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Fiscalía avanza con nuevas entrevistas en la causa de los contratos truchos

De una entrevista que se realizó a Mario Deiloff en sede de Fiscalía en Paraná, se tomó la decisión de solicitar el allanamiento, secuestro y requisa personal del joven, que se desempeñaba como cadete del estudio contable Asesoría Integral, que tiene a varios de sus integrantes señalados en la megacausa. Habría nombrado a un contador del estudio que aún no está mencionado en el legajo que sustancia Fiscalía. Las dificultades de las defensas.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Derivaciones del diálogo con un cadete

 

Fiscalía avanza a paso firme en la causa conocida públicamente como contratos truchos en la Legislatura. Uno de los últimos movimientos consistió en la entrevista que mantuvieron los investigadores con Mario Deiloff.

Según indicaron fuentes judiciales, Deiloff se desempeñaba como cadete en el estudio contable Integral Asesoría (AI) que fue allanado a principios de octubre en el comienzo de la investigación.

Con sede en calle Misiones 276, AI estaría compuesta por un estudio contable, que tiene a varios de sus contadores señalados en la causa -algunos con prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario-, un emprendimiento inmobiliario y otro informático –con sus responsables sindicados en la investigación-; además de una terminal de pagos Entre Ríos Servicios, del Nuevo Banco de Entre Ríos SA.

Así, el estudio cerraría el circuito con el que, en la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), se blanqueaban las sumas que eran sustraídas de las arcas del Estado mediante la celebración de contratos de obra apócrifos en beneficio de ciudadanos que sólo prestaban su nombre a cambio de una suma ínfima.

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Mención

Fuentes judiciales deslizaron a El Diario que Deiloff, en la entrevista que mantuvo con los fiscales, mencionó a un contador que aún no está sindicado ni mencionado en la megacausa, a pesar que integraba el estudio contable AI.

Incluso se precisó que el profesional tiene un vínculo familiar con una importante funcionaria judicial.

De acuerdo a impresiones de allegados a las defensas, aquel sería el motivo de la solicitud al Juzgado de Garantías en turno para que se realice un allanamiento en la casa de Deiloff, donde se precedió a la requisa personal del joven y se le secuestró el celular. El aparato será peritado en los próximos días.

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Caídas

Operadores judiciales y legislativos que siguen muy de cerca el desarrollo de la investigación pusieron el ojo en dos situaciones que pasaron casi desapercibidas.

Se trata de lo que se mencionó como “caídas” en la pesquisa. Ambas situaciones se habría concretado sin los correspondientes fundamentos.

La primera consistiría en la “desaparición del presta nombre que habló por primera vez en público”. Se trata de Leonardo Dehan, que fue imputado en la primera relación que realizó Fiscalía de los graves hechos que se investigan.

La otra, en la segunda formulación del hecho y de complejas interpretaciones, consistiría en la decisión de quitar de la investigación el período 2007-2011. Cabe recordar que el MPF determinó investigar a las Cámaras de Senadores y Diputados por la década 2008-2018.

Según se indicó a El Diario, “sin fundamentos” se quitó el período 2007-2011 y sólo para la Cámara baja. Fuentes judiciales deslizaron que a las defensas les interesa entrevistar a quien se desempeñó como secretario de la Cámara de Diputados en el período que se decidió no investigar.

Entenderían que podría aportar datos importantes acerca del funcionamiento de la Cámara y del rol de algunos imputados, habida cuenta que Fiscalía sostiene que la organización está enquistada en la Legislatura desde hace diez años y viene operando con distintos funcionarios y agentes externos.

Fiscalía avanza a paso firme en la causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana.

Límites

Allegados a las defensas explicaron que los defensores se ven limitados en el ejercicio de tan elemental derecho. En este sentido, se precisó que quien fue secretario de la Cámara de Diputados en el período que se desestimó es, actualmente, fiscal.

Además recordaron que en varias audiencias las defensas resaltaron que solicitaron, en noviembre de 2018, participar de las entrevistas informales que Fiscalía realizaba a ciudadanos que podían aportar elementos para la investigación, recibiendo por respuesta que “como las entrevistas no tienen carácter de productor de prueba, no han sido objeto de notificación de las defensas, pudiendo las defensas, llevar a cabo las que considere pertinentes”.

No obstante, aquellas eran presentadas como evidencia para fundar los pedidos de prisión preventiva y sus prórrogas, a los que la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia les puso un límite.

También se añadió que aún no fue contestado otro pedido para que, al no tener acceso a las entrevistas, se cediera el listado de las personas entrevistadas por Fiscalía en lo que va de la investigación.

 

Interrogantes

En aquel escenario, la pregunta que se formularon las fuentes consultadas fue: “¿Cómo se cita a un fiscal a una entrevista informal con una defensa”? En el mismo sentido se planteó: “¿Qué sucede si en las entrevistas informales los entrevistados desvinculan o no incriminan directamente a los sospechados, o nombran a funcionarios con cargos importantes o a familiares de los investigadores?”.

Así se planteó lo que se consideró “inexistente igualdad de armas en el Derecho u oscurantismo del proceso” en virtud de que “los investigadores sólo participan a las defensas de las evidencias que son útiles a su hipótesis, mientras que si surge evidencia que no aporta a aquella, las defensas no tienen cómo enterarse”.

Finalmente evaluaron que “así se vulnera el derecho de defensa y se desplaza el principio de objetividad que debe resguardar Fiscalía”.

 

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