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Contratos truchos: Las relaciones que debilitaron la investigación de la causa

El denso y secreto entramado de relaciones que se conoce como “familia judicial” debilitó una investigación que comenzó como un tsunami que amenazó con llevarse consigo a toda la casta política. Los zigzagueos de Fiscalía y una lupa que sólo se posó sobre un sector del oficialismo y dejó en las sombras a otros dirigentes de aquel espacio y de la oposición.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Una foto que circuló en las redes sociales y por whatsapp exhibe un pequeño micromundo de lo que se conoce como “familia judicial”, ese denso y secreto entramado de un lienzo en el que todas las hebras tienen un vínculo con las demás. En la mesa principal del casamiento de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y Sebastián Orlando Bertozzi, están sentado el juez Federal Nº 1 de Paraná, Leandro Ríos, y los sindicados en la megacausa conocida como contratos truchos en la Legislatura, Pedro Opromolla y Guido Krapp.

La primera noticia, nunca desmentida, de aquellas relaciones en el contexto de la denominada causa contratos truchos en la Legislatura la publicó EL DIARIO el miércoles 5 de diciembre. Daba cuenta de un contrato de adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, entre Goyeneche y Opromolla. Pasaron varios meses y numerosas notas periodísticas que daban cuenta de la situación de privilegio que gozaba Opromolla, que no era indagado o entrevistado. Algunos de los integrantes del estudio Integral Asesoría, que fue allanado en el contexto de la mega causa, estuvieron aquel tiempo, detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

 

Contratos truchos: una vinculación podría complicar la investigación

 

La segunda noticia se publicó dos días después. El viernes 7, EL DIARIO informó sobre la existencia de una planilla Excel de gastos que exhibe los vínculos entre Gustavo Falco, dueño del edificio donde funciona el estudio contable Integral Asesoría; el analista de sistemas, Nicolás Beber; el corredor inmobiliario, Renato Mansilla; y la sociedad integrada por Opromolla, Krapp –todos sindicados en la causa– y Orlando Bertozzi. El estudio fue allanado en los primeros días de octubre, a poco de iniciada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) cuando Fiscalía realizó tres allanamientos en el contexto de la mega causa: en el estudio de Alfredo Bilbao, en calle Alameda de la Federación y Córdoba; en el de Gustavo Faure, en San Benito; y en el edificio de Misiones 276, donde funciona Integral Asesoría. De aquellas medidas, sólo Bilbao quedó detenido; luego fue detenido Faure, junto a otros sindicados en la causa. Opromolla, no. Orlando Bertozzi siquiera figura en el legajo. Es probable que no haya motivos para incorporarlo. Lo que sí es probable, “según el método de la sana crítica racional” y en una provincia cuyos magistrados han condenado a ciudadanos por “constelaciones de indicios”, que tenga conocimiento de algunos movimientos que se producían en el estudio del que era parte. Para determinar esto Fiscalía podría convocarlo a una “entrevista informal” como testigo, puesto que de la planilla surgiría que la sigla OKO corresponde a Opromolla, Krapp y Orlando Bertozzi, que junto a Falco, Beber y a Mansilla, integran Integral Asesoría. Los dos últimos no son socios, sino sólo asociados en los gastos que insume la estructura.

 

Supuestos contratos truchos: una planilla que genera sospechas

 

Otro sindicado en el legajo de Fiscalía que no estuvo ni cerca de la Unidad Penal es Juan Domingo Orabona, que es el actual presidente del Instituto Provincial del Seguro. A medida que avanzaba la investigación, Orabona veía el proceso desde su casa. La mención de la situación de desigualdad en relación a otros imputados y sindicados motivó que se lo convocara a prestar declaración de imputado, tras lo cual… regresó a su casa. Incluso Orabona puede disponer de sus bienes, puesto que no fue inhibido como los imputados sindicados con mayor responsabilidad en la causa.

 

DICHO

En ámbitos judiciales-legislativos circula un dicho muy popular que se utiliza para señalar una situación que es muy evidente: “Si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, es un perro”. El dicho es invocado para explicar el motivo por el cual el actual vicegobernador, presidente de la Cámara de Senadores y precandidato a intendente por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, no fue convocado aún a mantener una “entrevista informal” en sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), puesto que es el presidente de la Cámara que más contratos posee en la causa motivo de investigación. Sin alzar la voz, se escucha que el funcionario no podía desconocer el mecanismo que es investigado por Fiscalía. Fuentes legislativas deslizaron que la razón podría hallarse en que Orlando Bertozzi es personal de planta del Poder Ejecutivo. Desde mediados de 2012 es empleado con “categoría 3 técnico B con funciones de violín de fila en la posición que sea requerida por la Dirección Artística” de la Orquesta Sinfónica de la provincia. En la misma situación que Bahl se encuentran quienes se desempeñaron en el mismo cargo, en gestiones anteriores. Aún no fueron convocados a las cuestionadas “entrevistas informales” para dar cuenta del supuesto mecanismo que vendría funcionando desde hace, al menos diez años, según el nunca fundado “recorte” que realizó Fiscalía, que tampoco fundamentó por qué ya no está en la reformulación del hecho el supuesto contratado que dio entrevistas periodísticas en los inicios de la investigación, como así tampoco fundó por qué se allanó, requisó y secuestró el celular al presunto cadete de Integral Asesoría, tras una entrevista informal en Fiscalía.

A no pocos observadores y seguidores de la mega causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura no se les escapa que no han sido convocados a las “entrevistas informales” legisladores provinciales de la oposición que tendrían contratados en la modalidad que se investiga. Los “corre ve y dile” de la Legislatura sostienen que “están todos en el barro”. Incluso se mencionó un micro de un programa de una señal de cable nacional que contó con el “testimonio” de un periodista “opositor” y un legislador que “tiene sus hijos con contratos investigados en la mega causa”, que sólo vieron “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

 

LECTURAS

La foto, que tuvo mucha circulación, generó similar análisis en relación a la causa que involucra en el fuero Federal, al intendente de Paraná. No es un dato que pasara desapercibido en ámbitos políticos que en la mesa haya estado sentado el juez Ríos, que llevó adelante la imputación contra el intendente de Paraná, nada menos que por narcotráfico y financiamiento ilegal de la actividad política. Aún sigue siendo una pregunta sin respuesta quién le dio impulso a la causa y cómo y por qué se sustanció contra un intendente que integra una Alianza que hizo de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico un vector de campaña, causa que por cuestiones de plazos seguro iba a tener definiciones importantes en tiempos electorales.

Observadores del devenir de ambas causas, la de los contratos y las que involucran a Varisco, señalaron que Orlando Bertozzi se desempeña como personal contratado en el Servicio Administrativo Contable de la Municipalidad, y trabaja junto a la viceintendenta Josefina Etienot, que le pone su voz a los acordes que Ríos templa con su guitarra. Es un dato de la realidad política actual el vínculo que une al ministro del Interior Rogelio Frigerio con Etienot, quien tiene una relación sin vuelta atrás con Varisco. La buena relación entre el ministro y la viceintendenta se remonta a la época en que estaban de campaña en 2014 y 2015 y se reunían en una casa en calle Tucumán.

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