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    Abusos en secta: La sentencia completa se conocerá el 5/12

    Fuentes judiciales informaron a EL DIARIO que el Tribunal dio por acreditados los dichos de las víctimas de reiterados abusos ocurridos en Oro Verde y Paraná, entre 2005 y 2011. También valoró en el mismo sentido los informes de los peritos psicólogos y psiquiatras y funcionarios del Copnaf, que declararon durante el alongado proceso y reiteraron sus conclusiones en el juicio. Un condenado, comisario general retirado, amedrentó a un camarógrafo y un familiar intentó impedir el trabajo de un movilero de una radio local.

     

    Redacción EL DIARIO / [email protected]

     

    Tras casi diez años, ayer culminó una etapa del elongado proceso que se sustanció contra 11 personas acusadas, con distintos grados de participación, de abusar sexualmente por un largo período de tiempo, de tres hermanitos, un varón y dos nenas que eran menores de edad al momento de los hechos ocurridos en Oro Verde y Paraná, entre 2005 y 2011.

    Este miércoles 23 de noviembre, en una sentencia unánime, ocho fueron condenados, puesto que, al inicio del debate, por nulidades planteadas por las defensas, tres mujeres quedaron desvinculadas de este juicio, pero serán juzgadas en otro debate tras una nueva sustanciación de las respectivas causas de acuerdo a las responsabilidades que le cabrían en los hechos.

    El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, entendió que los abusos sexuales denunciados en 2013 por el padre de las víctimas, cuando éstas eran menores de edad, quedaron acreditados durante el juicio por los propios testimonios del varón abusado y sus dos hermanas, menores que él.

    En el mismo sentido cargoso, el Tribunal consideró los informes de los peritos psicólogos y psiquiatras y funcionarios del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que los asistieron durante el extenso proceso, y en el debate, ratificaron las conclusiones que plasmaron en sus respectivos informes.

    ABERRANTE

    El caso cobró notoriedad por lo aberrante de los hechos, cometidos por familiares y allegados a estos, contra tres menores de entre 7 y 4 años, y porque se realizaron en rituales en una secta. En 2013 fue imputada toda la rama familiar materna de las víctimas. Sólo quedó desvinculada la abuela, por inimputabilidad.

    El Tribunal entendió que a la madre le correspondió la pena de 25 años de prisión efectiva, por el delito de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y Promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real, en relación a cinco hechos.

    A un tío, le aplicó la pena de 22 años de prisión efectiva por el delito de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada, en relación de cinco hechos. En tanto que a otros dos tíos les aplicó la pena de 20 años de prisión efectiva, por el delito de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada, en relación a cuatro hechos.

     

    Allegados

    La causa tuvo un impase de casi cuatro años. En 2017, la fiscal Laura Cattaneo, ahora jubilada, revitalizó la investigación y advirtió que de la declaración de los niños en Cámara Gessell se desprendían posibles responsabilidades.

    Las víctimas mencionaban a personas que no eran de su círculo familiar, por apodos. Así, se avanzó en seis imputaciones más por fuera del grupo familiar. Ayer, el Tribunal entendió que al comisario general retirado imputado, le correspondió la pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada, en relación a tres hechos.

    Un joven, que mantenía una relación sentimental con uno de los tíos de los menores, fue condenado a la pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada, en relación a cinco hechos.

    En tanto que, a una funcionaria policial, le aplicó la pena de 10 años de prisión por el delito de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el modo de comisión y por el vínculo, reiterada. Finalmente, a un locutor oriundo de Gualeguaychú, lo condenó a la pena de nueve años de prisión por los delitos de Abuso simple reiterado y Abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

     

    Excarcelados

    Contra todos los pronósticos, el Tribunal entendió que no correspondía hacer lugar al pedido de las acusaciones de dictar la prisión preventiva de los ahora condenados, por lo que, tras retirarse de la sala de audiencias por una puerta trasera, seguirán excarcelados hasta que la sentencia quede firme. En este sentido, la defensa oficial adelantó que recurrirá el fallo. En tanto que Fiscalía esperará a que se conozcan los fundamentos, para determinar qué temperamento adoptará. La sentencia completa se conocerá el 5 de diciembre a las 13.

    Sumario

    Fuentes policiales precisaron a El Diario la situación en la que quedó el comisario general imputado. En este sentido se indicó que el futuro del efectivo es la cesantía o la exoneración de la fuerza. “A partir de la denuncia y la posterior imputación, se inició un sumario administrativo, porque más allá que esté en situación de retiro queda alcanzado por las generales de la Ley 5.654, Reglamento General del policía. Se instruyó todo el sumario administrativo, se incorporó como prueba el auto de procesamiento, entre otras evidencias, y en su momento, el comisario general Antoniow (N de la R: se trata de Marcos Antoniow), que era jefe de Operaciones, hizo aplicación del artículo 230 del Reglamento del policía, que habilita al instructor del sumario a suspender la opinión final o la resolución final del sumario hasta tanto haya una sentencia judicial porque el hecho que se le atribuyó no era en el ejercicio de la función, más allá que estaba retirado. Claramente con esta condena lo probable es que de confirmarse devenga en una sanción de cesantía o exoneración, estipulada en la Ley 5.654”.

     

    Intimidaciones

    Antes del inicio del debate, el comisario general retirado se acercó al camarógrafo de Canal Once que estaba trabajando, como otros medios de la ciudad, y lo increpó sobre por qué estaba filmando.

    El trabajador respondió que no lo filmaba a él, sino que estaba haciendo su trabajo. Ante la situación se acercaron otros periodistas y el ahora condenado, reiteró su inocencia y dijo que todo lo que tenía para decir lo manifestó en el debate.

    Mas tarde, quien según pudo determinar El Diario es la hija del comisario, también funcionaria policial, le dio un golpe en la mano a un movilero de Radio La Voz 90.1, mientras trasmitía en vivo, logrando interrumpir la transmisión porque el celular cayó al piso.

    Al igual que su padre, la funcionaria adujo que no quería que la filmaran, no obstante que el trabajo del movilero no la comprendía.

     

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