Los números no mienten, aunque incomoden. Los últimos datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) confirman que en abril de 2026 desaparecieron 1.814 empresas más, una caída mensual del 0,37% que no es un tropiezo sino la continuación de una tendencia que ya lleva más de dos años sin dar tregua.
El acumulado desde la asunción de Javier Milei ya alcanza las 28.262 empresas dadas de baja, lo que representa una caída del 5,5% del universo empresarial formal del país. Solo en el primer cuatrimestre de este año cerraron 5.654 compañías con al menos un empleado, y casi dos tercios de ese total se concentran en los meses de marzo y abril.
Detrás de cada empresa que se apaga hay salarios que no llegan, proveedores que quedan cortos y familias que reorganizan su vida de apuro. Y en su mayoría son pymes las que caen. El Gobierno intentó relativizar el impacto argumentando que las empresas que desaparecen son pequeñas, pero desde el centro de estudios Fundar advirtieron que la metodología del SRT no distingue quiebra de reducción de plantilla: una empresa que pierde dos empleados puede salir de una categoría sin haber cerrado formalmente. Lo que sí es cierto, sin vuelta, es que 341.396 puestos de trabajo formales se perdieron en el mismo período.
El problema se retroalimenta. Las pymes generan el 70% del empleo registrado del país y están atrapadas en una espiral de caída de ventas, falta de financiamiento y morosidad creciente. El CEO del Banco Galicia, Diego Rivas, lo graficó sin rodeos: «Aún hoy el nivel de mora en las pymes sigue subiendo, a diferencia de lo que venimos viendo con individuos, donde ya encontramos un techo». Mientras los hogares empiezan a estabilizarse, las pequeñas empresas siguen ahogándose.
Una encuesta del Observatorio Pyme reveló que el 60% de las pymes considera que los retrasos en el pago de sus clientes son uno de sus principales problemas, cuando un año antes ese porcentaje era del 35%. La cadena de pagos se rompe, y con ella la capacidad de cumplir con salarios y aguinaldos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya alertó que el 70% de los empresarios denunció extensiones unilaterales de plazos de pago por parte de clientes, y más del 50% sufrió incumplimientos mayores.
Ante ese cuadro, la CAME pidió al Gobierno un plan de auxilio concreto: suspensión de embargos y multas, reducción de sanciones fiscales y un plan de pagos de hasta 48 cuotas para las empresas en apuros. Hasta ahora, no obtuvo respuestas concretas. El diagnóstico de las cámaras empresariales es unánime: no hay reactivación posible sin incentivos al consumo y un alivio fiscal real. La estabilización macroeconómica que celebra el Gobierno no llega, por ahora, a los balances de las pequeñas empresas que sostienen el empleo del país.
