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Causa Narcomunicipio: piden el sobreseimiento de Varisco

Las defensas solicitaron la nulidad de la elevación a juicio. Se opusieron a su elevación, plantearon la nulidad de ciertos actos de la investigación que llevó adelante el juez Ríos e instaron el sobreseimiento de sus defendidos.

La solicitud también involucra a la funcionaria Bordeira y al concejal Hernández.

 

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto, defensores del intendente Sergio Varisco, sostuvieron en el escrito en el que pidieron la nulidad de la elevación de la causa conocida como narcomunicipio, a juicio que “no existe a lo largo de la  pretendida motivación sucinta realizada por el fiscal, una sola prueba tendiente a demostrar que estamos frente a la financiación de una organización narco criminal”.

Tras plantear la oposición a la remisión a juicio, instaron el sobreseimiento del funcionario señalando que “entre lo que pasó realmente y creen el juez y el fiscal, existe una distancia abrumadora, enorme y muchísimo mayor de la que se considera. Ahí anida, precisamente y desde la génesis del problema, estas distorsiones valorativas, producto de los prejuicios, pre-conceptos y arbitrariedades que caracterizan a la íntima, más no a la libre, convicción del Juez instructor seguida, aunque con matices, por el Ministerio Público Fiscal”.

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También se sumaron las defensas del concejal Pablo Hernández (UCR), en manos de Milagros Serra Cullen; y la de la funcionaria municipal Griselda Bordeira, en manos de Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende.

Las defensas plantearon la nulidad porque entendieron que la acusación, entre otros puntos, adolece de una “relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, y la falta de exposición sucinta de los motivos en que se funda la remisión”.

El intendente Varisco es defendido por los abogados Cullen y Pagliotto.

Sin peculado

La defensa de Varisco señaló que “el auto de elevación de la causa a juicio formulado por la Fiscalía, en lo sustancial, aunque en forma mucho más sintética, sostiene parcialmente el auto de procesamiento del juez Federal, haciendo varias salvedades y dejando fuera de la requisitoria a hechos como el peculado y la adquisición de sustancia estupefaciente (cocaína), por lo cual, en el caso de nuestro defendido Varisco, su imputación se ciñe exclusivamente al hecho de la probable actividad de financiamiento de las actividades de comercialización (compra y venta) de estupefacientes”.

En otra parte del extenso escrito, los defensores destacaron que “en definitiva, como ya dijimos hasta el empalagamiento,  la imputación que se le hace  a Varisco y que da pábulo al procesamiento, no encuentra un anclaje en pruebas directas ni siquiera en indicios unívocos y concordantes que consten en causa ni se compadezcan con la realidad, pudiendo afirmar a esta altura con cierto grado de razonabilidad de nuestra parte que el intendente fue procesado por hechos o que no existen o que si existen no están probados que él tenga que ver con ellos”.

Sin ambages, Cullen y Pagliotto aseguran que Varisco fue víctima de una extorsión de parte de Daniel Tavi Celis, señalado como líder de una banda que se dedica a la venta de droga y habría sentado su organización en la Unidad Municipal N°2 para expandir el ilícito negocio.

Así, indicaron: “Señor juez: si leemos atentamente y sin prejuicios la causa, comprobaremos que Celis resultó un extorsionador, no andemos con vueltas. En varios de los pasajes del auto de procesamiento que ha quedado firme, advertimos con estupor y preocupación, que se arriba a conclusiones erróneas, propias de tener por probadas ciertas circunstancias sucedidas de un modo que no se compadece con la realidad material o histórica”.

Además, añaden que “en ciertos momentos se incurre –directamente- en vicios de logicidad, incluso, torturando los principios rectores de la sana crítica racional. Da toda la impresión, dispénsenos la franqueza su señoría, que usted está íntimamente convencido de que nuestro ahijado procesal es financiador de una organización perteneciente a la narco criminalidad, aunque no haya reunido una sola prueba contundente y ni siquiera un par de indicios que sean serios,  graves, unívocos y concordantes”.

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Cuaderno

Cullen y Pagliotto coincidieron con el fiscal en que al delimitar lo que será su acusación, sostiene que “por lo demás, por un lado, con las declaraciones vertidas por la coimputada Luciana Lemos (ex pareja de Tavi Celis) resultó sumamente debilitada la conclusión a que se arribara en la resolución dictada el 18 de junio de 2018 en cuanto a que la persona a quien Celis designa como ‘Gorda’ y que estaría encargada de distribuir estupefacientes en Concordia se trate de Bordeira. Por otro lado, no parece plausible considerar que la persona designada con el seudónimo ‘Amigo X’ se trata de Bordeira dado que, según surge, se trata de un hombre (quien refiere allí estar ‘acostado’). Y finalmente, que la anotación ‘Nacho’ consignada en los cuadernos de Lemos se refiere a Juan Manuel Gómez, destinatario efectivamente de tres de los envoltorios que el 2 de mayo de 2018 (Wilber) Figueroa Lagos proveyera a la organización liderada por Celis, tal como se corroboró al momento de iniciar el allanamiento del domicilio de Lemos”.

No obstante aquella coincidencia, discreparon “y mucho” con el fiscal “cuando pese a coincidir entonces que: no había adquisición de sustancia estupefaciente (cocaína); que claramente las anotaciones de Lemos no eran referidas a nuestro pupilo; que Celis reclamaba dinero a través de intermediarios para el cobro de una supuesta deuda de campaña, y que en definitiva, nada se avanzó desde la severa y expresa advertencia de la Cámara de Apelaciones referida a la profundización de la investigación; pese a todos  estos reconocimientos que con honestidad realiza el Fiscal y que abonan nuestra tesis defensiva del caso desde el inicio mismo de esta causa, sostiene la remisión a juicio en contra de nuestro pupilo, por el delito de financiamiento del narcotráfico”.

Cambio

Las defensas sostuvieron que el auto de elevación a juicio el fiscal realiza permanentes “saltos temporales y mezcla los fundamentos para elevar a juicio a unos y otros”.

En este sentido, Serra Cullen, abogada de Hernández, cuestionó el cambio del hecho que se le imputó al concejal. Así, sostuvo que “a este cambio fáctico y legal lo entendemos como un esfuerzo persecutorio hacia nuestro defendido, ya que hemos podido demostrar con certeza que Hernández nunca adquirió tóxico”.

También criticó que “de considerar que le entregó dinero para financiar y no para adquirir tóxico, se lo debería haber vuelto a llamar a declaración indagatoria por este cambio del hecho y de la imputación”.

En este sentido, Serra Cullen manifestó: “Como se observa por la misma conversación del 1° de diciembre y por los mismos hechos del 27 de abril, a nuestro defendido se le imputaron dos hechos totalmente distintos: En la indagatoria y en el auto de procesamiento el hecho de que Lemos le entregó droga a cambio de entrega de dinero (adquirió, comercialización) y luego una interpretación diferente y atribuyendo un nuevo hecho que Hernández entrega dinero a Lemos sin que Lemos le dé nada a cambio, es decir, financiamiento. Este cambio de adquisición a financiamiento de los días primero de diciembre y 27 de abril debe declararse nulo”.

Serra Cullen destacó el planteo de nulidad de las escuchas del 27 de abril de 2018, día en el que Lemos estuvo en la Municipalidad, por “falta de control judicial”. La defensora indicó que “la primer nulidad planteada fue respecto a la diferencia de armas que hubo entre Fiscalía y defensa”, para luego señalar “el cambio significativo que se le atribuye a Hernández, a quien en un primer momento se le atribuye entregar dinero a cambio de tóxico (comercialización), lo que probamos que no sucedió, y luego a entregar dinero para financiar el comercio de estupefacientes los mismos días 1 de febrero de 2017 y 27 de abril de 2018, como intermediario, hecho del que no se pudo defender, ni se le preguntó. Posteriormente señalamos el cambio temporal de los hechos entre la indagatoria, el procesamiento y esta remisión, primero entre los primeros días de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018, y luego desde los últimos días de diciembre de 2017”.

Causa

Según la instrucción de la causa que realizó Ríos, que fue confirmada  por unanimidad por  la  Cámara  Federal  de Apelaciones de Paraná, “las actividades de comercio de estupefacientes llevadas a cabo por la organización liderada por Celis resultaron financiadas por el Presidente Municipal de Paraná Sergio Varisco, el concejal Héctor Hernández, la funcionaria policial afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad, Griselda Bordeira y el empleado de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad Alan Nicolás Viola. Al  respecto,  considero  que  tal  imputación  ha  recibido  en  esta  instancia acreditación  suficiente,  justificándose  el  requerimiento  de  elevación  de  la  causa  a  juicio que aquí se formula”. A Viola se le atribuye una participación secundaria.