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Contratos truchos: el pedido de evidencia que podría complicar el escenario electoral

La defensa de tres imputados en la causa contratos truchos solicitó una serie de diligencias para producir prueba para fortalecer su hipótesis.

Se trata de ubicar a personas que cobraban cheques y sus nombres están en poder de Fiscalía. Surgen de una planilla Excel, remitida por el Nuevo Bersa SA, que almacena cheques cobrados por aquellos. De allí surgiría la identidad del “número uno”. En la causa estarían involucrados legisladores de todo el arco ideológico.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

El proceso penal es dinámico y las decisiones que se toman dentro de él tienen consecuencias. La férrea negativa del Ministerio Público Fiscal (MPF) a informar a las defensas sobre la evidencia que se produce en el contexto de la investigación de la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura, las tuvo. Se trata de un pedido de “producción de diligencias” que presentaron Humberto Franchi y José Velázquez, que defienden a Falvia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialócomo. Fuentes legislativas consultadas indicaron que lo que surja del pedido, que fue concedido por la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, podría tener consecuencias en el proceso electoral en ciernes.

 

VITAL

El pedido consistió en solicitar que se autorice un oficio al Juzgado Federal para que informe los domicilios de 24 personas que la defensa considera de “vital importancia” entrevistar. En la hipótesis de la defensa, aquellas personas realizaban en la Legislatura “el mismo comportamiento estereotipado” que la “familia de Beckman y Mena”, resaltando que “sólo que en mayor cantidad”. La lista, según se deslizó a EL DIARIO, comprende a individuos y grupos familiares, que están vinculados o “responden” a legisladores de “todos los partidos y alianzas que integran la Legislatura”. Las fuentes añadieron que “muchas de aquellas personas ya fueron entrevistadas por los fiscales y deslizaron quién podría ser ‘el número uno’”.

 

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Un agudo observador de la dinámica de la causa, analizó que “en el contexto electoral que se viene, determinar qué vinculación tienen esas personas con los legisladores que les cedieron los contratos constituye un dato político”. En este sentido, cobra relevancia que la defensa precisa que “dichos nombres surgen de la planilla Excel y fotos de cheques cobrados por ventanilla, enviados por el Banco Bersa a la Fiscalía”. Una simple mirada al listado y los legisladores exhibe que en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de la mega causa “hay ranchos que se llueven más que otros”. Hasta las últimas audiencias y en todo el proceso, sólo legisladores y funcionarios relacionados con el oficialismo provincial han llenado las crónicas y especies periodísticas. En este sentido, conocer aquel dato podría hacer tambalear el caballito de batalla del oficialismo nacional y la oposición provincial.

 

MENSAJE

En tal escenario cobra relevancia la referencia que Gustavo Pérez, que se desempeñaba como administrativo contable de la Cámara de Senadores durante el período 2015-2018, le hizo a Hugo Mena en un mensaje de texto que le envió, en el que le informa que “el número uno está en el tema”. El mensaje fue usado por los fiscales en todas las oportunidades que tuvieron para fundar el riesgo de entorpecimiento de la IPP y solicitar la prisión preventiva. De la evidencia que se ha recolectado comenzaría a revelarse la identidad del “número uno”. En este sentido, lo que aparece como evidente no lo es. La información que podrían aportar las personas requeridas por la defensa aportaría la identidad del “uno”. Incluso si así no lo hicieran, se precisó que las vinculaciones la revelarían sin ninguna duda.

Otro pedido de la defensa consistió en que se oficie a la Unidad de Información Financiera (UFI), en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) si el Nuevo Bersa generó Reportes de Operación Sospechosa (ROS) de varios de los integrantes de la lista de 24 personas. El dato político estribaría en que el ROS fue emitido el 26 de abril de 2018 en razón de que se detectó que un “cobrador” se presentó en una sucursal del Bersa a cobrar “una cantidad inusual de cheques de la Cámara de Senadores”. Fuentes judiciales deslizaron que “en diez años el Bersa sólo emitió un solo ROS” añadiendo que “el estudio contable Asesoría Integral, que fue allanado y varios de sus integrantes quedaron vinculados a la causa, y donde funcionaba una terminal de cobranza Entre Ríos Servicios, no emitió siquiera uno, a pesar que la hipótesis de Fiscalía sostiene que allí se encauzaban una enorme cantidad de contratos”.

 

VARA

Entre las apostillas “políticas”, se recordó que en el estudio trabajaba Sebastián Orlando Bertozzi, que es el esposo de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Se supone que Orlando Bertozzi compartía el estudio con Guido Krapp y Pedro Opromolla, ambos sindicados en la mega causa. Incluso se informó que Goyeneche y Opromolla comparten un fideicomiso inmobiliario y alquilan conjuntamente, un departamento.

Las defensas vienen señalando, cada vez con más fuerza, la “distinta vara” que exhibe Fiscalía para investigar a unos y otros. Así, en el estudio allanado hay contadores que no están siquiera sindicados en la causa, a pesar que Fiscalía tiene documentación que exhibe que se desempeñaban allí y operaban con la terminal Entre Ríos Servicios. En el listado de personas a ubicar para ser entrevistadas, hay cobradores que “responden” a legisladores del oficialismo y de la oposición, no obstante sólo trascienden los que pertenecen al primer grupo. La pregunta del millón es si el desequilibrio obedece a una decisión de política criminal o si responde a una necesidad política de algún miembro del MPF.

 

Al margen

Según Ley vigente, de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, los profesionales matriculados en Ciencias Económicas, al igual que los bancos, están obligados a reportar los movimientos de sus clientes para enviar una alerta en el caso de alguna actividad sospechosa.