Los números no mienten y duelen. Un informe de la Dirección de Orientación y Acompañamiento a Víctimas de Delitos Sexuales (DOVIC) desnudó una realidad que muchos conocían pero pocos se animaban a documentar: la violencia sexual en las fuerzas de seguridad es sistemática y goza de una impunidad casi absoluta.
El documento, que analizó 70 casos entre 2014 y 2024, reveló que Gendarmería concentra el 28,6% de los hechos denunciados y el Ejército el 27,1%. Entre ambas instituciones suman más de la mitad de los abusos reportados. ¿Casualidad? Difícil de creer cuando hablamos de las fuerzas con estructuras más rígidas y verticales del país.
Pero el dato que realmente indigna está en las consecuencias. De los 53 agresores identificados, apenas 9 recibieron algún tipo de sanción. Eso significa que el 83% de los denunciados siguió en funciones como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, las víctimas terminaron con licencias psiquiátricas, traslados punitivos y señalamientos internos.
El informe describe una mecánica perversa: en 63 de los 70 casos el agresor ocupaba una posición jerárquica superior. Las denunciantes, en su mayoría mujeres, no solo enfrentaron el trauma del abuso sino también represalias institucionales que incluyeron destinos a cocinas o sectores considerados de castigo.
¿Qué mensaje envían estas instituciones cuando 25 víctimas terminaron con carpetas médicas o psiquiátricas por el impacto emocional, mientras sus agresores conservaron rangos, sueldos y autoridad? La respuesta es clara: que denunciar sale caro y que el silencio se premia.
El relevamiento también mostró que Córdoba lideró con 17 denuncias, seguida por CABA con 15. Entre Ríos apareció en el mapa con casos registrados en Paraná, confirmando que este problema atraviesa todo el territorio nacional sin distinción de jurisdicciones.
La DOVIC desarrolló protocolos y herramientas de acompañamiento durante once años de trabajo, pero los números demuestran que el problema no está en la falta de procedimientos sino en la voluntad institucional de aplicarlos. Cuando solo 7 agresores fueron dados de baja y 1 detenido de un total de 53 denunciados, queda claro que las fuerzas prefieren proteger a los suyos antes que a las víctimas.
