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Analizan si conceden probation a acusado de colaborar en la realización de contratos truchos

Se trata de un joven que tenía un contrato de obra en la Cámara de Diputados con legisladores del bloque de la Alianza Cambiemos.

Se le atribuye que, como funcionario público, colaboró con los legisladores en la realización de contratos truchos a favor de personas que no prestaban ninguna función para el Estado.

 

Néstor Belini / coordinacion@eldiario.com.ar

 

El juez de Garantías N°5, Elvio Garzón, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 29 a las 10.30 para dar a conocer su resolución respecto del pedido de Suspensión del juicio a prueba o Probation que formalizó Humberto Franchi, que defiende a Juan Alfonso Blason Lorenzatto, de 26 años, que está acusado del delito de Peculado, en carácter de partícipe necesario.

Al joven, que trabaja su tesis para recibirse en la carrera de Ciencias Políticas y cursa el tercer año de Derecho, se le atribuye que en colaboración con los diputados de la Alianza Cambiemos, Ricardo Troncoso y Amado Fuad Sosa, insertó falsamente datos de personas que eran supuestos beneficiarios de contratos de locación de obra en la Cámara de Diputados.

La fiscal Paola Farino se opuso a la concesión del instituto y sostuvo que por la gravedad de los hechos que se investigan y la necesidad de dar respuestas claras a la sociedad, el caso se debe dirimir en un juicio oral y público.

El punto a dirimir para conceder el beneficio, estriba en determinar si el imputado era funcionario público al momento de la comisión de los hechos imputados. Se trata de siete contratos de locación de obra.

Farino explicó que la causa comenzó a sustanciarse en septiembre de 2018 contra el diputado Ricardo Trocoso, que está imputado, en calidad de autor, del delito de Peculado.

La fiscal precisó que por la imputación contra Blason Lorenzatto, “la defensa solicitó la Suspensión del juicio a prueba, a la que Fiscalía se opuso”, entendiendo que “básicamente a esta persona se le atribuye el delito de Peculado en carácter de partícipe necesario”.

Fiscalía sostiene que “colaboró con el diputado Troncoso en la realización de contratos en los cuales las personas que figuraban como contratadas no prestaban ningún servicio para la Cámara de Diputados, incluso el monto de los contratos era restituido con posterioridad al diputado. Esta es la participación que se le atribuye, no sólo haber insertado o hecho insertar tanto falsamente, datos de las personas, como la firma con el consiguiente cobro de cheques respecto de cada uno de los contratados”.

La fiscal manifestó que “la oposición, fundada, del Ministerio Público Fiscal para que Blasón acceda a la Suspensión del juicio a prueba es que lo consideramos funcionario público y la Ley impide que un funcionario público acceda a aquel beneficio. Blasón tenía contratos de obra desde 2013 hasta 2018, en primer término con la Cámara de Diputados, en concreto con el diputado Fuad Sosa y con posterioridad con el mismo bloque UCR-Cambiemos. En principio estamos hablando de siete contratos en los que habría colaborado con el diputado Troncoso, no obstante se siguen realizando medidas y en el caso, si corresponde, ampliar la imputación”.

En este sentido, se esperan los resultados de pericias caligráficas de supuestos contratados que aseguran que desconocían que lo eran.

Farino explicó que “dentro de los siete contratos hay personas que desconocen haber sido contratadas por la Cámara, desconocen la firma de los contratos, desconocen haber tenido una relación con el diputado o con Blason Lorenzatto. Otro supuesto, que encuadraría en lo que sería peculado de servicio, (es que) reconocen haber prestado servicios personales para el diputado Troncoso y por eso es la entidad de la acusación”.

Por su parte, Franchi manifestó que “se está imputando el delito de Peculado en calidad de autor al diputado Troncoso y en calidad de partícipe necesario a mi defendido. Solicité la Suspensión del juicio a prueba o Probation entendiendo que se dan todos los requisitos del instituto. Ahora bien, hay disconformidad en cuanto a la valoración respecto a cómo lo entiende Fiscalía porque entiende que mi pupilo tenía un contrato de obra que era renovado cada seis meses a favor de otro diputado, no de Troncoso, sino de Fuad Sosa”.

Franchi resaltó que “la defensa primero criticó y considera que la contratación de obra que está en cabeza de mi pupilo con encuadra en la condición de funcionario público. Di todos los fundamentos de porqué no se daban estos requisitos del Código Penal, que excluyen de la Suspensión del juicio a prueba al funcionario público o administrativo. Uno de los pilares básicos es que no cobraba remuneración, no formaba parte de la estructura, no tenía una función pública, que son requisitos para considerar que una persona es funcionario público. En ese sentido, di tanto doctrina como jurisprudencia que abona que un contratado de obra no es funcionario”.

El defensor también plateó: “Tenemos otra discusión, que es si el contrato de obra de mi pupilo, como los 350 supuestos contratos de obra que se están discutiendo en otra causa por los supuestos desvíos de fondos de las Cámaras de Senadores y Diputados (en relación a la denominada causa supuestos contratos truchos en la Legislatura entrerriana), son funcionarios públicos; en ese caso ni siquiera están imputados. En este caso también, mi pupilo está imputado y es funcionario público” especuló respecto a la hipótesis de Fiscalía, y añadió que “los demás contratados de obra ni siquiera son testigos, el criterio  sobre cómo acusa Fiscalía, a entender de esta defensa es bastante discriminador o en perjuicio”.

Franchi negó que Blasón manejara contratos y sostuvo que “trabajaba para Fuad Sosa, y éste estaba en colaboración con Troncoso; por eso realizó colaboraciones por su condición de estudiante de Abogacía o de licenciado en Ciencias Políticas, que le permitió realizar esas gestiones pero todas eran por disposición de Fuad Sosa o de Troncoso, pero nunca fue un partícipe necesario o alguien que realizó una conducta sin la cual no se hubiera realizado (el supuesto delito)”.

Franchi también señaló que “se está investigando si se realizó la conducta”, e ironizó “si se sigue realizando, no sé si se va a seguir investigando. Esta es otra situación que escapa a la de mi pupilo, que desde que se presentó en la causa se quedó sin contrato. Si tendría una relación de empleo, por lo menos desde el punto de vista administrativo, podría discutir percibir el sueldo o una remuneración, él emitía factura o sea que ni siquiera tenía remuneración, cobraba honorarios o prestación de servicios o mejor dicho, de locación de obra. La defensa considera que sería un partícipe secundario o un instrumento de un autor mediato, en este caso Troncoso”.

Arrepentido

Franchi solicitó que se incorpore a su defendido dentro de las prescripciones de la Ley del Arrepentido. Fiscalía se opuso porque sostuvo que no fue solicitado antes y la norma no está vigente en Entre Ríos.

Franchi explicó: “Como mi defendido declaró y aclaró cuál era su función, cómo realizaba los contratos y cuál era su gestión para Troncoso  o Fuad Sosa, creemos que se dan los requisitos de la Ley del arrepentido, por eso pedí su aplicación, por lo que no sería necesario la conformidad de la Fiscalía para que se le conceda el beneficio”.


El juez Garzón decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 29 de abril para dar a conocer su resolución respecto del pedido de suspensión del juicio a prueba.

 

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