11.8 C
Paraná
viernes, mayo 20, 2022
  • Paraná
  • Entre Ríos
  • Política
  • Sociedad
  • Nosotros
Más

    Goyeneche: jueza entendió que es el procurador quien debe decidir la recusación de su adjunta

    La magistrada Castagno realizó un fundado adelanto de la resolución en la que entendió que el apartamiento de la fiscal Cecilia Goyeneche debe ser resuelto por el jefe de los fiscales, el procurador general de la provincia, Jorge García, y no por un juez, como postularon las defensas.

     

    Néstor Belini | [email protected]

     

    La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, resolvió rechazar el recurso de apelación que los defensores de Gustavo Pérez, que es representado por Miguel Ángel Cullen y guillermo Vartorelli, y de Ariel Faure, que es representado por Leopoldo Cappa, presentaron contra la resolución que adoptó el 22 de diciembre de 2018 la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, quien decidió hacer lugar al recurso de reposición presentado por la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que fue recusada por los defensores porque entendieron que no reuniría los imprescindibles requisitos de imparcialidad y objetivad.

     

    Causa contratos truchos: rechazo al recurso de apelación contra Goyeneche

     

    Barbagelata desestimó el planteo de los defensores y sostuvo que debía canalizarse de acuerdo a las prescripciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

    Este jueves, Castagno confirmó lo resuelto por su par de Garantías en una instancias más de la causa que investiga por el presunto delito de Estafa, a una organización que durante diez años se habría dedicado a sustraer caudales públicos mediante la celebración de contratos de obra truchos a favor de ciudadanos que prestaban su nombre a cambio de ínfimas suma de dinero y sin prestar ningún servicio para el Estado.

    Castagno realizó un fundado adelanto de la resolución en la que entendió que el apartamiento de la fiscal adjunta debe ser resuelto por el jefe de los fiscales, el procurador general de la provincia, Jorge García, y no por un juez, como postularon las defensas.

    El apartamiento de la fiscal adjunta deberá ser resuelto por el procurador general de la provincia, Jorge García.

    Castagno entendió que le asistía razón a Barbagelata y Goyeneche, que postularon que para resolver la recusación de ésta se debía acudir al artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que prescribe los reemplazos de “los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad.

    El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso”.

    Cecilia Goyeneche, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos.

    La magistrada desestimó que en el caso sea aplicable el artículo 60 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (Cpper) que al abordar la “Recusación e inhibición”, prescribe que “los miembros del Ministerio Público Fiscal deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los jueces”.

    “La recusación, en caso de no ser aceptada, será resuelta en audiencia única por el Tribunal de Juicio ante el cual actúe el funcionario recusado; y durante la Investigación Penal Preparatoria, por el Juez de Garantías”.

    “El trámite se regirá por las disposiciones de la recusación de los jueces en cuanto sea compatible. Mientras dura el trámite de recusación, el Ministerio Público podrá, en caso de necesidad, sustituir provisoriamente al Fiscal actuante para evitar las demoras o suspensiones consecuentes”.

    Castagno evaluó que el tema a resolver se refirió a una cuestión de jurisdicción entre dos normas de igual rango pero que son incompatibles.

    En este sentido, sostuvo que prevaleció el artículo 35 de la orgánica del MPF, porque ésta fue sancionada posteriormente al Cpper, en donde se encuentra lel artículo 60. En este sentido consideró acertado el criterio de Barbagelata respecto de que “la norma posterior prevalece sobre la anterior”.

    Castagno también refirió que la Constitución provincial jerarquizó el rol del MPF y destacó que sus integrantes “sólo pueden ser recusados siempre y cuando exista una grave afectación del principio de objetividad”.

    Causa contratos truchos: este jueves se definiría la recusación de Goyeneche

    En esa línea mencionó que el artículo 1° de la orgánica del MPF prescribe éste “tendrá independencia orgánica, funcional y tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la provincia, pero sin sujeción e instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura. El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponde como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales y defensores, en razón de los diversos intereses que deben atender. En su labor satisfaciendo el interés general, velará por la normal prestación del servicio de justicia”.

    Las defensas recusaron a la fiscal como consecuencia de una publicación de El Diario que el miércoles 5 de diciembre informó sobre la existencia de un contrato de adhesión al Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, entre Goyeneche y el contador Pedro Opromola, sindicado en la mega causa.

     

    Goyeneche: hay un ataque al sistema judicial

     

    RESUMEN DEPORTIVO

    Lo más leído

    Agroclave