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Se puso en marcha el engranaje electoral con una inversión de casi $ 30 millones

El número surge del aporte que tal como está legalmente establecido hizo el Gobierno provincial a cada espacio político para la impresión de boletas. Además, el reconocimiento económico a autoridades de mesa y delegados judiciales. Se suman las obligaciones que surgen de los convenios firmados con otros organismos para la puesta en marcha del mecanismo electoral.

 

REDACCIÓN EL DIARIO / coordinacion@eldiario.com.ar

 

La ley provincial 9.659 que estableció las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Entre Ríos fijó que el Poder Ejecutivo Provincial tiene a cargo el costo de la impresión de las boletas de las listas participantes en las elecciones (PASO) hasta el equivalente a una vez el padrón electoral, conforme al ámbito de actuación territorial de cada lista oficializada. Y eso fue lo que efectivamente, hizo.

En función de la norma, el Ejecutivo estableció que los partidos políticos solicitaran el aporte necesario para la impresión de boletas. Si bien se supo que hubo algunos espacios que solicitaron también para el financiamiento de campaña, los aportes se ajustaron a la impresión. En algunos casos, los solicitantes debieron dar marcha atrás y volver a hacer la presentación que diera lugar al correspondiente inicio de expediente.

Claro que las cifras no quedaron libradas a los presupuestos de cada espacio político pudiera presentar. El mismo gobierno tomó como parámetro el costo de mercado informado por el Boletín Oficial de la Provincia, organismo al que solicitó que aportara ese dato. El requerimiento fue bajo determinados parámetros, es decir las características con las que se debía hacer la impresión en función de disposiciones del Tribunal Electoral. En pocas palabras, el costo de mercado en papel, insumos, mano de obra, para un cuerpo de 12 por 19 cm en color, papel obra, gramaje inferior a 60 gramos. El Boletín informó que rondaba 50 centavos por cuerpo.

A partir de ese valor, se solicitó a las fuerzas políticas que informaran las categorías para las que presentaban precandidatos. Las situaciones fueron variadas. Por ejemplo, en Oro Verde, Cerrito, Lucas González, los partidos vecinalistas compitieron con dos cuerpos; el Frente Justicialista Creer Entre Ríos y Cambiemos con cinco; y Nueva Izquierda con cinco categorías sólo en algunos distritos.

Así las cosas, cada partido debió acreditar la lista oficializada. Con la correspondiente certificación extendida por el Tribunal Electoral se dio inicio al expediente. Con el monto y la cantidad de cuerpos definidos, los partidos presentaron la solicitud de boletas, teniendo como tope un padrón electoral del “ámbito de actuación territorial”, como establece la ley. El Contable controlaba que la cantidad solicitada no sobrepasara el padrón.

 

SITUACIONES VARIADAS

Hasta la semana pasada había tres expedientes iniciados, dos con resoluciones y una, en trámite. Además, había ingresado un pedido de reintegro, pero según se supo carecería de información necesaria para que pudiera prosperar.

Una de las resoluciones corresponde a 29 fuerzas políticas e implica un monto algo superior a los 20 millones de pesos. La otra, involucra a tres espacios y contempla 106.000 pesos. La tercera que aún no había sido emitida, no alcanzaría los 100.000 pesos.

Las situaciones son absolutamente variadas. Oscilan entre los 922 pesos para el partido municipal Unión Aldea Brasilera y los 7.640.000 pesos otorgados al Frente Justicialista. Similar es el monto que recibió Cambiemos, 7.097.376.

A modo de ejemplo, y de lo que surge en las correspondientes resoluciones, Acción Ciudadana por Tala recibió 2.500 pesos; Partido Socialista, 4.152.000; Nueva Izquierda, 539.000 pesos.

Los fondos se entregaban a los partidos políticos y estos distribuían entre las boletas oficializadas.

Un dato destacado es que fue la primera vez que los partidos vecinalistas recibieron aportes para la impresión de boletas.

Las resoluciones se enmarcan en el Decreto 404 que dispone el otorgamiento de aportes no reintegrables a los partidos políticos, para solventar gastos para la impresión de boletas con el cargo a rendir ante el Tribunal de Cuentas, en el término de tres meses.

Se hicieron las transferencias a los partidos políticos, cada uno decidió dónde hacer las impresiones. En adelante, deben hacer las rendiciones al Tribunal de cuentas. Se conoce que el partido vecinalista de Oro Verde que recibió unos 4.000 pesos, ya hizo la rendición correspondiente ante el TC.

 

AUTORIDADES

El gobierno provincial también asumió los pagos a las autoridades de mesa y a los delegados judiciales.

A cada autoridad de mesa, titular y suplente, se le asignó un reconocimiento económico de 780 pesos, monto al que deben sumarse 585 pesos, si acredita haber recibido la capacitación.

Teniendo en cuenta que desde el Tribunal Electoral provincial se había informado que eran 7.000 las autoridades de mesa designadas, en el caso que todos reciban ambas sumas, se conforma una erogación de casi 10 millones de pesos.

En cuanto al delegado judicial (directivos de escuelas) el monto estipulado es de 2.340 pesos. El Tribunal Electoral había informado que eran 574 los designados para las PASO, lo que da un monto total de 1.343.000 pesos.

Según se informó a esta Hoja, los montos surgen a partir de cotejar información correspondiente a lo que estaría estimando pagar el gobierno nacional cuando se realicen las elecciones nacionales. Otro dato, es que la Provincia abona los montos referidos para cada uno de los comicios, de modo que se calcula otra paga igual cuando en el mes de junio, se realicen las elecciones generales. Para esa oportunidad, en cambio, el Estado entrerriano no volverá a pagar impresión de boletas.

 

BALANCE

La directora de Despacho del Ministerio de Gobierno, Dra. Adriana Pérez, dio a EL DIARIO el detalle de las gestiones realizadas para la implementación de los comicios, que da cuenta de un proceso con muchas implicancias y por tanto, no sencillo.

Como se informó oportunamente, también desde ese Ministerio se trabajó en convenios con el Correo Argentino y con Gendarmería. En ambos casos, también significan erogaciones. Por ejemplo con Gendarmería a cargo de la custodia de las urnas y en el interior de las escuelas, hay un pago en concepto de viáticos y combustibles. Naturalmente, a la Policía que custodiaba fuera de los establecimientos escolares, en concepto de adicionales. La Casa de la Moneda tuvo a cargo la impresión de los padrones. También se firmó un convenio con la Justicia Electoral Nacional, a cuyo personal se reconoce en concepto de horas extras.

Pérez destacó con relación a todo el proceso, que siempre se informó al Tribunal de Cuentas para que fuera “un actor más de todo este proceso”.
“El Tribunal de Cuentas remitió un dictamen donde aprobaron todos los procedimientos de contratación, luego de analizar cada punto donde tomó intervención”, adelantó la funcionaria.

Insistió en que la letra de ese dictamen indica que “desde el punto de vista legal se habrían cubierto las formalidades requeridas para realizar las contrataciones. Ahora –añadió– está pendiente un informe del secretario electoral nacional al Tribunal; Gendarmería también tendrá que mandar el informe de lo realizado (transporte, viático y combustible); es decir, hay que acreditar que todo lo contratado se efectivizó”, explicó.

Pérez acotó finalmente, que los convenios firmados tienen alcance también para la elección general del 9 de junio.