Los números no mienten, aunque duelan. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, edición 2025, y los datos sobre Entre Ríos encendieron una señal de alerta: la provincia registró 7 víctimas directas de femicidio durante el año pasado, con una tasa de 0,96 víctimas cada 100.000 mujeres, por encima de la media nacional que se ubicó en 0,85.
A nivel país, el Registro contabilizó 191 causas de femicidio directo con 200 víctimas directas: 196 mujeres cis y 4 mujeres trans y travestis. Se identificaron 210 sujetos activos, aunque al cierre del informe 12 de ellos aún no habían sido identificados. El dato que más golpea: 144 hijas e hijos quedaron alcanzados por la Ley 27.452, la norma que los protege cuando pierden a su madre en manos de un femicida. Además, se registraron 19 víctimas de femicidio vinculado, de las cuales 2 eran mujeres cis y 17 varones cis.
El informe también revela que durante 2025 hubo 12 víctimas de entre 0 y 17 años en todo el país, un dato que el tablero interactivo permite cruzar con variables como nacionalidad, nivel educativo y jurisdicción. La herramienta fue diseñada para que cualquier ciudadano, periodista o funcionario pueda explorar la información con filtros por provincia, género y otras variables de análisis.
Para Entre Ríos, la tasa de 0,96 frente al 0,85 nacional no es un detalle menor: equivale a decir que la provincia pierde mujeres a manos de femicidas a un ritmo proporcionalmente mayor que el promedio del país. Un número que debería incomodar a quienes tienen la responsabilidad de diseñar políticas de prevención y protección.
El tablero interactivo está disponible online y permite seleccionar cada provincia sobre el mapa para actualizar automáticamente todos los indicadores correspondientes. La Oficina de la Mujer recomienda verificar siempre qué filtros permanecen activos antes de interpretar los datos, ya que modifican los gráficos y tablas visibles. La evolución anual puede consultarse desde 2017 hasta 2025, tanto a nivel nacional como por jurisdicción, lo que permite identificar tendencias y comparar el comportamiento de cada provincia a lo largo del tiempo.
