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domingo, julio 12, 2020
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    Aseguran que no hubo delito en hechos que se imputan a ex funcionarios

    Pidieron que se ratifique el recurso de excepción por falta de acción y el sobreseimiento de sus defendidos. Sostuvieron que los organismos de contralor del Estado no cuestionaron los actos administrativos que se investigan.

    Fiscalía pidió que se lo rechace. Sostiene que tiene potestad para investigar si hubo un delito, aún si aquellos órganos no los observaron ni señalaron.

    Néstor Belini | [email protected]

     

    El juez de Garantías N° 3, Ricardo Bonazzola, decidió pasar a un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución, de acuerdo el calendario de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), en relación al recurso de excepción por falta de acción que presentaron las defensas de los imputados en tres causas que se dirimirían en una sola audiencia de juicio oral y público, de acuerdo a la unificación que dispuso el Ministerio Púbico Fiscal (MPF). Se trata de las causas que se sustancian, según el orden cronológico que le otorgó Fiscalía, en las investigaciones realizadas en el contexto del supuesto financiamiento de la campaña como precandidato a presidente del entonces gobernador, Sergio Urribarri. Según Fiscalía, la primera causa consistió en una solicitada que se publicó en medios de todo el país en junio de 2014, contra la decisión del juez Thomas Griesa que falló a favor de los fondos buitres que litigaron contra Argentina; la segunda por cuatro spots publicitarios de la Cumbre del Mercosur que se difundieron en junio de 2014 en el contexto de la Cumbre de Presidentes del Mercosur; y por la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata.

    La procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, sostuvo que en los tres casos no se pretendió publicitar la provincia o la Cumbre, sino la precandidatura del ex gobernador a presidente.

     

    ATRIBUCIONES

    Ignacio Díaz, Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy, cada uno a su turno, sostuvieron que los organismos de contralor del Estado, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Contaduría General y Tesorería General de la provincia, no sólo que no objetaron los decretos que dieron trámite a los actos administrativos que se cuestionan en sede penal, sino que los convalidaron desde su legitimidad y legalidad. Tras resaltar que se trata de órganos de contralor, autónomos e independientes de cualquier poder –incluso se sostuvo que la contaduría General tiene “más atribuciones” que Fiscalía– se precisó que intervinieron y controlaron los procesos, inclusive aún antes de su puesta en marcha. Así, se sostuvo que “(el ex ministro de Cultura, Pedro) Báez estuvo controlado desde el principio, aún con intervención de la Fiscalía de Estado que hace el control de legalidad de todos los actos del gobierno”.

    Los defensores cuestionaron que se sostenga que la intervención de aquellos organismos fue sólo “formal”. Así, señalaron que si fuese de aquella manera “el sistema no tendría ninguna razón de ser”. Tras precisar que “la validez del acto administrativo solo puede impugnarse cuando se detecta de alguna manera la violación de alguno de estos controles”, añadieron que se debería investigar que no hubo “negligencia, culpa o dolo, porque de otra manera el acto queda consolidado, sano”. En este sentido, se indicó que “no existe en esta causa ninguna imputación referente a violación de las funciones que desempeñaron quienes estaban a cargo de dichos organismos; no están citados en esta causa”.

    Barrandeguy defendió el recurso de excepción como “un derecho de primerísima magnitud”, y desestimó que tenga pretensiones dilatorias del proceso. Incluso añadió que las defensas anhelan llegar al debate para discutir las cuestiones de fondo. En este sentido sostuvo que “la imputación, como está formulada no es viable, porque el meollo de los hechos atribuidos se basan en haber sustraído”. Así aclaró que en teoría del Derecho, sustraer se asimila a remover de la esfera de control de la autoridad un efecto o caudales, pero sin apropiárselos. En este sentido, sostuvo que “no hay una prueba de la sustracción para fines personales”.

    El experimentado letrado cuestionó que se sostenga que el control de los organismos se considere “formal”, restándoles legitimidad. Así, ironizó que el control formal es “un ectoplasma, un fantasma” y añadió que “el control siempre es formal”. En otra parte de su alegato sostuvo que “todos estos procedimientos están motivados por prejuicios políticos”, añadiendo que el fenómeno se da a nivel nacional.

    Goyeneche rechazó la opinión del defensor y sostuvo que Fiscalía investiga causas políticas con sospechosos de “todos los colores”.

    La defensa a cargo de Raúl Barrandeguy, pidió el sobreseimiento.

    INADMISIBLE

    A su turno, Goyeneche, que estuvo acompañada por el fiscal Gonzalo Badano, se opuso al recurso por considerarlo inadmisible en la instancia en la que se encuentran las causas. La funcionaria destacó la “interesante defensa de la cuestión de fondo” de los defensores, pero añadió que ese debate se podrá profundizar en el juicio. Así, cuestionó la pretensión de las defensas que sostienen que Fiscalía no puede perseguir determinados delitos porque fueron legitimados por los organismos de contralor, advirtiendo sobre una suerte de “inmunidad” que otorgaría el sistema. La fiscal sostuvo que “no hay ninguna norma en la Constitución Provincial, en el Código Procesal Penal ni en el Código Penal de la Nación, no existe una definición que permita validar la pretensión de la defensa”.

    Goyeneche también se permitió recurrir a la ironía. Así, sostuvo que Fiscalía, en este tipo de causas, cuando los organismos de contralor no informan de ninguna irregularidad solo estaría habilitada a investigar “delitos tentados”, puesto que si aquellos no las informan, ya sea porque se les pasó, se las ocultaron o fueron parte, no se las podría investigar.

    Además del ex gobernador Sergio Urribarri, están vinculados a las causas, Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial; Juan Pablo Aguilera; Hugo Céspedes, coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Tortul, coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; Hugo Marsó, ex ministro de Turismo; Gerardo Caruso; y la contadora Corina Cargnel.

     

     

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