La imagen era perturbadora. Un empresario procesado por abuso sexual contra diez adolescentes paseándose tranquilamente por una misa en Luján, sin rastros de la tobillera electrónica que debería llevarlo pegado al tobillo como una sombra judicial. La polémica no tardó en explotar.
Ahora, después del escándalo público y los reclamos que llovieron desde todos los sectores, la Justicia finalmente actuó. El dispositivo de monitoreo ya está en su lugar, como debería haber estado desde el primer día del procesamiento. ¿Qué pasó en el medio? ¿Quién autorizó esa libertad de movimientos tan sospechosa?
El caso involucra a diez víctimas menores de edad, todos compañeros del hijo del acusado. Una situación que pone los pelos de punta y que exige el máximo rigor judicial. Sin embargo, la aparición pública del empresario sin el dispositivo de control generó una ola de indignación que obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
La tobillera electrónica no es un capricho judicial, sino una medida de seguridad fundamental para controlar los movimientos de una persona procesada por delitos tan graves. Su ausencia durante días levantó interrogantes sobre el funcionamiento del sistema y la seriedad con que se toman estos casos.
Los familiares de las víctimas habían expresado su preocupación por la libertad de movimientos del acusado, especialmente considerando la naturaleza de los delitos y la cantidad de menores involucrados. La colocación del dispositivo llega tarde, pero al menos marca un límite necesario en una causa que no puede permitirse más errores procedimentales.
