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lunes, agosto 8, 2022
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    El derecho de defensa

    Reflexiones sobre ese derecho fundamental, plenamente vigente en el estado de derecho.

    Colaboraciones / Laura Gema Zaccagnini de Gambino

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    Esta contribución pretende examinar las garantías jurisdiccionales en el estado de derecho que tutelan a todas las personas -sin excepción- y de las que nadie puede ser privado y que analizadas desde la perspectiva del hombre y su dignidad. La defensa en juicio es una de las más gravitantes y resulta ser además, instrumento dinamizador de cambios cuando se deban asegurar derechos fundamentales, y como garantía judicial (procesal) es esencialmente el acceso a la jurisdicción. Recrear este tema resulta imprescindible frente al hecho perpetrado con hostigamiento e intolerancia, grosera e inadmisiblemente expresada, cometido en forma colectiva contra abogados en el alto ejercicio de la profesión, recientemente en el centro cívico de la capital provincial.

    El debido proceso legal y su acepción adjetiva, proceso justo, configura la exigencia fundamental en la defensa de las libertades, en el marco institucional, social y colectivo. La libertad, en su estricto sentido, contribuye al conjunto del sistema de otras, a la vida, al honor, la religiosa, política, de expresión, de opinión, patrimonial, entre muchas- de las que nadie puede ser privado y que como garantía judicial procesal es esencialmente la defensa en juicio y acceso a la jurisdicción, como forma de regular primordialmente la obtención de diferentes posiciones al sistema de instituciones básicas de la sociedad.

     

    PROCESO

    Como sabemos, el derecho al debido proceso legal se materializa y concurre de múltiples formas entre quienes constituyen el paradigma del jurista: jueces, académicos, abogados. Estos últimos son absolutamente esenciales y garantes en primer lugar, de cumplimentar la garantía del juez o tribunal imparcial, que el pronunciamiento se obtenga en tiempo razonable, que la sentencia de la naturaleza o plano en que se emita, sea fundada, bregan también los abogados por el respeto a la presunción de inocencia que rige a lo largo del proceso hasta la sentencia firme. Tutelan el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y por su incumbencia profesional, aseguran el derecho a la defensa técnica efectiva, que es ser asistido por un defensor -electo y suministrado de oficio-, asegurando una virtuosa amplitud para comunicarse libremente entre sí, con otros sujetos procesales y el propio juez. Este ejercicio profesional especifica el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. En este punto, cabe señalar que los fiscales, como garantes de los derechos humanos, tienen la obligación de asegurar a todas las personas, recursos judiciales sencillos y eficaces ante denuncias de violaciones a sus derechos, desempeñando un papel central para el respeto y garantía de los derechos humanos, en general; y de los de protección judicial y debido proceso, en particular. Así lo exigen los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia constitucional y convencional, aplicando al efecto los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, tienen entonces como función asumir esos compromisos en la materia aludida y fundamentalmente en temas de transcendencia, y fundamentalmente, garantizar el derecho al debido proceso y a la realización de acciones concretas y decisivas en la defensa del interés general, ya que a su cargo está el efectivizarlos.

     

    MARCO LEGAL

    En el marco legal constitucional y convencional, por vía de los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que la nación argentina ha adherido, se construye el marco estructural en que se sostiene el sistema legal: el debido proceso sustantivo -garantía de razonabilidad- y el debido proceso adjetivo -el derecho de defensa en juicio-, ellos enraízan para la obtención en su sentido más amplio y genuino el valor de la justicia. Estos derechos y garantías a lo que se alude supra, están expresamente reconocidos en los textos constitucionales y convencionales: artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, fundamentalmente 65 de la Constitución de Entre Ríos, ídem artículos 5°, 18°, 28°, 33° de la Constitución Nacional, más el precepto contenido en el artículo 75, inciso 22 según el cual los tratados internacionales sobre derechos humanos -en las condiciones de su vigencia- tienen jerarquía constitucional, expresando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un núcleo tutelar de predominante jerarquía sobre el debido proceso y el derecho de defensa (Arts. 3°, 7°, 8°, 10°, 11° entre otros).-

    El debido proceso y los abogados: un servicio de justicia más eficaz y respetuoso de los derechos de las personas, debe prevenir y perseguir prácticas constitutivas de violencia institucional, garantizar el acceso a la justicia de todos los sectores, lidiar con la persistencia de patrones sistemáticos de impunidad ante determinados crímenes que configuran violaciones a los derechos humanos, avanzar en reformas que garanticen el debido proceso legal y asegurar el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otras. Es precisamente Couture, ilustre abogado y académico, quien se anticipa y avizora la constitucionalización del proceso, una interpretación pragmática y dinámica del acceso a la justicia, que el proceso adjetivo concrete el proceso justo y la realización concreta de esa prerrogativa, que es la defensa propiamente. Es este el terreno, donde los abogados posibilitando el acceso al proceso, contribuyen a la búsqueda de los medios de prueba, que ellas sean adecuadamente apreciadas y controladas y como deber de colaboración aportan a la necesidad pública -social- para que se arribe a un resultado justo, y a la renovación de las valoraciones colectivas como es el bien común y del principio de la inviolabilidad de la persona.

    Finalmente, y asumiendo a cabalidad que la Constitución entrerriana expresa que la dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes y el respeto a la ley, son fundamento del orden político y la paz social. Sólo cabe señalar que contribuyendo los abogados -por profesión, por vocación y por pasión- a esa fundamental tarea en el estado de derecho, no cabe sino concluir, que se repudia la ofensa inferida a abogados en el alto ejercicio de la profesión.

     

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