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Contratos truchos: Dictan prisión domiciliaria a dos imputados

La jueza Carolina Castagno decidió ayer conceder la prisión preventiva domiciliaria a Gustavo Pérez y Ariel Faure, ambos imputados en la causa denominada “contratos truchos en la Legislatura”. Así, los sospechados de integrar una organización que durante diez años habría sustraído fondos públicos mediante la celebración de contratos de obra truchos, dejarán la cárcel para cumplir la medida de coerción en sus casas.

 

NÉSTOR BELINI

La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, decidió ayer hacer lugar a uno de los pedidos que, en subsidio, realizaron los defensores de Gustavo Pérez y Ariel Faure, ambos investigados por su presunta pertenencia a una organización a la que se le atribuye haber sustraído ingentes sumas de caudales públicos mediante la celebración de contratos de obra en las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, en favor de ciudadanos que sólo prestaban su nombre a cambio de recibir ínfimas sumas.

Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, que defienden a Pérez, y Leopoldo Cappa, que representa a Faure, pidieron la excarcelación con medidas de control, rechazando los argumentos de la jueza de Garantías N° 1, Marina Barbagelata, que el miércoles 20 había prorrogado la medida de coerción en la Unidad Penal N° 1, de Paraná, por el plazo de 60 días, tal como lo habían solicitado los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes ayer pidieron la confirmación de la resolución de Barbagelata.

MENOS GRAVOSA

Castagno sostuvo que compartía la excepcionalidad de la privación de la libertad durante el proceso. Entendió que era necesaria para preservar los fines de la investigación, en función de la complejidad de la prueba que resta producir, la que depende de otros organismos y ya estaría casi terminada. No obstante decidió conceder el arresto domiciliario porque a pesar de que consideró que los riesgos aún subsistían, quedaban conjurados con una medida de coerción menos gravosa como es el arresto domiciliario. Las defensas sostuvieron que el caso de ambos imputados quedó comprendido por el fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó la excarcelación de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, puesto que el hecho que se les atribuyó a sus defendidos es “exactamente el mismo”.

NOVEDOSO

Al final de la audiencia y tras los alegatos de los fiscales, Cullen resaltó que se estaba ante un nuevo agravio constitucional por vulneración del derecho al debido proceso, por violación al derecho a ser oído. El defensor cuestionó los argumentos de los fiscales y señaló que se desprendía de aquellos que el fallo de Barbagelata fue “erróneo”. En este sentido, señaló que los fiscales invocaron el artículo 366 del Código Procesal Penal (CPP), que prescribe que “el imputado y su defensor podrán solicitar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas”, cuando, contradictoriamente, los funcionarios sostuvieron “hasta el hartazgo” que las circunstancias que fundaron el pedido de prisión preventiva en la cárcel, y que reiteraron en todas las audiencias en las que se discutió la medida de coerción, no variaron, por lo que sostuvo que la prórroga adolecía de “logicidad” y debería ser anulada. Las defensas hicieron reserva del caso federal suficiente y recordaron que está en trámite el Recurso de Queja ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

FALLO

Cappa abrió la audiencia de apelación sosteniendo su alegato en el fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ. Así, resaltó que la Sala se expidió concediendo la libertad durante el proceso a personas que están imputadas del mismo delito que Faure. Incluso añadió que a su defendido se le endilga el mismo entorpecimiento que al coimputado Alfredo Bilbao. En este sentido, manifestó que “el fallo es de aplicación en el caso de Faure ya que en aquel se le dio la libertad a Bilbao. También citó que la Sala entendió que el riesgo de entorpecimiento aparece conjurado, no está vigente.

Cullen, en tanto, cuestionó la prisión preventiva dictada en primera instancia por el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, por considerarla “absolutamente infundada y violatoria de principios constitucionales”. De la misma forma, criticó la resolución de Barbagelata por “contradictoria” y por entender que constituía “un adelantamiento de pena”. En una parte de su alegato, Cullen cuestionó que “se trata de un fallo arropado con una postura que todos los hombres de Derecho debemos tener en Argentina y sobre todo en Entre Ríos, pero lejos de ser consecuente con lo que sostiene como fundamentación, exhibe arbitrariedad y ausencia de logicidad”, resaltando así que Barbagelata aseguró coincidir con el contenido del fallo de la Sala Penal del STJ pero falló en contra de lo que aquel postuló. Así, opinó que “las premisas no desprenden la conclusión y eso lo anula como acto válido”.

En el mismo sentido, expresó que en su resolución, Barbagelata “no puede apartarse graciosamente de lo resuelto por el STJ, menos decir que comparte los fundamentos y después fallar en contra, ahí sí que hablamos de esquizofrenia del Derecho Penal” cuestionando que se oscila “entre el progresismo y el autoritarismo”.

El defensor también cuestionó que en la audiencia de prórroga se “vio una actitud oficiosa por parte de Barbagelata, intentando explicar que el riesgo tenía que ver con la verosimilitud de los hechos; pero tiene que haber riesgo concreto, serio idóneo y actual, no basta solo con verosimilitud” para decidir privar de la libertad a un ciudadano sometido a proceso.

Responsabilidad

Los fiscales Aramberry y Yedro reiteraron que Pérez y Faure son los dos imputados “con mayor responsabilidad en la mecánica”. Cuestionaron que las críticas a la resolución de Barbagelata es “sesgada, toma elementos y no efectúa análisis contextualizado de fallo en sí mismo” y señalaron que “la defensa refiere que es contradictorio porque recepta fundamentos del STJ, pero no capta en esencia complejidad de asunto. Entendemos que los imputados generaron un síndrome de riesgo. No podemos decir que no se verificaron nuevos episodios de obstaculización, y eso fue porque fue eficaz medida instrumental dispuesta. No puede ser ponderado que los encausados no hayan hecho nada para entorpecer, porque no es una conducta esperable de ellos”.