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Sobreseen a empresarios que simulaban el pago de impuestos

Fueron sobreseído por aplicación de la Ley penal más benigna a pesar que durante el proceso se produjeron medidas de prueba que confirmaron que acreditaron un saldo de libre disponibilidad falso para compensar otro, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 386.256,24 pesos. La reforma de la Ley de Régimen Penal Tributario elevó el monto del delito a 500.000 pesos por cada ejercicio anual.

 

Néstor Belini / coordinacion@eldiario.com.ar

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Cintia Gómez, Beatriz Aranguren, y Mateo Busaniche, resolvió “rechazar los recursos de apelación interpuestos por los representantes de AFIP-DGI y el fiscal Federal interino, respectivamente, y confirmar la resolución que decreta el sobreseimiento de Miguel Ángel Marizza, Roberto Mario Izaguirre Ibáñez, Salvador Luis Morelli, Sergio Oscar De Araquistain, Humberto Antonio Montagnese y Juan Santiago Correa, por el hecho que fueran indagados, esto es, Simulación dolosa de cancelación de obligaciones, de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos precedentes”.

La causa se inició a raíz de la denuncia efectuada ante la Fiscalía Federal por la AFIP-DGI, contra la firma Construcciones Antonio Caballi SA por la comisión del delito de Simulación dolosa de pago, tipificado en el artículo 11 de la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario, imputándoseles a los empresarios haber simulado el pago de obligaciones tributarias, utilizando para ello falsos certificados de retención, por la suma de 386.855,35 pesos.

En la audiencia que se realizó el jueves 21 bajo la modalidad escrita, se incorporaron las solicitudes de Montagnese, que fue representado por el defensor público coadyuvante, Alejandro Castelli; de Marizza, que lo fue por Roberto Krochik; de Izaguirre Ibáñez, que fue defendido por Guillermo Omar Darío Vartorelli; y de Morelli, que fue representado por Sergio Avero. Asimismo se agregaron las de Diana Núñez y María Florencia Sieber, representantes de AFIP-DGI, y del fiscal general Ricardo Álvarez.

 

DEVENIR

La Cámara hizo lugar a los argumentos defensivos que solicitaron que se confirme la resolución apelada en cuanto dictaba el sobreseimiento de los imputados. La Cámara dictó la desvinculación de los imputados a pesar de que sostuvo que “en el devenir de las actuaciones, se produjeron medidas probatorias tales como pericia contable, informes y declaraciones testimoniales, lo que permitió -según lo dictaminado por el Magistrado a quo- tener por probado que la Empresa en cuestión acreditó el saldo de libre disponibilidad falso -declarado en la Declaración Jurada Rectificativa N° 1- para compensar otro de IVA por un total de 386.256,24 pesos, conducta alcanzada por el artículo 11 de la Ley 24.769”.

 

NUEVO RÉGIMEN

A la hora de fundar la resolución, la Cámara precisó que “a fin de resolver las presentes, corresponde tener presente que el 27 de diciembre de 2017 se sancionó el nuevo Régimen Penal Tributario (artículo 279 de la ley 27.430 – Boletín Oficial 29 de diciembre 2017), norma que introdujo diversas modificaciones a la Ley 24.769”. Así, señaló que “en lo que aquí interesa, debe remarcarse que el artículo 10 del Régimen Penal Tributario –texto según artículo 279 de la ley 27.430- reza: ‘Simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Será reprimido con prisión de dos a seis años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto simulado superare la suma de 500.000 pesos por cada ejercicio anual en el caso de obligaciones tributarias y sus sanciones, y la suma de 100.000 pesos por cada mes, en el caso de recursos de la seguridad social y sus sanciones”.
Los acusadores recurrieron la resolución del juez de la baja instancia, en fecha 18 de septiembre de 2018, decretó el sobreseimiento de todos los imputados por considerar que “resulta de aplicación al caso el artículo 279 de la ley 27.430, toda vez que conforma una norma integralmente más benigna, y por lo tanto de aplicación retroactiva al caso, teniendo en cuenta la incorporación del monto de 500.000 pesos para el delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones”.

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Distinta interpretación

Núñez y Sieber, representantes de AFIP-DGI, argumentaron que la resolución apelada incurrió en una interpretación contraria a la Ley “al considerar que la elevación de los montos de la nueva normativa, funciona como un elemento del tipo penal y no como una condición objetiva de punibilidad, circunstancia ésta que acarrea la aplicación retroactiva al supuesto de autos del artículo 10 del Nuevo Régimen Penal Tributario en cuanto incorpora un monto de 500.000 pesos por cada ejercicio anual, para el ilícito de simulación dolosa de cancelaciones tributarias”. También cuestionaron que el juez de baja instancia no analizó que con la creación de la Unidad de Valor Tributario (UVT) “como unidad de medida de valor homogénea para reemplazar a los parámetros monetarios”, los legisladores se propusieron, lo que se advierte de una análisis integral de la reforma tributaria, “superar obstáculos dogmáticos que han generado los montos económicos de la UVT”.

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Divergencias

A su turno, el fiscal general indicó que la Ley 24.769, norma cuya vigencia era anterior a la reforma, “no reclamaba ningún monto dinerario para su configuración”, lo que sí ocurre en la nueva normativa. En este sentido, sostuvo que “es errónea la interpretación que hace el juez Federal respecto de la nueva disposición legal como una de aquellas a las que cabe asignar mayor benignidad y de aplicación retroactiva”. Así, afirmó que “la modificación a la ley no implica un cambio en la estimación valorativa que hace el legislador del acontecimiento criminal, sino de una actualización para evitar la depreciación de los montos existentes y, en caso de que éstos no existieran, para orientar la interpretación ante la identidad de factores comisivos”.