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Los reclamos de adjudicatarios de viviendas llegaron al Senado

Al tiempo que presentaron un pedido de informe en la sesión de la Cámara de Senadores, los legisladores Kisser, Lora y Mattiauda anticiparon que presentarán una denuncia penal por el proceso de licitación, adjudicación y construcción de 800 viviendas en San Benito, Colonia Avellaneda y el este de Paraná.

 

Las denuncias de parte de adjudicatarios sobre el costo de las cuotas, los problemas en la construcción de las viviendas y la falta de urbanización en la zona, dieron origen a un pedido de informes que presentaron los senadores de Cambiemos Raymundo Kisser (Paraná), Beltrán Lora (Nogoyá) y Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú).

Los legisladores solicitaron al Poder Ejecutivo que responda el pedido de informes que consta de 13 preguntas y anticiparon que también se hará una denuncia penal, por el proceso de licitación, adjudicación y construcción de esas viviendas.

En el pedido, también cuestionaron la falta de “respuestas serias y responsables” de parte del Estado provincial, y especialmente el IAPV, a los graves reclamos que hicieron los adjudicatarios.

“La situación de estos adjudicatarios constituye una problemática social, que afecta a no pocas personas, y frente a ello, la indiferencia del Estado provincial no puede ser la respuesta”, se indicó.

También hicieron mención a que en los tres barrios o complejos de viviendas no hay urbanización y otros servicios esenciales de esparcimiento. No hay centros educativos planificados, servicio de salud pública, de seguridad, y también hay insuficientes medios de transporte.

AUSENCIA. “La ley de creación del IAPV es clara en señalar que la planificación urbana es el primer objetivo de este, y esa planificación, por lo visto, es la gran ausente. A lo mejor no será responsabilidad exclusiva del Estado provincial, y puede ser compartida con los municipios en cuyas jurisdicciones están enclavados estos complejos habitacionales, pero lo cierto es que el IAPV, al tener entre sus funciones esenciales la planificación urbana, ello no podría haber pasado como inadvertido. Hoy constituye todo ello un problema complejo, y que rápidamente se debe resolver”, se señaló en la iniciativa legislativa que fue aprobada en la sesión del martes.

Para Kisser, Lora y Mattiauda otras de las irregularidades se presentan en la falta de establecimientos educacionales próximos a esos complejos habitacionales, lo que constituye uno de los grandes problemas para quienes habitan estas viviendas.

“No hay dudas que la urbanización ha sido la gran ausente en el desarrollo de estos complejos habitacionales, y ello de alguna forma se debe solucionar”. En base a esa afirmación requieren respuestas del gobernador.

Kisser, Lora y Mattiauda, quieren que el Ejecutivo responda si el Estado provincial, a través de quién corresponda, asumirá la problemática constructiva que denuncian los adjudicatarios de las 800 viviendas en el Área Paraná (250 en San Benito, 250 en Colonia Avellaneda y 300 en el Este de Paraná), las cuales fueron entregadas durante el año 2018, y en su caso, cuál sería la solución que se les brindaría a los afectados.

Además, si se ha promovido la ejecución de las garantías contra las empresas constructoras por las falencias constructivas que presentarían estas viviendas, según lo que los propios usuarios denuncian.

El rol de los entes de control que no habrían detectado las falencias constructivas, también es materia de consulta.

Asimismo, los legisladores consultan sobre las causas por las que desde el IAPV, se permitió a las empresas constructoras cambiar el sistema constructivo de las viviendas, teniéndose en cuenta lo que al respecto había dictaminado el Tribunal de Cuentas.

La decisión de construir viviendas bajo el sistema denominado Casaforma es otra de las inquietudes de los legisladores “¿Qué experiencia había en la Provincia de Entre Ríos que aconsejara aceptar la construcción de las viviendas por el sistema denominado Casaforma, y no por el sistema tradicional?” interrogan. Y agregan: “¿No era más conveniente comenzar, con esta experiencia de construir por el sistema Casaforma, con un grupo habitacional de menor número de viviendas?”

Otras preguntas están dirigidas a saber si desde el Estado y previo a la adjudicación y entrega no se advirtió que muchos adjudicatarios tendrían dificultades para atender las dos cuotas en la cancelación de las viviendas, una al IAPV, y otra la Mutual Modelo; a dónde concurrirán los hijos de los adjudicatarios de esas 800 viviendas a la escuelas primaria y secundaria, porque aparentemente no se habría previsto en ninguno de los conglomerados habitacionales este servicio básico y elemental; y si el Estado provincial tiene previsto generar algún servicio de asistencia médica pública, próximo a los tres grupos habitacionales que conforman estas 800 viviendas, atento el número de habitantes que contienen.

Los legisladores, finalmente, “conforme a los trascendidos periodísticos”, quieren conocer “la razón por la que el Directorio del IAPV no quiere recibir y escuchar a los adjudicatarios de estas 800 viviendas, quienes le habrían solicitado audiencia”.

El senador del departamento Paraná, Raymundo Kisser, pidió junto a sus pares de bancada, Beltrán Lora y Nicolás Mattiauda, información sobre la construcción de 800 viviendas.