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sábado, agosto 15, 2020
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    Ratifican condena al Iosper y al gobierno provincial por negar remedio oncológico

    La sentencia confirmó otra de primera instancia que ordenó la cobertura integral de la medicación oncológica que la obra social de la provincia debía proveer a un niño.

     

    El fallo destacó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales y rechazó la apelación del Iosper al fallo de primera instancia.

     

    Se rechazó la apelación de la obra social

     

    El Tribunal de Feria del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, resolvió este jueves por mayoría, que no existe nulidad y en consecuencia ratificó la condena al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y al Estado provincial a pagar, en un 20 por ciento y en un 80 por ciento, respectivamente, el medicamento requerido por un niño que afronta un tratamiento posoperatorio.

    El Tribunal ratificó la sentencia de primera instancia en el expediente “GJR en representación de su hijo menor c/ Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/acción de amparo (en feria)”.

    El 7 de enero pasado el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Cánepa, hizo lugar a la acción de amparo que presentó la familia del niño y ordenó la cobertura integral de la medicación, denominada comercialmente Qarziba.

    Según se indicó, la medicación fue prescripta por la médica oncóloga que atiende al niño en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el padecimiento del menor, consistente en neuroblastoma estadio IV.

     

    Responsable

     

    En la resolución los vocales Hugo Perotti y Eduardo Carbó consideraron que “si bien la droga no se comercializa, la autoridad administrativa autorizó su ingreso para este caso concreto. Además, ambos magistrados destacaron el rol del Estado como responsable subsidiario en los servicios de salud, que los profesionales tratantes tomaron los recaudos necesarios, y que en el país hay nosocomios que realizaron tratamientos con la droga requerida”.

     

    La sentencia sostiene que “el amparista es afiliado al Iosper, que por lo tanto debe hacerse cargo de la cobertura del medicamento para su hijo, y que el Estado está sujeto a ciertos deberes hacia las personas bajo su jurisdicción respecto al derecho a la salud”.

    Asimismo destacó que “la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Por eso el juez rechazó la apelación del Iosper al fallo de primera instancia”.

    En otro párrafo se recordó que “el derecho a la salud constituye hoy en día un derecho personalísimo, indiscutible, ostentando además raigambre constitucional dado que su reconocimiento y protección se desprenden de varias disposiciones de la Carta Magna”.

     

    Disidencia

     

    El voto disidente correspondió al vocal Bernardo Salduna, presidente del Tribunal de Feria, quien entendió que “ante la falta de autorización para la comercialización del medicamento en cuestión ‘los costos de las investigaciones en seres humanos’ no deben ser soportados por el Estado provincial ni por el Iosper”.

    En ese sentido, según se informó, subrayó que “se desconocían los efectos adversos de lo pretendido, con apoyo del dictamen del Instituto Nacional del Cáncer agregado al expediente”.

    Tras mencionar antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Salduna señaló que “únicamente la demostración de la eficiencia del medicamento constituye una de las condiciones mediante las cuales se le podría exigir al Estado un tratamiento médico ya escogido”.

    Y consideró que deben observarse “las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que exceden el caso, y que los magistrados no pueden ignorar”.

     

     

    Enzo, junto a su papá, durante una de sus internaciones.

     

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