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domingo, julio 3, 2022
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    Cierran un proceso de 15 años contra ex funcionaria provincial

    Se le atribuyó el delito de violación de deberes de funcionario público y fraude a la administración pública por hechos que ocurrieron en 2007. En un abreviado se acordó la aplicación de una pena de multa por un monto actualizado tal como lo determinan los delitos de malversación y peculado culposo, tales las calificaciones legales por las que se celebró el acuerdo.

     

    Redacción EL DIARIO /[email protected]

     

    Una ex funcionaria de la Subsecretaría de Asistencia Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social del Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos, reconoció en un juicio abreviado su responsabilidad por los delitos de Malversación y Peculado culposo y aceptó pagar una multa, tal como lo prevén aquellas figuras, en concepto de reparación del daño.

    Los hechos investigados ocurrieron en 2007 y el perjuicio a las arcas del Estado se determinó en la suma de 12.000 pesos.

    Se comprometió a pagar el monto de 44.000 pesos. Esta suma se alcanzó tras actualizar el monto del perjuicio según un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa actualizada del Banco Nación.

    La audiencia se realizó el miércoles 8 de junio ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala.

    La defensa de la imputada estuvo a cargo de Héctor Toloy y la acusación pública fue responsabilidad de la fiscal coordinadora, Matilde Federik.

    En la audiencia, la imputada, de 58 años, se comprometió a realizar “inmediatamente” la transferencia de la multa acordada. Las partes reconocieron que se trató de un “juicio interminable”.

    También, que hubo por parte de la imputada una “conducta negligente” y que no había controles para determinar que las personas que cobraban el plan hayan sido los reales destinatarios de la asistencia. En este sentido, se precisó que se está sustanciando otra causa por aquellas situaciones.

    A la ex funcionaria se le atribuyó que «en su carácter de subsecretaria de Asistencia Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, conforme surge del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, a raíz de la auditoría ordenada por el Ministerio de Salud y Acción Social”, en la Municipalidad de una localidad del Departamento Federal, “se detectaron irregularidades en la ejecución del Programa Refuerzo Alimentario Focalizado (PRAF), relacionado con la confección del padrón complementario del mes de febrero de 2007”.

    La imputación consignó que “como resultado de la tarea llevada a cabo se determinó que en la incorporación de beneficiarios a dicho padrón no se respetaron los criterios fijados por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia – teniendo en cuenta los parámetros de inclusión normados según convenios firmados con la Nación que fija los requerimientos a esos fines”.

    Así, se señaló que “atento surge de lo informado por la directora” de un hospital del Municipio, “ninguno de los beneficiarios que conforman el padrón complementario del mes de febrero de 2007, cumplieron el trámite en dicho nosocomio, al que le compete emitir el certificado correspondiente que avalara la inclusión según los parámetros descriptos en el Programa – ciertas enfermedades y problemas por desnutrición en embarazadas, niños, ancianos” y otros.

    Además, se determinó que “según el referenciado informe del Honorable Tribunal de Cuentas, por datos proporcionados por Sidecreer SA, las erogaciones por parte del Estado Provincial por dicho programa en base al padrón complementario representó un total de 12.054 pesos en el período de febrero a mayo de 2007, correspondiendo al mes de febrero de 2007 la suma de 2.304 pesos, aclarando que los bonos correspondientes al mes de marzo/2007, estando en proceso al momento del informe la entrega del mes de junio/2007”.

    Como dato relevante se agregó que “70 de los aproximadamente 200 beneficiarios del padrón en cuestión, no residirían en la localidad, dos de ellos fallecidos, y una de las personas se encuentra incluida dos veces, pero a pesar de ello según Sidecreer, los bonos aparecen como cobrados.

    Asimismo, se detectó la existencia de personas que figuran en el listado como beneficiarios, que manifestaron no haber recibido los bonos, pero no obstante ellos figuran como abonados por Sidecreer”.

    “Graves irregularidades”

    La acusación sostuvo que “lo reseñado permite concluir que existen graves irregularidades en la confección del Padrón Complementario, encuadrado en el Sub-Programa B del PRAF, como así también en su ejecución y administración, en el que se incluyeron beneficiarios sin estar dentro de los parámetros fijados por reglamentación vigente y fue ejecutado sin el debido control, situación que originó una erogación patrimonial dañosa para el Estado Provincial, por un monto estimado de aproximadamente 12.000 pesos originado en el cobro del beneficio por el período comprendido entre los meses de febrero a mayo de 2007″.

     

     

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