara de Casación Penal.

La investigación sigue su marcha y se encamina al juicio oral y público, que es lo que la sociedad espera, y con evidencias producidas dentro de los parámetros que marca la Ley. Es lo menos que los entrerrianos esperan de la Justicia en virtud de lo que está en juego.

La decisión de difundir la información a través de un único medio tuvo su inherente lectura, una afín al paladar de la fiscal anticorrupción.

Otra lectura que se pudo leer fue la del periodista Federico Malvasio, que en el sitio Página Judicial, opinó que la situación de la fiscal anticorrupción se agravó.

Allí, Malvasio exhibió que “el escrito donde Goyeneche solicita ser apartada de la investigación se revela un dato que pasó desapercibido pero que agrava la situación”, poniendo en el tapete la existencia de otro departamento que Goyeneche le compró a Opromolla, distinto al que informó El Diario el miércoles 5 de diciembre.

La fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, se apartó de la investigación de los contratos truchos en la Legislatura.

La propia Goyeneche lo reconoce y Malvasio se lo señala: “Goyeneche en su escrito” precisa que “la evolución de la causa determinó la necesidad de realizar medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias previstas en las figuras imputadas. En este contexto, los señores fiscales solicitaron –y así dispuso la señora jueza de Garantías, Marina Barbagelata– la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo sobre el 50 por ciento de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina ‘B’, de Paraná. Lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del señor Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017”.

La historia clásica sirve para echar luz sobre este especial tipo de situación. La respuesta de Cayo Julio César, a quien le pedían que no se divorciara de su esposa que había participado como espectadora de una fiesta exclusiva para mujeres de la aristocracia, puede ser útil para aquello: “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”.

La coherencia entre el cargo que se ejerce y lo que éste representa y defiende son determinantes cuando se trata de cuestiones vinculadas con la res pública.

 

La fiscal Goyeneche se apartó de la causa de los contratos