La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados. La organización ecologista cuestiona el proyecto oficial.
Camila Gómez
La Fundación Cauce es una organización no gubernamental que nació en 2018, con el objetivo de avanzar hacia sociedades sustentables donde se contemplen los derechos
humanos y ambientales. Su trabajo se basa en el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, trabajando desde el arte, la cultura y la
educación.
En el año 2021, cuando el gobierno provincial presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa similar al actual proyecto de ley de buenas prácticas en la utilización de
fitosanitarios y domisanitarios, la Fundación realizó una serie de observaciones al texto. Su argumento principal era que se trataba de un proyecto de ley ilegítimo e inconstitucional.
A raíz del texto que desde diciembre pasado espera ser tratado en Diputados, EL DIARIO entrevistó a Glenda Mangia y Sebastián Rufino, integrantes de la Fundación, para conocer su postura.
–¿Cómo recibieron el proyecto de ley?
–Si bien es prácticamente idéntico al impulsado por el Ejecutivo en 2021, fue presentado por el Gobierno Provincial en la Legislatura el 30 de noviembre de 2022. Nos enteramos del mismo por los medios. Las organizaciones sociales no fuimos consultadas. Nos tomó por sorpresa la insistencia de la Provincia sobre este tema tan controversial.
No se tuvieron en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades, no se escucharon a las innumerables víctimas de las prácticas nocivas con agrotóxicos, tampoco se consultó a los profesionales de la salud. Se desconocieron centenares de trabajos científicos al respecto, que han demostrado acabadamente los efectos negativos en la salud y en el ambiente, producto del uso de agrotóxicos.
–¿Qué deficiencias identificaron en el texto? ¿Qué modificaciones harían?
–Es un proyecto que carece de toda licencia social. Está viciado de ilegitimidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de origen. Viola de manera flagrante y
ostensible un amplio catálogo de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la seguridad y a la soberanía alimentaria, así como a vivir en un ambiente sano.
El texto propuesto se da de bruces con el Programa Constitucional esbozado por el convencional constituyente nacional de 1994, y por el convencional constituyente local
del año 2008. Se desconoce de manera palmaria la Ley General del Ambiente, ley de presupuestos mínimos imperforables por las jurisdicciones provinciales. No menor
es la contradicción del Proyecto con el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió mediante Ley 27.566. Este Acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. No se permitió la participación ciudadana.
Bajo el nombre de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se encubre un sistema productivo basado en el uso indiscriminado de diversos venenos para la producción agropecuaria. No existe manera de asegurar la inocuidad en la utilización de estos productos. Lo que evidencia es la falta de políticas públicas de calidad, integradas e integrales, que piensen en la vida y la salud de las personas. El proyecto es inviable. Se olvida el Ejecutivo de los numerosos fallos judiciales que se han expedido en este sentido. En esas causas judiciales, impulsadas por el Foro Ecologista de Paraná, los expertos del Ministerio de Salud provincial advirtieron sobre las
consecuencias espeluznantes del uso de estos productos.
Los informes de los científicos concluyeron que no hay fumigación controlable.
–¿Consideran que pueden existir buenas prácticas en el uso de fitosanitarios y domisanitarios? ¿Cómo pueden impactar en la salud de la población?
–La utilización de químicos con efectos tóxicos y cancerígenos demostrados de ninguna manera deberían ser contemplados dentro de buenas prácticas. La iniciativa no
contempla las verdaderas buenas prácticas agrícolas, ya que para ello debería promover un sistema productivo agroecológico.
Como lo señalamos en las sentencias judiciales conocidas como Foro 1, Foro 2 y Foro 3, se advierten sobre las consecuencias espeluznantes derivadas de la utilización de
estos productos: desde intoxicaciones agudas a efectos crónicos tales como mutagénesis, carcinogénesis y disruptores endocrinos. Se señalan como efectos crónicos:
polineuropatías, compromiso hepático y renal, parkinsonismo, afecciones cutáneas, problemas respiratorios, exacerbación de alergias, sensibilidad química
múltiple. Entre Ríos es la provincia más contaminada por agrotóxicos en todo el país.
En un relevamiento realizado hace unos años, se demostró que más del 50% de los casos de niños, niñas y adultos internados en el Hospital Italiano y en el Hospital Garrahan
por cáncer de piel, leucemia y malformaciones residían en pueblos fumigados de Entre Ríos. Entre dichos pueblos se encuentra Concordia, Colón, Concepción del Uruguay,
Gualeguaychú, Diamante, Nogoyá y Victoria, siendo San Salvador el más afectado contando con una tasa de mortalidad por cáncer de una cada dos personas. Además,
diversos estudios han demostrado que los alimentos producidos a partir de este modelo contienen una cantidad significativamente menor de nutrientes, principalmente de
minerales.
Lo que viene
–¿Cuáles son los próximos pasos?
–Vamos a luchar para que este proyecto no sea ley. No estamos dispuestos a permitir que el pobre modelo agroindustrial y químico que se impulsa y profundiza con el texto propuesto, se convierta en ley. Contamos con el trabajo y la lucha conjunta de otras organizaciones,
trabajadores, profesionales e investigadores a lo largo y ancho de la provincia para hacer crecer la voz y llegar a los espacios de decisión política para defender nuestros
derechos.
Aspiramos que el espíritu crítico de los legisladores detenga el tratamiento de esta iniciativa regresiva para poder co-construir una política agraria a escala humana, agroecológica, en la que prime la diversidad productiva, la alimentación sana, segura y soberana y el cuidado de los ecosistemas.
