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    La evolución de una herramienta que promueve el acceso a la Justicia

    La concreción de acciones para facilitar el acceso de toda la ciudadanía al servicio de Justicia encuentra en el Programa la Justicia va a los barrios un instrumento que coadyuva a una necesidad imperiosa: promover la paz social. El Programa ha evolucionado desde su creación en 2003, llegando a más localidades de la provincia. Incluso en tiempos de pandemia no se resintió su dinámica buscando nuevas herramientas para comunicarse con la gente.

     

     

    Redacción EL DIARIO/coordinació[email protected]

    En épocas de inestabilidad institucional el servicio de Justicia encuentra en la pacificación social, el que tal vez sea su rol esencial. A partir de 2003 se empezó a instrumentar en
    Entre Ríos una herramienta que ha ido exhibiendo una evolución que aporta a aquel objetivo de profunda raigambre humanista. Fue a partir de una propuesta de la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Susana Medina. Se
    trató de la implementación de un Programa que ella denominó La Justicia va a los Barrios.
    Desde aquellos primeros años de comienzo de un nuevo milenio, cuando los funcionarios judiciales que formaban parte del Programa constituían despacho un día por semana en cada una de las Comisarías del Departamento Paraná, con el objetivo inicial de recibir “las inquietudes, consultas y reclamos de los vecinos, que muchas veces no podían acercarse al edificio de Tribunales por diferentes motivos (económicos, geográficos, temores, entre otros)”, el Programa fue evolucionando y cristalizando en nuevos servicios que se prestaban en áreas más amplias del territorio provincial. Comenzó en Paraná y hoy
    está presente en las 18 circunscripciones judiciales.

     

    RESULTADOS

    El Programa se llevó a cabo en 2004, 2006, 2011, 2012 y 2014 en Paraná, y en 2015 en Concepción del Uruguay. Fueron años en los que se observaron “muy buenos resultados en cuanto a la recepción y participación de los vecinos”. Una medida de características
    estructurales consistió en que “las consultas se atendían en una institución del contexto barrial (como la Escuela, el Centro de Salud, o la Comisaría), por parte de un equipo, conformado por una jueza de Paz, un defensor y una trabajadora social”.

    También “asistía personal de Registro Civil Móvil, para la tramitación de DNI”.

    Otra iniciativa pensada e implementada para obtener similares objetivos, consistió en el programa piloto Oficina Rural Móvil, que en 2008 y 2009 comenzó a implementarse en la ciudad de Feliciano, ubicada al norte de Entre Ríos, que tiene más del 50 por ciento
    de sus habitantes residiendo en zona rural. Así, se intentaba “atender las problemáticas en todos los distritos que la componen, facilitando el servicio de justicia a los sectores más
    postergados, principalmente debido a la inaccesibilidad geográfica a la ciudad”.

     

    LLEGAR

    En 2011 Susana Medina propuso llevar adelante el Programa Oficina Flotante e Itinerante, en Villa Paranacito, en el Departamento Islas del Ibicuy, en el sur de Entre Ríos. Ubicada en el corazón del delta, aquella localidad “tiene características muy particulares ya que está
    conformada por ríos, arroyos y canales, por lo cual son diferentes también las necesidades de su población, siendo que deben viajar horas en embarcación para obtener respuesta a sus inquietudes”.

    La Oficina móvil permitió “concentrar las distintas actuaciones que deban realizarse en el interior del delta, asistiendo de manera mensual con funcionarios judiciales designados
    (defensor, fiscal, equipo y quien sea pertinente acorde a la demanda)”. Los funcionarios “constituían despacho en una institución educativa y en algunos casos, en los arroyos circundantes, contando para ello con una lancha en condiciones de navegabilidad”.

    Además, “con la idea de que el acceso a justicia sea parte de una política permanente del STJ de Entre Ríos”, en 2018, cuando Medina era vicepresidenta de Alto Cuerpo, solicitó
    “la reedición del Programa, aprobándose mediante Acuerdo General Nº 35/18 del 13 de noviembre de 2018”.

     

    FUNDAMENTOS

    Los fundamentos que Medina sostuvo como vicepresidenta para dar forma al Programa La Justicia va a los Barrios, dan una aproximación de lo que como presidenta del STJ delineó en su discurso de apertura del año judicial: la preocupación por el acceso a la Justicia. En este sentido, citó que la Declaración de Cancún de la VII Cumbre Iberoamericana de
    Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, lo definió como “el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e
    imparcial”.

    Aquello implica “la obligación estatal de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona pueda acudir, sin ningún tipo de discriminación, para exigir la reparación de sus derechos vulnerados”. Medina añadió que “nuestra Constitución Nacional, como así también los tratados internacionales de Derechos Humanos
    – Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) garantizan el acceso a la tutela judicial efectiva”.

    Medina precisó que el Programa “fue reforzado por las 100 Reglas de Brasilia de Acceso a Justicia (2008) que tienen como objetivo ‘garantizar las condiciones de acceso efectivo a la
    justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas
    personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial’, para lo cual ‘se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad’”.

     

    Objetivos

    Entre los objetivos del Programa se encuentra: facilitar el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; otorgar a las personas en condición de vulnerabilidad un
    trato adecuado a sus circunstancias particulares; promover la adopción de medidas de acercamiento del sistema de justicia a aquellos grupos poblacionales que, por diferentes
    circunstancias, tienen dificultades de traslado o comunicación”.

    El Programa consiste en que “un equipo conformado por Integrantes de magistratura y funcionariado del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal así como profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios, se hacen presentes en una institución barrial o educativa, de acuerdo al cronograma de día y hora previamente establecido, para atender todo tipo de consultas de las personas vecinas que por diferentes motivos no pueden llegar al centro cívico”.

     

    Consultas

    Entre las consultas y trámites que se pueden hacer ante Integrantes de Juzgado de Paz, se enumera certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas. También declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social; informaciones sumarias para tramitar
    beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social; informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que la personas
    ciudadanas extranjeras tramiten la radicación; certificados de supervivencia; certificación de copias de partidas de distintas provincias, y de copias de documentación de índole
    privada. Ante integrantes del Ministerio Público de la Defensa: atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad; trámites ante Organismos Públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.
    Ante Integrantes del Ministerio Público Fiscal: recepción de denuncias; seguimiento de denuncias en trámite; atención de consultas en general, vinculadas con la comisión de delitos.

     

    Pandemia

    En 2020, a partir de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, para continuar brindando el servicio de Acceso a Justicia a la población, se dio un nuevo formato al Programa. Consistió en poner a disposición un número telefónico a los fines de la recepción de consultas a través de WhatsApp, así como también mediante mail. También se
    estableció el número 0343- 6100868 para la recepción y abordaje de consultas de toda la provincia. En 2021, las reuniones de equipos se realizaron de forma virtual, a través de
    la plataforma Zoom. Participaron representantes de equipos de las diferentes jurisdicciones.

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