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La fiscal Goyeneche se apartó de la causa de los contratos

La fiscal Cecilia Goyeneche ya no coordinará la investigación en la causa por los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos que desde 2008 y hasta 2018 pudo haberle generado un perjuicio al Estado del orden de los 2.000 millones de pesos.

La funcionaria judicial entiende que una serie de “circunstancias secundarias” podrían ser“utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación”.

 

La nota en la que Goyeneche le solicita apartarse de la investigación al procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, fue presentada el 29 de abril y su pedido resultó autorizado al día siguiente, también de manera escrita. La causa intenta determinar los alcances, los implicados y el perjuicio generado por una red que, enquistada en la Legislatura, hacía figurar a particulares como contraparte de contratos por lo que cobraban una parte mínima, mientras los facilitadores se quedaban con la mayor parte.

El ilícito fue descubierto de manera azarosa cuando a un agente de seguridad le llamó la atención que usuarios de un cajero automático portaran una cantidad considerable de tarjetas de débito, de las que producían sucesivas extracciones. La red abarcaba también a profesionales de las ciencias económicas que mantenían al día la situación tributaria, mediante pagos por medios digitales, de los formales contratados. Y, por último, quienes colectaban la diferencia entre los montos del contrato y los gastos producidos y lo entregaban a encargados.

Para tener una idea de los alcances de la organización que operó durante una década, con evidente impunidad, en los entresijos de la Casa de Gobierno, a resguardo de todas las instancias de control administrativo, alcanza con mencionar que los nombres de quienes están siendo investigados en la causa son Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Sergio Cardoso, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Ariel Faure, Jorge Badallares, Pedro Opromolla, Nicolás Beber, Guido Krapp, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Gustavo Pérez y Juan Domingo Orabona.

Las diligencias avanzaron a paso firme pero, luego, algunos abogados defensores plantearon que existían vínculos comerciales directos de algunos de los investigados con Goyeneche y, desde entonces, la causa se ha empantanado con intentos de removerla, lo que ha ocurrido ahora por propia decisión de la fiscal.

 

POR ESCRITO

El sitio web Análisis Digital publicó fragmentos de la nota que presentó Goyeneche y García. La funcionaria judicial, que coordinaba el trabajo de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberry, explicó que “luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del contador público Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018”, que sin embargono se relaciona el pedido “con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure (los abogados Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa), quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo -y, consecuentemente, conmigo-, para -sin ningún interés que los ampare- recusarme en la causa, utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”.

Destaca Goyeneche que “el cese circunstancial de mi labor de coordinación, no significará menoscabo alguno en el impecable trámite de la investigación que están llevando adelante con total solvencia y probidad los señores fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry”.

Se apartó Goyeneche, pero los fiscales Yedro e Aramberry continúan la investigación por los contratos truchos.

En su respuesta el procurador García no deja de criticar que los abogados defensores de los imputados se hayan enredado en un “incorrecto afán obstruccionista y dilatorio”.

El procurador García agregó luego: “Diversa absolutamente es la cuestión planteada ahora por la doctora Goyeneche. En efecto, como surge de la compraventa agregada, desde el 9/3/17 no existía ninguna relación de tipo comercial suya con el referido imputado Opromolla, ante la adquisición del 50% de la propiedad originada en uno de los habituales fideicomisos. Huelga recordar que la compraventa es un contrato consensual y que la escritura es solo declarativa a los fines registrales del negocio jurídico. Es entonces, ante la demora injustificable del Registro en la inscripción de aquella compraventa que, en el acto cautelar respecto de los imputados peticionado más de dos años después por el Ministerio Público Fiscal, que aparece erróneamente la consigna del 50% aún a nombre del acusado como objeto del embargo, lo que hace mucho tiempo no refleja la realidad dominial. Se genera entonces para la funcionaria una obligación de oponerse al eventual decomiso, y aún a la mantención del embargo al no ser el encartado ya titular del bien, lo que configura una causal razonable de apartamiento, objetivo, posterior y que nada tiene que ver con los injuriosos pretendidos por los recusantes en su momento. Por lo expuesto, es atendible y razonable hacer lugar a la excusación incoada”, indicó finalmente.

 

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