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Contratos truchos: Fiscalía “precisó” el hecho que se le atribuye a cinco imputados en la causa

Fiscalía dispuso precisar el hecho atribuido y descripto en la apertura de la causa contratos truchos en la Legislatura, respecto de la supuesta participación de Juan Pablo Aguilera, Sergio Cardoso, Alejandro Almada, Gustavo Pérez y Ariel Faure, y los citó para el lunes 11, martes 12 y jueves 14, para tomarles nueva declaración de imputados. Tiempo real y tiempo electoral.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Fiscalía decidió “precisar el hecho atribuido descripto en la apertura de causa, en lo que respecta a la participación de Juan Pablo Aguilera, Sergio Cardoso, Alejandro Almada, Gustavo Pérez y Ariel Faure”.

Ahora, en una nueva formulación del hecho que se investiga en la denominada causa contratos truchos en la Legislatura, se les endilga que el producido de la maniobra “posteriormente…, era entregado a Pérez, Cardoso, Faure, Almada, y a Alfredo Bilbao”.

Además, se añadió que “a su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”.

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Estimación

Fiscalía sostiene que “se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los 1.235.000.000″ a pesar que en distintas audiencias este monto se exageró hasta la cifra de 2.000.000.000, sin la correspondiente verificación técnica contable, como reconoció una de las fiscales.

El nuevo relato afirma que tanto Almada como Aguilera “sin perjuicio de colectar el dinero que era recaudado por el resto de los coimputados de la forma en que ha sido descripta para entregarlo a los jefes de la organización criminal”, como “funcionario de planta de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, con desempeño en el Servicio Administrativo Contable de ese cuerpo”, en el caso del primero, y como “secretario Coordinador de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia (desde el 11 diciembre de 2011 y hasta el 22 de abril de 2014) y de empleado de planta permanente de idéntica Cámara”, también intervinieron “en la gestión de contratos falsos, para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación”.

Aguilera, Cardoso, Almada, Pérez y Faure fueron citados a Tribunales para tomarles nueva declaración de imputados.

Igual rol le atribuye a Cardoso, con el agregado de que, además, “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del presidente del cuerpo, Sergio Urribarri, le requirió al menos a los diputados (Juan) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos 10 contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Además de “precisar” el hecho, Fiscalía fijó audiencia para “recepcionarles nueva declaración de imputado” a Pérez y Faure, para el lunes 11, entre las 9.30 y las 10.30; a Aguilera y Almada para el 12, entre las 9.30 y 10; y a Cardoso, para el jueves 14 a las 9.

Esta situación también fue “leída” por allegados a las defensa como un intento de “prolongar la investigación”.

En este sentido, fuentes legislativas consultadas evaluaron que “los tiempos electorales empiezan a tener influencia en la causa. A fin de año Fiscalía sostuvo que en marzo tenía terminada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y estaría en condiciones de solicitar la remisión de la causa a juicio. Ahora, estas nuevas medidas postergarán el debate quién sabe hasta cuándo. No hay que perder de vista los procesos electorales a nivel provincial y nacional” se destacó.

Fuentes judiciales también deslizaron que “de hecho la investigación se prorrogó por al menos dos meses porque se han prorrogado las medidas de restricción de los imputados que fueron excarcelados”. Por su parte Fiscalía sostiene que se trata de una investigación en tiempo “real”, de una organización que no fue desbaratada aún.

 

Nuevos roles

Los acusadores sostienen que la “sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

En este sentido, además de Pérez, que era jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, y Cardoso, que era director administrativo contable de la Cámara de Diputados, se fijó la mira en Juan Domingo Orabona, que era director administrativo contable del Senado en el período 2007/2011) y en Jorge Lázzaro, que era director administrativo contable del Senado 2011/2015

 

Olvidos

Alfredo Zitarrosa cantó en un verso de la canción Diez décimas al pueblo argentino que “hay olvidos que queman y memorias que engrandecen”.

En la nueva relación del hecho no figura Mario Deiloff, a quien se le secuestró el celular en un allanamiento y requisa personal que se realizó hace una semana.

Tampoco figura el nombre de Leonardo Dehan, que fue el primer supuesto prestanombre que habló con los medios para dar a conocer el funcionamiento de la supuesta organización.

En este sentido, según la acusación, la “actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500 pesos, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, con contratos de 5.000 pesos, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de 50.000 pesos por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

Así, tal como lo informó El Diario el miércoles 6, la causa exhibe la “caída” de un período a investigar correspondiente a la Cámara baja. Fuentes consultadas señalaron que en aquel período se desempeñó un hombre que hoy integra las filas de Fiscalía.

 

Asesoría

De acuerdo a hipótesis fiscal, “la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”.

El miércoles 5 de diciembre de 2018 El Diario informó de la existencia de un contrato de fideicomiso y del alquiler de un departamento entre la fiscal Cecilia Goyeneche y Opromolla, en el que el esposo de la funcionaria, Sebastián Orlando, figura como fiduciante.

El viernes 7 de diciembre se informó que Fiscalía cuenta con una planilla Excel de gastos que exhibe los vínculos entre Falco, dueño del edificio donde funciona el estudio contable Integral Asesoría; el analista de sistemas, Nicolás Beber; el corredor inmobiliario, Renato Mansilla; y la sociedad integrada por Opromolla, Krapp –todos sindicados en la causa– y Orlando.

El estudio fue allanado en los primeros días de octubre, cuando Fiscalía realizó tres allanamientos en el contexto de la mega causa: en el estudio de Bilbao, en calle Alameda de la Federación y Córdoba; en el de Faure, en San Benito; y en el edificio de Misiones 276, donde funciona Integral Asesoría.