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Se reglamentará la ley que previene la violencia contra las mujeres

El gobernador Gustavo Bordet, tras recibir la respectiva documentación, informó que reglamentará “rápidamente” la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Con la firma del decreto entrará en vigencia la normativa en Entre Ríos que adhiere a la ley nacional.

 

El mandatario destacó el trabajo articulado de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, y organizaciones no gubernamentales para elaborar esta reglamentación que, entre otras cuestiones, define competencias, propone más celeridad en los procesos y plazos breves para el dictado de las medidas. Con ello se trata de hacer de la ley nacional una norma aplicable a la provincia, vinculando la normativa existente y profundizando el trabajo de todos los poderes del Estado.

El gobernador recibió la propuesta de reglamentación de la Ley 10.058, que adhiere a la Ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el marco del plenario del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev), que se realizó en el Salón de los Gobernadores.

En el encuentro participaron el vicegobernador Adán Bahl; las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Gobierno, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velásquez; la senadora nacional Sigrid Kunath, Bordet; y la secretaria del Coprev, Mariana Broggi.

También estuvieron la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; el procurador General del Ministerio Público Fiscal, Jorge García; el defensor del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez; la presidenta municipal de Feliciano, Silvia Moreno, el vocal del CGE, Gastón Etchepare, y la diputada Emilce Pross. Además asistieron representantes del Centro Judicial de Género, de colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales.

 

COMPROMISO

La reglamentación funciona como herramienta para cada uno de los organismos que intervienen en las situaciones, definiendo quién que se ocupa de que cada uno de los derechos garantizados en la ley, brindando previsibilidad y claridad.

El gobernador agradeció y felicitó a todos los que trabajaron en dicha reglamentación y expresó: “Culminaron este proceso que llevó su tiempo pero fue muy efectivo el trabajo. Las leyes empiezan a aplicarse a partir de la reglamentación, entonces esto resulta importante por el compromiso que se generó”.

Luego Bordet señaló que desde el inicio de su gestión hubo un compromiso “muy fuerte” para la erradicación de la violencia de género y apuntó: “Entendemos que hay situaciones que hoy son inaceptables en nuestra sociedad y que antes quizás estaban naturalizadas. Actualmente la visibilización de estos derechos generan un compromiso muy fuerte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno de actuar decididamente para que progresiva y paulatinamente se erradiquen de manera definitiva este tipo de situaciones”, expresó.

Por último destacó el trabajo del Coprev, como así también del Poder Judicial que “tomó la decisión firme de actuar en los casos de violencia de género”.

Por su parte, la secretaria del Coprev, Mariana Broggi, agregó: “Estamos muy contentos de llegar a esta instancia, de este trabajo que es fruto de trabajo articulado y sostenido. Entendemos que reglamentar una ley, más allá de lo jurídico, implica dar vida a lo que venimos desarrollando hace varios años, con la letra y la forma para saber con quién vamos a trabajar, sus responsables y con qué recursos”.

Aspectos de la reglamentación

La reglamentación define cuál es la responsabilidad de los organismos provinciales y establece que en el territorio provincial la autoridad de aplicación será el Coprev. En cuanto a las políticas públicas se prevé específicamente las competencias de cada área, entre ellas: la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Pone especial énfasis en la importancia del acceso a la justicia y en cuanto a la celeridad de los procesos prevé específicamente que deben evitarse los pasos excesivamente burocráticos en la violencia de género, para lograr agilidad y plazos breves en el dictado de las medidas.

En el ámbito de las denuncias, establece que puede realizarse ante la Policía, cualquier juez, el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Violencia de Género (OVG). Para ello se instrumentará una planilla de denuncia unificada. Además plantea que siempre que se presente una persona a informar, exponer o denunciar hechos que puedan entenderse como de violencia contra la mujer, se dará el trámite equivalente al de una denuncia, no de exposición policial.

En ese camino dentro de las 24 horas de recibida la denuncia el juez dispondrá medidas de protección que deberán establecerse teniendo en cuenta la gravedad y el riesgo existente en el caso, pudiendo prorrogarse las veces que resulte necesario conforme la situación lo justifique, de oficio o a pedido de parte.

Asimismo se define que en todos los casos deberá intervenir un equipo interdisciplinario que realice el informe de riesgo, el equipo debe pertenecer a la administración pública provincial o municipal o al Poder Judicial y estará integrado por profesionales especializados en la problemática de violencia de género.

A modo general esta propuesta recoge las concepciones vertidas en la ley de identidad de género.

Por otro lado, contempla campañas de educación y capacitación, así como servicios integrales conformados de profesionales especializados en la perspectiva de género.