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lunes, agosto 8, 2022
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    Revocaron fallo que sobreseyó al exgobernador Sergio Urribarri

    Este jueves fue revocado el sobreseimiento al exgobernador Sergio Urribarri en la causa por supuesto pago de coimas en las contrataciones de un sistema de software para la Administración Pública, realizados a la empresa del paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

     

    El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Elvio Garzón, revocó ayer el sobreseimiento que dictó el 3 de mayo, el juez de Garantías, Mauricio Mayer, quien desvinculó al ex gobernador y ahora condenado, Sergio Urribarri, de la causa que lo investiga junto a diez personas más -entre funcionarios y particulares- por el supuesto pago de coimas en la contrataciones de un sistema de software para la Administración Pública, realizados a la empresa del empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.

    En su resolución, el juez sostuvo que su par de Garantías, basó su decisión solo leyendo el legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y sin leer el legajo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). “Se advierte claramente que el juez Mayer no vio, no examinó el legajo de la investigación”, y basó su decisión solo en el de la OGA. Así, entendió que, en este caso, para determinar la insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal (MPF) para continuar investigando, el juez de primera instancia valoró erróneamente el último acto interruptivo para determinar la prescripción.

    El juez consideró que del legajo de la IPP surgen innumerables actos que corroboraban que la causa no estaba parada por inacción fiscal. Así, citó una gran cantidad de medidas que tanto Fiscalía como defensas, fueron solicitando a través del proceso. A paso seguido sostuvo que los 18 meses que establece la norma para determinar la prescripción de la investigación, no habían transcurrido aún.

    Garzón, que al inicio de la audiencia se solidarizó con los abogados que fueron agredidos por un grupo de libertarios tras el final de la audiencia que él presidió, también se refirió a las expresiones de la fiscal coordinadora, Matilde Federik, que en el contexto de este proceso pidió la presencia de jueces probos. La calificó como “una frase poco feliz”.

    A Urribarri, se le atribuyó que en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como Gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.

    En aquel hecho habría participado como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.

    Además, a Urribarri y a Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.

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