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    Causa contratos truchos: este jueves se definiría la recusación de Goyeneche

    Las defensas de dos imputados en la causa contratos truchos en la Legislatura apelaron el rechazo de la recusación y la consecuente reposición de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción al frente de la causa, Cecilia Goyeneche.

     

    Redacción | El Diario

     

    Cuestionan que sea el procurador general quien decida el apartamiento de su adjunta

     

    La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, dará a conocer hoy a las 8 su decisión respecto del recurso de apelación que presentaron los defensores de Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director del Servicio Administrativo Contable del Senado, y el contador Ariel Faure, ambos imputados por su presunta participación en la denominada causa Contratos truchos en la Legislatura.

     

    Goyeneche rechaza su recusación

    Los defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, por Pérez, y Leopoldo Cappa, por Faure, plantearon que la procurador general adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, no reuniría los imprescindibles requisitos de imparcialidad y objetivad, cuestionando que la decisión sobre su continuidad al frente de la importante investigación no debería recaer en el procurador general, Jorge García, jefe de los fiscales de la provincia, sino que es responsabilidad de un juez resolver la cuestión..

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    Antecedente

    La instancia que se realizó este miércoles tuvo un antecedente. En diciembre de 2018 la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, resolvió rechazar el pedido de recusación que presentaron ambas defensas contra Goyeneche.

    Los defensores presentaron el pedido como consecuencia de una publicación de El Diario que el miércoles 5 de diciembre informó sobre la existencia de un contrato de adhesión al Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, entre Goyeneche y el contador Pedro Opromola, sindicado en la mega causa.

    Según la información que publicó EL DIARIO, en el primero, Goyeneche y Opromola figuran como fiduciantes, en tanto que Luis Sebastián Orlando Bertozzi y José Lino Churruarin, figuran como fiduciarios. Orlando Bertozzi es el esposo de Goyeneche.

    Mientras que en el contrato de alquiler de un inmueble ubicado en calle 9 de Julio, en Paraná, la fiscal y el contador figuran como locadores. Barbagelata decidió hacer lugar al recurso de reposición de Goyeneche y la mantuvo al frente de la investigación.

     

    Información

    En la nota periodística que publicó El Diario, en la que no se “denunció” nada sino que se informó sobre una situación atípica, se citó fuentes judiciales que resaltaron que “Opromola y sus socios sindicados en esta escandalosa causa, aún no fueron inhibidos como sí lo fueron Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure y Sergio Esteban Cardozo, quienes compartieron tiempo atrás, oficinas en el estudio contable de Opromola, sito en calle Misiones 276”.

    Al momento de aquella publicación, Faure y Pérez estaban privados de la libertad en la Unidad Penal Nº1 con prisión preventiva. También se informó que “la dirección del estudio que fue allanado meses atrás, no es un dato menor en el entramado que deberá ser investigado, puesto que allí Goyeneche y Opromola, según la quinta cláusula del contrato de locación, se comprometieron a pagar los inquilinos por ‘adelantado del Primero (1) al Diez (10) de cada mes’, el alquiler, si bien se dejó aclarado la posibilidad que pueda ser ‘donde el locador lo indique en el futuro’”.

     

    Esencial

    Cullen sostuvo que es “esencial contar con un Ministerio Público Fiscal (MPF) con ciertas características como objetividad, legalidad e imparcialidad”, por lo que entendió que no debe quedar en manos de García la continuidad de su adjunta en la importante investigación. En este sentido, señaló que aquella situación “no pasa el filtro de constitucionalidad”.

    El defensor insistió en que “no puede ser otro que un juez quién debe resolverlo. El procurador podrá opinar sobre el asunto, pero no puede declarar inconstitucionalidad, eso sólo lo pueden hacer los jueces” y agregó que “la decisión del procurador sería una atribución que va en contra de todos los preceptos constitucionales”.

     

    Contratos truchos: una vinculación podría complicar la investigación

    Por su parte, Cappa cuestionó que “no corresponde que la recusación se tramite ante el procurador”; fundamentando su posición en que “hay una evidente amistad entre Goyeneche y el procurador”.

    Las defensas hicieron reserva del caso federal si la jueza decide confirmar lo resuelto por su par de Garantías. Entienden que se afectarían garantías constitucionales.

    Finalmente sostuvo que “se debe revocar fallo de Barbagelata y se debe invocar que ingrese al fondo del asunto. Que resuelva y declare la vigencia o no de las garantías constitucionales, porque Pérez quiere ser investigado por un MPF objetivo e imparcial”.

     

    Facultad

    A su turno, Goyeneche se amparó en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, que en el Capítulo VIII Disposiciones específicas del MPF, en el artículo 35 prescribe que: “ Reemplazos. Los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso”.

    Así, la fiscal argumentó que su superior tiene la facultad para decidir su apartamiento de la causa y no un juez. Goyeneche resaltó que quienes la cuestionan “no han demostrado la imparcialidad” que fundamentaría su apartamiento.

     

    Algo no está bien si hay que ser valiente para informar

     

     

     

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