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sábado, diciembre 14, 2019
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    Contratos truchos: la prisión preventiva, el tema que divide aguas en el Poder Judicial

    La jueza Barbagelata hizo lugar al pedido de Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva de los imputados Faure y Pérez.

    En una sentencia zigzagueante, en la que adhirió a un fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal pero luego criticó, la jueza prorrogó la medida a pesar de que Fiscalía invocó un artículo que sólo está destinado a la defensa del imputado.

     

    Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

    La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, decidió este miércoles 20 de febrero prorrogar la prisión preventiva por 60 días de los imputados Gustavo Pérez, defendido por Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, y de Ariel Faure, representado por Leopoldo Cappa, en la Unidad Penal N°1 de Paraná en las mismas condiciones en la que venían cumpliendo la medida de coerción más grave que prevé el Código Procesal Penal (CPP) mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

     

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    Así, los dos sospechados de desempeñar roles determinantes en la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura continuarán alojados en un pabellón de procesados, separados de los ciudadanos con condena efectiva.

    La jueza hizo lugar al pedido de los fiscales auxiliares Aramberry y Yedro.

    Las defensas sostuvieron la inocencia de ambos imputados y reiteraron que aquellos no han realizado ningún acto de entorpecimiento de la investigación, añadiendo que Fiscalía tampoco pudo decir concretamente cómo podrían hacerlo, ni mencionó ningún hecho nuevo en este sentido.

    Tras la sentencia de Barbagelata, los defensores realizaron el planteo casatorio, que fue admitido por la jueza, como así también la reserva del caso Federal suficiente. Recordaron que aún está en trámite ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal el recurso de queja por la denegatoria de la Impugnación Extraordinaria ante el STJ.

    Ambas se opusieron a la prórroga y solicitaron la inmediata libertad de sus defendidos. Previamente ofrecieron una serie de normas a cumplir si se les otorgaba la excarcelación.

     

    En este sentido, al defensa de Pérez recordó que a fin de diciembre y comienzo de enero estuvo con prisión domiciliaria, instancia en la que cumplió a “rajatablas” las normas que se le impusieron.

    Barbagelata hizo lugar al pedido de los fiscales auxiliares Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes indicaron que solicitaron la audiencia invocando el artículo 366 del CPP que refiere a la “Revisión a pedido del Imputado” y prescribe que “el Imputado y su Defensor podrán solicitar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas”.

     

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    “El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El Juez de Garantías decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria”.

    El artículo claramente indica que la solicitud de revisión de una medida es potestad de la defensa, lo que fue señalado por la defensa de Pérez que sostuvo que la audiencia no sería ya para analizar la prórroga. Incluso en el calendario de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se informa que la audiencia es de “Prórroga de prisión preventiva”. Fuentes judiciales consultadas deslizaron que “en otros casos se dicta la nulidad de la audiencia o se rechaza in limine el pedido”.


    Los abogados defensores sostuvieron la inocencia de ambos imputados. Fotos Ricardo Holle.

    Barbagelata, a quien se pudo observar inquieta y en algunos pasajes de la audiencia hasta incómoda, manifestó que coincidía en “un cien por ciento” con los argumentos vertidos por las partes, aunque “en abstracto”; como asimismo sostuvo que coincidía del mismo modo con el fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que hizo lugar al recurso de queja de las defensa de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialócomo, ordenando su inmediata libertad bajo caución mientras dure el proceso.

    La jueza consideró que aquella resolución aportó “poco o nada” al tema que hoy divide las aguas en el Poder Judicial. En este sentido, en respuesta a los argumentos de las defensa que citaron y destacaron el fallo de la Sala, indicando que no se lo podía soslayar puesto que se expidió sobre la libertad de otros coimputados en la misma causa, Barbagelata enarboló que cada instancia del proceso es “independiente” a la hora de tomar sus decisiones “jurisdiccionales”.

    La jueza sostuvo que el parámetro que permitía determinar la “legitimidad” del plazo solicitado por los fiscales se podía hallar en la “razonabilidad” del mismo y en si respetaba la Ley, la Constitución y las Convenciones internacionales que se incorporaron a la Carta Magna nacional.

    Así, concluyó que la medida no constituía un “anticipo de pena”. También entendió, en contra de los argumentos de las defensas, que la “verosimilitud” de la imputación se encuentra relacionada con la “vinculación” de los imputados a los hechos atribuidos, lo que fundamentaría “el propósito de obstruir” la investigación.

    Así, en contra de lo sostenido por la Sala cuando sustentó que no se podía fundar la solicitud de la prisión preventiva en la importancia de la investigación, ni con la mera invocación de los riesgos procesales, Barbagelata hizo lugar al pedido de los fiscales.

    Investigación “en tiempo real”

    Aramberry y Yedro reconocieron que vienen recordando los riesgos procesales en distintas audiencias desde el inicio de la IPP. En este sentido volvieron a enumerar el vaciamiento de la oficina de Faure en calle Alameda de la Federación, evidencia que fue tachada de nula por la defensa pero ratificada por el juzgado de Apelación, los mensajes que se enviaron los imputados mientras se realizaban los allanamientos y la gravedad del hecho investigado, del que indicaron que en dos meses estarían en condiciones de solicitar la remisión de la causa a debate. En una audiencia anterior, aseguraron que la instarían en marzo.

    También sostuvieron que llevan adelante, a diferencia de otros hechos de corrupción,  “una investigación en tiempo real”. Así, señalaron que hay personas que trabajan en la administración pública que se dedican a entorpecer la investigación.

     

     

     

     

     

     

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