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domingo, julio 3, 2022
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    Empresas de colectivos del interior suspenderían los servicios nocturnos

    Los transportistas de carga llevan adelante una medida de fuerza nacional desde con manifestaciones, bloqueos en las rutas y un paro por tiempo indeterminado en al menos 13 provincias.

    Reclaman la actualización de las tarifas de carga, la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el valor del combustible. La protesta continuará luego de que fracasara una reunión prevista en el Ministerio de Transporte de la Nación, que conduce Alexis Guerrera, según publica Radio Nacional.

    “Las medidas van a continuar dado que el ministro no se ha presentado en la reunión y dejó una segunda línea para recibirnos”, declaró Santiago Carlucci, de Transportistas Unidos de Argentina (Tuda), en la puerta de la cartera oficial a la prensa. “La decisión fue, si no nos recibía el ministro de Transporte, quien puede dar una solución, continuar con la medida”, agregó.

    El encuentro iba a realizarse en el área de Transporte de Cargas de la Cartera nacional, en el microcentro porteño, luego de que por la mañana se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata (punto neurálgico para el acceso a la zona metropolitana desde la zona sur). La misma escena se pudo observar en Villa La Rivera, Santa Fe, en Villa Constitución, sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la AO12 y la ruta 18, y en varios puntos de la ruta 34, en Entre Ríos.

    Pero este no es el único conflicto de magnitud que tiene por delante la cartera de Guerrera. En simultáneo, empresarios del transporte de pasajeros de ciudades del interior amenazan con suspender los servicios nocturnos ante la falta de definición sobre subsidios. Un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que desde la semana próxima interrumpirán los servicios entre las 22 y las 6 de la mañana, como resultado de un conflicto por la asignación de subsidios. Las empresas reclaman $70.000 millones mientras que el Poder Ejecutivo asignó una partida de $38.000 millones, un 45% menor a la que consideran necesaria.

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