Los números están ahí, fríos e implacables. La mortalidad infantil subió a 8,5 por cada mil nacidos vivos en 2024, el registro más alto desde 2022 y el mayor incremento interanual desde 2002. ¿Casualidad? Difícil de sostener cuando al mismo tiempo el presupuesto del Ministerio de Salud se desplomó en términos reales.
El dato duele porque habla de vidas que se podrían haber salvado. En 2024 nacieron 413.135 bebés, el número más bajo del período reciente, pero paradójicamente la tasa de mortalidad aumentó. El incremento golpeó a 15 de las 24 provincias, con Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero registrando subas de entre el 10% y el 20%.
¿Qué pasó con los adultos mayores? La historia se repite con crueldad matemática. El número absoluto de fallecimientos subió en 21.276 respecto de 2023. La tasa pasó de 47 a 49,9 cada mil personas de 65 años y más. Los más vulnerables, otra vez, pagando el costo del ajuste.
El gobierno va a salir a defenderse diciendo que estos números no son los peores de la historia reciente, que la pandemia tuvo valores más altos. Es cierto, pero es una comparación tramposa. Lo que importa es qué pasó entre 2023 y 2024, el primer año completo de gestión de Milei. Y ahí los indicadores empeoraron, sin vueltas.
El presupuesto cuenta su propia historia de abandono. Milei gobernó 2024 y 2025 sin presupuesto propio, prorrogando el de 2023 en ambos ejercicios. Cuando el gobierno anuncia que “la salud sube un 17%” habla de la función total que incluye PAMI y obras sociales. Pero cuando los médicos y las ONG se quejan, hablan del Ministerio de Salud específico, el que ejecuta programas de prevención y salud comunitaria. Son dos cosas diferentes y el gobierno las mezcla a propósito.
Los datos convergen desde fuentes de distinto signo político: la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Observatorio de Salud de la Universidad ISALUD. Cuando todas apuntan en la misma dirección, la convergencia es el dato. Y esa dirección marca una caída real en los programas que más necesitan los que menos tienen.
La mortalidad neonatal pasó de 5,5 a 6 por mil. En 2021 se habían logrado cero muertes maternas adolescentes por aborto; en 2024 se registraron cuatro. Cada número es una tragedia familiar que se podría haber evitado con políticas públicas adecuadas.
No se trata de establecer una causalidad directa entre cada muerte y el ajuste. Eso requeriría estudios epidemiológicos complejos. Pero sí se puede afirmar algo más preciso y más difícil de rebatir: el Estado tomó decisiones presupuestarias que degradaron su capacidad de proteger a los grupos más vulnerables. Los indicadores de mortalidad de esos grupos empeoraron. La obligación de explicar ese resultado recae sobre quienes tomaron las decisiones, no sobre quienes las documentan.
