¿El FMI quiere que los trabajadores argentinos paguen más impuestos? La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió con los tapones de punta este sábado a rechazar las sugerencias del organismo internacional sobre reforma tributaria. Y de paso, aprovechó para marcar dónde está el verdadero problema: en las provincias y municipios que asfixian a las pymes.
Mediante un comunicado que no se guardó nada, CAME criticó la intención del FMI de ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, extender la aplicación del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen del Monotributo elevando sus categorías. Para la entidad, estas iniciativas tienen un carácter “regresivo” porque trasladan la carga tributaria hacia los sectores de menores ingresos.
Pero el verdadero dardo fue hacia otro lado. CAME señaló que el principal problema tributario argentino no está en los gravámenes nacionales sino en el sistema impositivo provincial y municipal. El foco: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las diversas tasas locales que gravan la actividad económica. Estos tributos representan entre el 2% y el 6% de la facturación bruta de una empresa, sin importar si gana o pierde plata.
El efecto es devastador: se acumula a lo largo de toda la cadena productiva como una bola de nieve que termina aplastando a todos. Pero hay más. CAME advirtió sobre el impacto de las retenciones y percepciones que aplican las provincias, que obligan a las empresas a adelantar impuestos antes de presentar sus declaraciones juradas. El resultado: saldos a favor que tardan años en ser devueltos y que pierden valor frente a la inflación.
“Es un financiamiento involuntario al Estado provincial”, disparó la organización. Mientras las empresas esperan que les devuelvan su plata, los gobiernos provinciales se financian con esos recursos que van perdiendo valor mes a mes. Un negocio redondo para las provincias, un calvario para las pymes.
Frente a este panorama, CAME propuso convocar a un nuevo Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para encarar una reforma integral del sistema tributario subnacional. Entre los puntos clave: armonización de los regímenes de retención y percepción, plazos obligatorios para la devolución de saldos a favor, unificación de criterios tributarios y revisión de las tasas municipales.
La propuesta más ambiciosa apunta a una modificación profunda del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, eliminando su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrando el tributo únicamente en la venta final al consumidor. El objetivo: reducir el “efecto cascada” que encarece los costos de producción y termina pagando el consumidor final.
En el tramo final del documento, CAME fue lapidaria con el FMI: aumentar la carga tributaria sobre los salarios no va a generar empleo ni mejorar la competitividad. Por el contrario, una mayor presión sobre los ingresos de los trabajadores reduciría el consumo interno y terminaría afectando también la recaudación provincial y municipal. “La Argentina necesita una reforma que elimine distorsiones sobre la producción y la inversión, no una que reduzca el poder adquisitivo de los trabajadores”, concluyó la entidad empresaria.
