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    Sobreseen a preso que tenía droga en su celda para consumo personal

    El caso llegó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al recurso que presentó Fiscalía ante el sobreseimiento dictado en primera instancia.

     

    Redacción EL DIARIO / [email protected]

     

    La jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Mariela Rojas, resolvió “calificar la conducta atribuida a CEC en la figura Tenencia de estupefacientes para consumo personal…”, declaró la “la prescripción de la acción penal” y dispuso “el sobreseimiento” del imputado “en orden a la comisión del delito de Tenencia de estupefacientes para consumo personal…”. CEC fue procesado por el delito de Tenencia simple de estupefacientes. Así, clausuró la pretensión de Fiscalía de continuar con las actuaciones y dirimir el conflicto en un juicio.

    El caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py, integrada por Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, por el recurso que presentó Fiscalía contra el fallo de primera instancia del vocal, Roberto López Arango, que el 30 de agosto de 2019 dispuso: «…modificar la calificación legal aplicable a la conducta del imputado CER considerándola subsumida en el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737, es decir, tenencia para consumo Personal” y dictó el sobreseimiento “por no encuadrar su conducta en una figura legal, con la aclaración de que el proceso no afecta su buen nombre y honor”.

    Ante la resolución de la Cámara, Rojas asumió la calidad de Juez unipersonal en la causa y fijó audiencia de debate. Ante esta decisión se presentó la defensora oficial, solicitando la suspensión de la audiencia de debate, el cambio de calificación de la conducta atribuida a su asistido, previsto y reprimido por el artículo 14, segunda parte, de la Ley 23.737, se decrete la prescripción de la acción penal en la presente causa y el consecuente sobreseimiento de su asistido”. Por su parte, Fiscalía se opuso al cambio de calificación por considerar “prematura la discusión sobre la correcta significación jurídica de la conducta que se le reprocha a CER previo a la celebración de la audiencia de debate, como así también el correspondiente planteo de inconstitucionalidad”.

    Fallo Arriola

    En el expediente consta, según expuso la defensa, que la Cámara Federal de Casación entendió -en fallo dividido- que en el caso resultó “inaplicable el criterio del fallo Arriola”, pero mantuvieron el cambio de calificación al que hizo lugar el Tribunal Oral por pedido de la defensa pública, “más allá de la trascendencia a terceros que pudo haber tenido la conducta reprochada a su asistido”. El fallo Arriola fue dictado en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal.

    El voto en disidencia fue de Slokar, quien se pronunció a favor del cambio de calificación, mencionando que “la Fiscalía había omitido valorar los múltiples informes adjuntados por esa defensa que dan cuenta del consumo problemático y la condición de adicto de su asistido y los dispositivos en los que ha participado a los fines de tratar su adicción…”, y entendió que “ante la falta de tratamiento respecto al agravio invocado por el Ministerio Público Fiscal en el voto mayoritario de la Cámara Federal de Casación Penal, se debe estar al cambio de calificación al que el Tribunal hizo lugar en la Resolución Nº 139/19”. También entendió que el recurso de casación fue mal concedido por falta de fundamentos contra la resolución de López Arango.

    Por su parte, Yacobucci concluyó que “la resolución atacada resulta arbitraria, toda vez que a su entender la tenencia de droga que se imputa a Carro, mientras se encuentra sujeto a una medida cautelar dentro de un establecimiento penitenciario, no está amparada por un ámbito de privacidad constitucionalmente tutelado y en ese contexto constituye por sí mismo un riesgo para terceros que hace a la trascendencia de su comportamiento”. A este voto, “por compartir en lo sustancial”, adhirió Mahiques y adhirió a “su propuesta de hacer lugar al recurso y casar la resolución atacada”.

    Innecesario

    Rojas entendió que “las constancias de la causa no ofrecen duda alguna respecto de que la conducta que se le atribuye a CER debe ser entendida como constitutiva del delito de Tenencia de Estupefacientes para consumo personal”. Añadió que “la claridad con la que se presentan los hechos constatados exime a mi juicio de pasar a una etapa subsiguiente y hacen innecesaria la celebración de un más amplio conocimiento en el marco de un debate oral”. Asimismo, consideró que “se reúnen prístinamente los requisitos establecidos en la ley para adscribir la conducta constatada en la figura atenuada de tenencia prevista en el art. 14 segunda parte de la ley 23.737”.

     

    Prescripción

    Rojas, tras sostener que correspondía el cambio de calificación legal, valoró que CER “no tiene otros antecedentes penales registrados –con fecha posterior al hecho-“, y entendió que “el último acto interruptivo de la prescripción en este caso es el auto de citación de las partes a juicio, lo que ocurrió en fecha 27 de junio de 2018”. En este sentido recordó que “el ordenamiento sustancial establece que tienen dicha calidad la ‘citación a juicio o acto procesal equivalente’. Conforme a ello, habiendo superado largamente el plazo de dos años aplicable en función del encuadre jurídico que aquí se sostiene, corresponde declarar prescripta la acción penal en la presente causa”.

    El hecho

     

    El 30 de agosto de 2016, en una requisa general en las celdas, baños y patios y pertenencias de internos de la Unidad Penal N°4 de Concepción del Uruguay, al revisar la celda N°4 del Pabellón de Autodisciplina, donde estaban alojados cinco personas, los efectivos encontraron cocaína y marihuana, en escasa cantidad.

     

    Pericias

    Las pericias químicas consignadas en el expediente “concluyeron que la sustancia secuestrada se trataba de canabbis sativa –en un peso total de 37,41 gramos- y clorhidrato de cocaína –en un peso total de 6,8 gramos. Del acondicionamiento de la sustancia y los demás elementos secuestrados en el ámbito de custodia de CER –tal como hojillas para armar cigarrillos caseros- surge palmario el destino de consumo que tenía la sustancia hallada”.

    Artículo

    El artículo 14 de la Ley 23.737 prescribe que “será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de ciento doce mil quinientos a dos millones doscientos cincuenta mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes”. En el segundo párrafo, que fue considerado para fundamentar el cambio de calificación, se precisó que “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.

     

     

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