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Contratos truchos: este viernes se sabrá si excarcelan a los únicos detenidos

Las defensas de Aguilera, Almada y Cardoso, solicitaron que se anule la resolución que les confirmó la preventiva por 90 días. Aguilera y Almada son los únicos imputados en la megacausa que están privados de la libertad.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

La Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, dará a conocer este viernes a las 19 si anula la resolución de la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, que el 21 de diciembre de 2018 decidió confirmar la decisión de su par de Garantías, Marina Barbagelata, que dictó la prisión preventiva de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada –ambos en la Unidad Penal N°1- y Sergio Cardoso, en la modalidad de arresto domiciliario, en la investigación de la mega causa conocida como contrato truchos en la Legislatura, tal como lo solicitaron las defensas, o si la ratifica, de acuerdo al pedido de Fiscalía.

Marcos Rodríguez Allende, por Aguilera; Miguel Ángel Cullen, por Almada; y Guillermo Vartorelli, por Cardoso; solicitaron a la Cámara que anule el fallo y les dicte la excarcelación con la observación de normas de conducta, y subsidiariamente instaron la prisión domiciliaria, entendiendo que ya no se encuentras vigentes las razones que motivaron a las instancias inferiores a dictar la medida de coerción. La procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, pidió que se declare la inadmisibilidad de los recursos casatorios por no cumplir con los requisitos procedimentales y posteriormente, instó a que se los rechace por entender que la resolución de Castagno constituyó un fallo que se basó en “razones materiales, que lejos de ser arbitrario es ajustado a Derecho”.

Fiscalía pidió que se confirme la medida de coerción en el Penal.

Sin respuesta

 

Las defensas ratificaron en la audiencia de este miércoles los agravios que presentaron por escrito ante la Cámara. Rodríguez Allende volvió a reiterar que Aguilera se encuentra en la misma situación que Juan Domingo Orabona, sindicado en la tercera relación del hecho que realizaron los fiscales, quien fue citado a prestar declaración de imputado y luego se fue a su casa. El letrado señaló que Aguilera sigue privado de la libertad cuando se le atribuye la misma actuación que a Orabona.

También cuestionó que Castagno no respondió los agravios que presentó contra la resolución de Barbagelata. En este sentido, señaló que ni de la evidencia producida ni de la relación del hecho surge que Aguilera sea la “cabeza” o el “máximo responsable”, sino “todo lo contrario, fue nombrado sólo una vez en un hecho redactado en tres hojas”. El defensor manifestó que sus colegas le informaron que se estaba modificando “el objeto procesal a imputar”.

 

Autoridad

A su turno Cullen recordó el fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que, en la misma causa, ordenó la excarcelación de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. El letrado consideró aquella resolución como un hecho novedoso en el proceso y destacó que se trata de “la máxima autoridad en tema Penal de la provincia”, cuyos fallos “no se pueden desconocer”.

De este fallo, Cullen indicó que sostuvo que el riesgo procesal invocado para fundar el pedido de privación de la libertad durante el proceso tiene que ser “actual, real y verificable”. En otro orden, resaltó que de las más de 100 entrevistas informales que ha realizado Fiscalía, ningún testigo adujo que fue contactado o inducido a falsear o direccionar sus dichos.

Por su parte, Vartorelli, al igual que Cullen, con quien comparte también la defensa de Almada, cuestionó que la resolución de Barbagelata fue “contradictoria en sí misma”. En este sentido indicó que aquella “descartó respecto de los tres el riesgo de fuga, y respecto de Cardoso descartó también el de entorpecimiento, no obstante la carencia de elementos, al resolver le dicta la prisión preventiva domiciliaria”.

 

Fiscalía avanza con nuevas entrevistas en la causa de los contratos truchos

Inadmisible

Goyeneche comenzó su alegato planteando la inadmisibilidad de los recursos de Casación por entender que no cumplieron con “los requisitos procedimentales”. Así, sostuvo que “este Tribunal puede declararlos inadmisibles” y reiteró que “estos recursos son inadmisibles”. La funcionaria consideró que la resolución de Castagno está “muñida de argumentos suficientes para justificar las prisiones preventivas dispuestas”.

También desarrolló que los clásicos riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación no serían los idóneos para fundar el pedido para privar a una persona de la libertad durante el proceso, incorporando que “la regla fundamental es la proporcionalidad” con el hecho y con la necesidad de una pena.

 

Relación

 

La fiscal reiteró que los tres imputados están en la cúspide la organización criminal que, según Fiscalía, sustrajo millonarias sumas de dinero de las arcas del Estado mediante la celebración de contratos de obra truchos. Recordó que la causa comenzó a sustanciarse por un hecho en flagrancia que fue advertido por “casualidad”.

Relacionó esta causa con la que investigó al ex vicegobernador Héctor Alanis, que fue condenado por un hecho que Goyeneche consideró similar, pero la diferenció señalando que la causa contratos truchos se sustancia “en tiempo real, la organización no está desbaratada, está en funciones. Se trata de hechos de peculado ocurridos durante 10 años”. En este sentido, sostuvo que la prueba recabada indica que Almada sustrajo en tres años 112.000.000 de pesos, que llevó a la casa de Alfredo Bilbao.

 

Roles

 

Finalmente, Goyeneche sostuvo que el fallo de la Sala Penal del STJ “no es una sentencia justa”. Así, rechazó la aludida regla de igualdad en la situación procesal que invocaron las defensas, que no tendría su correlato en las decisiones de los tribunales inferiores. Añadió que “la diferencia entre aquellas personas (por los imputados que están excarcelados) y estas tres personas es bastante clara” y surgiría del rol que cada uno desarrollaría en la dinámica de la organización. En este sentido aseguró que “Los tres son directivos de la organización, no son claramente el número uno pero están al lado de esta persona, muy cerca” por lo que la “posibilidad de entorpecer es claramente observable y no requiere de más argumentos”.