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miércoles, julio 6, 2022
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    Piden que se revoque sentencia que denegó dos probation

    El pedido se formuló en el contexto de la causa en la que se investiga supuesto direccionamiento de licitaciones hacia la firma Relevamientos Catastrales SA. La causa tiene como imputados a funcionarios de la gestión de Sergio Urribarri y a empleados de la firma. Fiscalía y defensa solicitaron que se conceda la Suspensión del juicio a prueba o Probation a dos empleados de la firma investigada. Entendieron que quedaron en “un limbo jurídico”.

     

    Redacción EL DIARIO / [email protected]

     

    El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Elvio Garzón, informó que dará a conocer la resolución del pedido que ayer le formularon Fiscalía y defensa, el mismo día en que dé a conocer su resolución respecto de la apelación de los sobreseimientos del ex gobernador, Sergio Urribarri, sobre quien ya pesa una condena de ocho años de prisión dictada en sentencia de primera instancia, y de Carlos Haidar, ex director de Informática, y de Miguel Ángel Ulrich, ex director General de Ajustes y Liquidaciones.

    Ambas partes solicitaron que se conceda la Suspensión del juicio a prueba o Probatión a Alfonso Campitelli y Jorge Zanabone, investigados como partícipes necesarios en la causa Cardona Herreros, que se sustancia para determinar las responsabilidades de 11 personas, entre ex funcionarios y empleados de la firma Relevamientos Catastrales SA, en el delito de Negociaciones incompatibles con la administración pública.

     

    CUESTIONAMIENTO

    José Carlos Palacios, defensor de los imputados, y los fiscales Matilde Federik y Gonzalo Badano, coincidieron en solicitar que se revoque la sentencia del juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, que resolvió rechazar el pedido de Probation en la audiencia en la que dictó el sobreseimiento por insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal (MPF) para seguir investigando por caducidad de los plazos procesales, del ex gobernador, Urribarri, de Haidar y de Ulrich.

    Palacios cuestionó la decisión de Mayer porque entendió que dejó a sus defendidos en “un limbo jurídico” cuando resolvió no homologar el pedido. Sostuvo que la sentencia fue ilegal, contradictoria y arbitraria.

    Añadió que violaba las garantías del debido proceso y de defensa. Desarrolló que la sentencia que dictó el sobreseimiento de los tres coimputados no está firme, porque aún subsiste y continuará el derrotero institucional hasta su resolución definitiva.

    Así, planteó que aquella situación privaría a sus defendidos de acceder a una resolución prontamente. Palacios destacó que la resolución que planteó fue acordada, no fue apresurada, añadiendo que se trabajó durante mucho tiempo.

    Los fiscales adhirieron a los fundamentos del pedido de la defensa, informaron que estaban al tanto del planteo de la defensa y coincidieron en que los imputados quedaron en un limbo jurídico porque no fueron sobreseídos y quedaron sometidos al proceso.

    En este sentido, cuestionaron que Mayer señaló el gravamen que les ocasionaba a Urribarri, Haidar y Ulrich, pero no lo tiene respecto de dos personas que están imputadas por una participación necesaria.

    También destacaron que uno de los imputados ofreció una importante reparación económica, tal como lo prescribe el instituto de la Probation.

     

    La reacción

    Néstor Belini

     

    El ingreso de la prensa a la audiencia donde se iba a tratar la apelación al rechazo de la solicitud, acordada entre Fiscalía y defensa, para dos imputados en la causa denominada Cardona Herrero tuvo un condimento especial.

    Los efectivos que tienen la responsabilidad de custodiar el ingreso a los salones de audiencias y de preservar que aquellas se desarrollen dentro de los límites racionales y que prescriben los protocolos, solicitaron –en una medida inusual- los DNI de los pocos periodistas que desde hace mucho tiempo cubren la agenda de Tribunales. Somos pocos y nos conocemos todos.

    Primero se estableció un cupo. Este cronista escuchó a una funcionaria advertir a un colega que era el último “anotado” para ingresar.

    Minutos más tarde llegó una colega que participa siempre de las coberturas y casi se queda sin poder ingresar. Fue por la intervención de otro colega del medio para el que trabaja, que pudo hacerlo.

    Otro colega, que cubrió otra audiencia y al término de aquella quiso ingresar a la que significó la continuidad de la del escándalo del viernes 10, no pudo hacerlo a pesar de que es habitual verlo hacer las coberturas de causas en las que se investiga a funcionarios públicos. El hilo, siempre, se corta por lo más delgado.

    En otras ocasiones he sostenido que imponer restricciones a los periodistas para cubrir causas de innegable repercusión pública no encuentra fundamentos en protocolos que determinan el comportamiento en los salones de audiencias.

    Primero, porque nunca presencié que ningún colega “perturbe” con su comportamiento el normal desarrollo de un debate. Segundo, y mucho más importante, porque se está restringiendo una mediación imprescindible para que sociedad pueda acceder a los pormenores de aquellas causas, con la mirada que cada periodista y medio le da al caso. Se trata del derecho de la sociedad a ser informada con rigor, seriedad y verosimilitud.

    Tercero ¿qué posibilidades de realizar su trabajo queda para los movileros de radio y televisión y a los camarógrafos? Desconocer que la cotidiana agenda de aquellos comprende varias coberturas de hechos de interés público por mañana, es privar a sus públicos de acceder a aquella información y significa acotar sus agendas de noticias que hacen a la cosa pública.

    Así, la orden que los funcionarios seguramente recibieron de sus superiores, atenta u obstaculiza aquel derecho inalienable de todos los ciudadanos y ciudadanas.

    Que un grupo de inadaptados, que según se informó vienen de otra provincia y tienen claros intereses políticos, haya realizado acciones que atentan contra la institucionalidad y contra el ejercicio del derecho de defensa, consagrado en normas nacionales e internacionales, no puede derivar en restricciones al ejercicio del periodismo.

     

    Fiscalía apeló el sobreseimiento de tres funcionarios acusados de corrupción

     

     

     

     

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