¿Que pasa cuando el Estado decide que los derechos sociales los paguen otros? La respuesta llego ayer con la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, que elimino de un plumazo las compensaciones que recibían las empresas de transporte por los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.
El truco es sencillo pero brutal: el beneficio se mantiene para que nadie pueda acusar al Gobierno de quitarle derechos a los más vulnerables, pero ahora son las empresas las que absorben todo el costo. Sin reintegro, sin compensación, sin nada. Una transferencia directa de la responsabilidad estatal al sector privado que suena a manual de ajuste creativo.
La medida alcanza al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional y sepulta un esquema que funcionaba desde 2018. Durante estos años, el Estado compensaba parcialmente a las compañías por cada pasaje otorgado bajo estos regímenes de protección social. Ahora, esa cuenta la van a pagar directamente las prestatarias del servicio.
En la práctica, Milei encontró la fórmula perfecta: mantener formalmente los derechos establecidos por ley pero modificar por completo su financiamiento. Los usuarios con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos siguen teniendo derecho al pasaje gratuito, pero el costo ya no sale del presupuesto nacional sino del bolsillo de las empresas de transporte.
La pregunta que queda flotando es obvia: ¿hasta cuándo van a aguantar las empresas esta transferencia de costos? Porque una cosa es absorber un gasto compensado y otra muy distinta es asumir una obligación sin contrapartida. La cuenta, tarde o temprano, alguien la va a tener que pagar.
