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martes, noviembre 29, 2022
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    Defensor informó que fue maltratado por un alto funcionario policial

    La grave situación se conoció en la audiencia de medidas de coerción para los sospechosos de vender drogas en la Villa 351, en esta ciudad. Por acuerdo de las partes, para aventar riesgos procesales, cinco de los seis imputados cumplirán arresto domiciliario. Una mujer fue excarcelada en función de su situación familiar. Seguirá en la casa donde fue allanada, con la prohibición de contactarse con potenciales testigos.

     

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    José Iparraguirre es el defensor de cinco de los imputados por el delito de Comercialización de estupefacientes en dosis acondicionadas directamente para el consumidor, agravado por la cantidad de intervinientes. El sexto sospechoso, un policía exonerado, es defendido por Miguel Cullen. Ayer, en la audiencia ante la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, Iparraguirre expuso una grave situación que vivió el miércoles 21 de septiembre con el jefe del operativo. EL DIARIO, en su edición del jueves 22 informó que en el allanamiento estuvo el director de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, comisario Cristian Hormachea, quien dio precisiones sobre el procedimiento que se realizó de manera simultánea en 13 viviendas.

    DE PASEO. Iparraguirre expresó que “las audiencias son multipropósito, introduje alguna situación que viene ocurriendo, en lo personal, en distintos procedimientos de allanamientos con funcionarios policiales. En esta causa específica que fue un allanamiento el 21 de septiembre, el encargado del procedimiento, el funcionario Hormachea, en un momento no me dejó ingresar a una de las viviendas que estaban siendo allanadas, eran 13 viviendas, me agredió sosteniendo que me estaba paseando en las distintas casas y por eso me iba a requisar alegando como que yo estaba cometiendo un hecho delictivo o plantando alguna prueba o retirando alguna prueba de alguna vivienda, cosa que nunca iba hacer”.

    DERECHO. El defensor opinó que “es muy grave porque afecta el derecho esencial que tenemos las defensas. No entender por parte de los funcionarios que participan en los procedimientos cuál es el rol que tiene el abogado defensor, de poder controlar e ingresar en cada vivienda donde se está allanando y secuestrando elementos, es muy grave. Si a la vez, esa persona comienza a destratarlo al abogado defensor, la situación es más grave aún”.

    Ayer, en la audiencia, el defensor José Iparraguirre planteó una situación particular que atravesó en un procedimiento.

    Iparraguirre recordó que la Ley prescribe que los abogados merecemos el mismo trato que se debe a los magistrados. En este sentido, entendió que “por lo tanto, esta situación de impedir el derecho de defensa es alarmante, incluso puede llegar a plantearse la nulidad de algún procedimiento. En el último tiempo es la segunda vez que me ocurre. Nos parece que era momento para llamar la atención”.

    MOLESTA. El letrado evaluó que “parece que molesta que uno pueda estar allí controlando si están los testigos civiles de actuación, si se lleva adelante el procedimiento en legal forma, es una forma de convalidar el procedimiento; en muchos casos de dejar constancia en las actas de la hora en la que llegó el defensor y la hora en la que se retira. En muchos casos se firma el acta si el abogado se queda hasta último momento del procedimiento”.

    Iparraguirre insistió en que “es una situación grave que tiene que llamar a la reflexión, por eso lo traje al seno de la magistratura. Tengo 30 años en la profesión, si esto me pasa a mí que tengo experiencia al respecto, que he estado en múltiples allanamientos, que tengo una situación de trato diario con personal policial, no me imagino cómo puede ser con un novel abogado o abogada que tenga que intervenir en un procedimiento, que es una situación difícil”. En este sentido, bregó porque los funcionarios que “estén a cargo de los procedimientos entiendan cuál es el rol indispensable que tiene la defensa en ese tipo de acto judicial”.

    Los procedimientos se realizaron el miércoles 21 en Villa 351

    CAUSAS. Iparraguirre es un reconocido abogado que ha participado en numerosas causas por delitos de lesa humanidad e impulsado investigaciones en casos donde se presume que hubo violencia institucional sobre un ciudadano.

    En este sentido, se destaca que ante el desistimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) de seguir la acción contra los policías acusados de matar a Gabriel Guzmán en un hecho ocurrido en Barrio Capibá en septiembre de 2018, impulsó la conversión de la acción pública en privada; y el caso de Jonathan Exequiel Framulari, que presuntamente fue sacado el 1 de junio, en calzoncillos y medias y sin orden judicial de su vivienda en barrio El Sol, por personal de Robos y Hurtos, y posteriormente habría sido torturado en inmediaciones de un arroyo del oeste de Paraná.

     

    ¿MOTIVO? En este sentido, Iparraguirre, ante la pregunta de EL DIARIO sobre si ser parte de aquellas causas podría ser el motivo de la animadversión que expuso en la audiencia, expresó: “La verdad que no sabría decirlo, si fuera así sería mucho más grave aún. No tengo elementos”. Sí precisó que está llevando adelante la querella en representación de Framulari, por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en la causa en la que se investiga la presunta participación de 14 funcionarios de la División Robo y Hurtos.

    El letrado refirió que en el último mes se han hecho monitoreos y recorridas por distintos lugares de detención de la provincia con el Comité Nacional para la prevención de la tortura: “Hemos recorrido diversas localidades, alcaidías y lugares de detención, encontrándonos con situaciones realmente graves en algunos casos, estamos elaborando el informe que será remitido al Comité Nacional”.

    ESTADO. Iparraguire expresó que “la verdad es que si esta situación de agresión obedece a que uno trabaja en el marco del Estado de derecho, en cumplimiento de derechos y garantías individuales de las personas más vulnerables, porque generalmente los que están detenidos son los pibes pobres de los sectores más vulnerables de la sociedad, la verdad es que si pretenden amilanar con eso, están muy equivocados. Esperemos que no, que sea solamente un no poder entender o no saber cuál es acabadamente la función que cumple cada una de las partes en un proceso de allanamiento”.

    Finalmente sostuvo: “Nos pareció muy bien que la jueza de Garantías requiera al MPF que en un caso de procedimiento tan importante estuviera la presencia de los delegados judiciales y de los fiscales que solicitan estas medidas. Nos pareció muy atinado ese criterio”. Firpo, al tomar conocimiento de los dichos del defensor, interrogó a la fiscal para que informe si en el allanamiento estuvo el delgado judicial. La respuesta fue que no.

    Cinco detenidos en 13 allanamientos

     

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