¿100.000 nutrias son muchas o pocas? La pregunta resuena en Entre Ríos después de que el gobierno de Rogelio Frigerio autorizara, mediante resolución oficial, la temporada de captura comercial del coipo para aprovechar sus cueros y pieles. La medida, que rige desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, volvió a encender la polémica entre quienes defienden el aprovechamiento sustentable y los que denuncian una política depredatoria.
La Resolución N.º 152/26 de la Dirección General de Recursos Naturales no solo fija el cupo de ejemplares a capturar, sino que establece las condiciones para toda la cadena: caza, transporte, acopio, comercialización e industrialización. El gobierno provincial se escuda en los relevamientos del Programa Nacional Nutria para justificar que existe población suficiente sin comprometer la conservación de la especie. Pero los ambientalistas no compran el argumento.
La ONG Ceydas (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) apunta directo al corazón del problema: Entre Ríos es la única provincia del país que mantiene habilitada la captura comercial de coipos bajo cupos oficiales. Una singularidad que, según los críticos, contradice las políticas de protección ambiental que pregona el mismo gobierno que promociona la provincia como destino de turismo de naturaleza.
El coipo, ese mamífero acuático que habita lagunas, arroyos y humedales entrerrianos, se convirtió en el centro de una discusión que trasciende lo técnico. Mientras el gobierno defiende la medida como aprovechamiento sustentable respaldado por estudios poblacionales, los ambientalistas ven una contradicción flagrante: ¿cómo se promociona la observación de fauna y al mismo tiempo se autoriza su captura comercial masiva?
La polémica no es nueva. Durante 2025 ya se habían autorizado capturas similares, y pocos meses atrás la habilitación de la caza deportiva menor había generado otra ola de cuestionamientos. Para los críticos, ambas decisiones revelan una orientación provincial que privilegia el rédito económico por encima de la conservación de la biodiversidad que constituye uno de los principales atractivos turísticos entrerrianos.
Con la temporada ya en marcha y las áreas naturales protegidas como única excepción al permiso de captura, el debate vuelve a instalarse en la agenda pública. La pregunta de fondo persiste: ¿es posible conciliar el aprovechamiento económico de la fauna silvestre con la protección del patrimonio natural que la propia provincia exhibe como bandera turística? La respuesta, por ahora, divide aguas en territorio entrerriano.
