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martes, diciembre 10, 2019
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    Una empleada judicial, involucrada en la causa de los contratos truchos

    El Superior Tribunal abrió una información sumaria a una empleada judicial cuyo nombre aparece en la lista de personas que cobraban cheques de la Legislatura. Su situación oscila entre la incompatibilidad y la posible comisión de un delito como prestanombre.

     

    Néstor Belini / coordinacion@eldiario.com.ar

     

    El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia resolvió abrir una información sumaria a la empleada del Juzgado Civil y Comercial N°2 Natalia Soledad Paulin. La decisión se tomó en la habitual reunión de acuerdos que se realiza los martes.

    Fuentes judiciales informaron que la mujer percibía 12.000 pesos mensuales a través de un contrato de locación de obra en el Senado. La situación se conoció el lunes 26 de noviembre 2018 cuando Paulin fue entrevistada en sede de Fiscalía por la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

    Al día siguiente presentó una nota ante el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Aldo Ballestena, rescindiendo el contrato que se celebró el 1 de julio de 2018.

    La situación exhibe que la investigación por la existencia de una presunta organización que se instaló en la Legislatura de la provincia y se habría dedicado durante diez años a sustraer dineros públicos mediante la celebración de contratos de obra truchos, celebrados en favor de ciudadanos que sólo prestaban su nombre a cambio de una ínfima suma y sin prestar ninguna contraprestación al Estado, se extiende como una mancha venenosa.

    Según informaron fuentes judiciales, cuando Paulin fue entrevistada en Fiscalía —porque su nombre está en la lista de personas, con contratos de obra en la Legislatura, que es analizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) —, reconoció la existencia del contrato, como así también que recibía un cheque y lo cobraba.

    También se deslizó que cuando fue interrogada respecto de la tarea que debía realizar en función del contrato que la beneficiaba, la mujer explicó que “ocasionalmente concurría en horario vespertino a la Tesorería de la Legislatura donde se ocupaba de trabajos administrativos”, añadiendo que, textualmente, precisó que se dedicaba a “ordenar papeles”.

    A partir del rápido reflejo del Alto Cuerpo, que apenas recibió la información de la situación tomó la resolución de abrir el incidente de información sumaria, a Paulin se le abrieron dos frentes a los que deberá dar respuestas.

    El primero, institucional e inherente al régimen que obliga a los trabajadores judiciales. En este sentido se indicó que al reconocer el hecho, la mujer “aceptó que incumplió el juramento al que se comprometió cuando asumió su cargo en la Justicia”.

    También se añadió que en aquella ocasión, la empleada judicial declaró “bajo juramente no desempeñarme en ningún cargo en la Administración Pública municipal, provincial o nacional, como así tampoco me encuentro vinculada laboralmente con profesional del Derecho o estudio jurídico alguno, comprendido en las incompatibilidades del artículo 8 inciso h de la Ley N° 5.143”.

    El segundo frente se le abrió en el contexto de la investigación de la causa. Aquí se deberá esclarecer en qué condiciones se concedió el contrato, si percibió toda la suma que se consigna en aquel, y si no oficiaba de prestanombre.

     

    Detalle

    Un detalle que llamó la atención y deberá ser motivo de análisis consistió en que en las constancias de inscripción de Paulin en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no consta la actividad, en virtud de la modalidad del contrato que se le concedió, a la que se dedicaría la mujer.

     

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