La violencia en el deporte amateur no da tregua, y esta vez el básquet paranaense quedó en el centro de la tormenta. El Club Atlético Estudiantes (CAE) abrió un sumario interno tras la agresión al árbitro Claudio Páez y suspendió de forma preventiva al colaborador señalado como responsable del episodio.
El presidente de la subcomisión de básquet del CAE confirmó la medida en declaraciones recientes. La suspensión preventiva es la primera respuesta institucional concreta ante un hecho que sacudió al ambiente del básquet local y que, según el propio dirigente, no puede quedar sin consecuencias internas. El club no esperó a que el proceso externo avanzara: actuó primero hacia adentro.
Pero el caso no termina en la sanción al individuo. El dirigente también respaldó la necesidad de revisar los protocolos de seguridad vigentes en los torneos de básquet de Paraná. La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: si hay protocolos, por qué no funcionaron. Y si no los hay, por qué no existen.
Los episodios de violencia en el deporte de clubes son una herida que se repite con demasiada frecuencia. Los árbitros son, en general, los más expuestos: trabajan solos o en parejas, en canchas sin seguridad profesional, rodeados de dirigentes, jugadores y público que a veces confunden la pasión con la impunidad. Claudio Páez fue la víctima concreta de esa lógica.
La apertura del sumario y la suspensión preventiva son señales que van en la dirección correcta, aunque la solidez de esas señales dependerá de lo que el proceso interno arroje y de las sanciones que finalmente se apliquen. En el básquet paranaense, como en tantos otros ámbitos del deporte amateur entrerriano, la institucionalidad se mide en los momentos difíciles, no en los discursos. El CAE ahora tiene la oportunidad de marcar un precedente claro sobre cómo se trata la violencia hacia los árbitros.
