La iniciativa del oficialismo deroga la sanción a quienes no cumplan con los aranceles fijados por la institución. Desde el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos aseguran que se está avasallando la institución reconocida por ley.
Redacción EL DIARIO / [email protected]
El diputado oficialista Pedro Rebord ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia, el 19 de diciembre pasado, la solicitud de derogación del inciso B) del artículo 27 de la Ley N°7.468, de creación del Colegio de Odontólogos de la provincia de Entre Ríos. El inciso en cuestión establece como causal de sanción a los profesionales, la “infracción a las normas arancelarias”. El proyecto de modificación espera ser tratado en la próxima sesión de Diputados.
La iniciativa se enmarca en el conflicto que mantiene la entidad profesional con la obra social IOSPER en relación con los aranceles que dispone para las prácticas odontológicas.
FUNDAMENTOS
Según argumenta Rebord, la derogación del inciso se debe a “la imposición forzada de su cumplimiento por parte del órgano colegiado, los efectos directos e inmediatos producidos en la población sanitaria y los matriculados; y la afectación a compromisos previos y válidos concertados con obras sociales, mutuales, y demás entidades ponen en serio riesgo la subsistencia armónica del sistema provincial de Salud”.
En el documento ingresado para ser tratado en el recinto, el diputado hace referencia a la Norma Arancelaria establecida por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER) en noviembre de 2021, donde se estipulan valores calculados periódicamente por economistas y universidades según los costos necesarios para llevar a cabo las prácticas odontológicas. Además, menciona el conflicto con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), quienes, luego de publicar en medios de comunicación los precios de determinadas prácticas odontológicas para sus afiliados, presentaron su opinión ante la Fiscalía de Estado sobre la norma arancelaria. La Ley del COER menciona en relación a las atribuciones de la institución, que debe “propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de los aranceles mínimos para el ejercicio profesional”.
Rebord, asimismo, fundamenta la modificación al afirmar que es una norma de dudosa validez; “el Artículo 5° inciso h) coloca en cabeza del Colegio específico la protección de los derechos de los colegiados, velando por el decoro y dignificación profesional y tendiendo a asegurar la existencia de las más amplias garantías en el ejercicio de la profesión, lo cual, en orden a la situación actual de conflicto irradiado a la salud provincial en general, se halla desvirtuado por la propia Institución de control de matrícula.”
ATROPELLO
En comunicación con EL DIARIO, desde el COER afirmaron que no se les informó ni consultó sobre la modificación de la Ley N° 7.468 y que esto implica un avasallamiento a la institución. Las autoridades de la Mesa Ejecutiva del Colegio declararon: “En el caso de prosperar la iniciativa, consideramos que el COER tiene el derecho a participar en el debate en todas las instancias en las que se pretenda modificar su ley orgánica. Por ello, instamos a los legisladores a que se nos cite a escuchar nuestra opinión”.
En relación a los fundamentos sobre los cuales se basa el proyecto de modificación de la Ley, respondieron que “se basan en la problemática generada con la obra social IOSPER sin tener en cuenta el interés de este Colegio y de sus colegiados”. Los profesionales odontólogos consideran que, en caso el proyecto se apruebe. “estaríamos frente a un gravísimo atropello de una entidad colegiada de Orden Público, sin precedentes en la vida institucional de nuestra provincia”.
Por último, agregaron: “Queremos reiterar que el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos está abierto a todo tipo de conversación, deliberación y entendimiento con todos los actores del sistema de salud de nuestra provincia, como también, con las autoridades legislativas y administrativas. El objetivo es llegar a los consensos necesarios que garanticen el acceso igualitario al servicio de salud los entrerrianos, sin menoscabar el derecho de los profesionales a recibir una remuneración justa”.
“Actitud corporativa”
El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales “mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)”. Además, impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.
Frente a eso, el Ministerio de Salud de la Provincia manifestó su posición en relación al conflicto suscitado entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y el Iosper en relación al listado de aranceles que emitió ese colegio profesional y que la obra social entrerriana consideró oneroso.
La cartera de Salud emitió un comunicado en el que manifestó que el colegio “fija aranceles profesionales con fuerza de ley, con valores excesivos que afectan y repercuten negativamente en la salud odontológica de la población”.
Por otra parte, Salud consideró que se trata de “una actitud corporativa e incompetente por parte de dicha institución, contraria a lo dispuesto en la misma ley de colegiación N.º 7468”.
