Los audios no mienten. Y cuando se filtra la voz del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández contando que Javier Milei aportó 350 mil dólares para una red de fake news contra gobiernos latinoamericanos, el escándalo toma dimensiones internacionales que el oficialismo no puede ignorar.
La bomba estalló después de que Página/12 difundiera una serie de audios del 30 de enero de este año, donde Hernández dialoga con el actual mandatario hondureño Nasry Asfura sobre la conformación de un equipo de comunicación para llevar adelante una guerra mediática contra Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México. El detalle que complica al libertario: su participación financiera en el entramado.
“Pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también”, le confesó JOH a la vicepresidenta hondureña María Antonieta Mejía, quien inmediatamente le recomendó: “Presidente, si gusta, omitamos los detalles”. ¿Casualidad que pidiera discreción? Difícil de creer cuando se trata de operaciones de desinformación internacional.
El diputado Nicolás Trotta no se quedó callado ante semejante revelación. El legislador de Unión Por la Patria envió un proyecto de resolución a la Cámara de Diputados expresando “profunda preocupación” y exigiendo explicaciones al Presidente. “No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina, sino que ahora financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar gobiernos“, arremetió Trotta en redes sociales.
La situación se vuelve más turbia cuando se considera el contexto: Juan Orlando Hernández fue condenado en Nueva York a 24 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024, aunque posteriormente fue indultado por Donald Trump. El expresidente estadounidense alegó que Hernández “fue tratado muy mal”, una declaración que ahora cobra otro sentido a la luz de estas revelaciones.
El proyecto de Trotta no se limita a expresar preocupación. Le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe si Milei o sus funcionarios mantuvieron conversaciones con JOH y si impulsaron “programas de comunicación digital orientadas a influir en la opinión pública de otros Estados“. En caso afirmativo, exige detalles sobre el organismo encargado, el marco normativo y los objetivos de estas acciones.
¿Puede el gobierno argentino financiar operaciones de desinformación contra países vecinos sin consecuencias? Trotta argumenta que esta “injerencia comunicacional” va contra el artículo 27 de la Constitución Nacional, que establece que el gobierno debe fortalecer las relaciones de paz y comercio con potencias extranjeras. Una contradicción flagrante si se confirman los hechos denunciados.
La pregunta que queda flotando es inevitable: si Milei realmente destinó 350 mil dólares de fondos argentinos para desprestigiar gobiernos latinoamericanos, ¿qué otras operaciones similares podrían estar financiándose desde Casa Rosada? El escándalo apenas comienza y las explicaciones que deberá dar el oficialismo prometen ser tan reveladoras como incómodas.
Con informacion de: Diario Junio.
