La visita fue protocolar, pero el mensaje fue político. Victoria Villarruel recorrió este jueves el Ingenio La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes, en Tucumán, antes de volver a Buenos Aires tras los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Y se fue con un compromiso concreto sobre la mesa: impulsar el tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles.
Durante el encuentro, los representantes del sector le presentaron un diagnóstico sin anestesia sobre la situación de la industria azucarera. Los planteos fueron directos: incertidumbre por el abastecimiento de gas en invierno, dificultades estructurales de las economías regionales y las asimetrías históricas entre el norte argentino y el resto del país. Un combo que la agroindustria tucumana viene denunciando hace años sin demasiado eco en la Casa Rosada.
Según informaron desde la compañía, Villarruel escuchó los planteos y se comprometió a recibirlos nuevamente para seguir trabajando sobre estas problemáticas. Además, expresó su voluntad de impulsar el tratamiento de una nueva ley que actualice el marco regulatorio del sector sucroalcoholero, considerada estratégica para las provincias productoras de bioetanol como Tucumán, Jujuy y Salta.
El respaldo de la vicepresidenta llega en un momento en que el Senado retomó el debate sobre biocombustibles. La discusión volvió a la agenda luego de que el oficialismo presentara su propio proyecto, mientras que la ex secretaria de Energía Flavia Royón impulsó una propuesta alternativa. El secretario de Energía de la Nación, Daniel González, reconoció durante el debate la necesidad de actualizar la legislación vigente para incrementar el porcentaje de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles y respaldó la iniciativa del oficialismo.
La propuesta del Gobierno recibió el apoyo de los sectores productores de etanol de caña de azúcar y de maíz, además de las empresas integradas de biodiésel. Las principales objeciones llegaron de las pymes del sector biodiésel no integradas, que prefieren mantener el esquema actual de distribución y proponen elevar la mezcla al 15% preservando el 7,5% de participación que hoy tienen las pequeñas y medianas empresas. El debate en el Senado está lejos de cerrarse, y el compromiso de Villarruel le agrega presión política a una discusión que tiene mucho en juego para las economías del interior productivo.
