¿Cuántas veces más van a castigar a los contribuyentes antes de admitir que el problema está en el diseño del impuesto automotor? En Entre Ríos, la persecución contra quienes radican vehículos en otras provincias se volvió una cacería que esquiva el verdadero debate: si la carga impositiva entrerriana no es simplemente demasiado alta.
Un informe del estudio Marsó & Asociados al que accedió Diario Junio pone el dedo en la llaga: mientras la Administradora Tributaria (ATER) refuerza controles y aplica multas que pueden escalar hasta diez veces el valor del impuesto anual, el gobierno provincial evita preguntarse por qué los entrerrianos se van a tributar a otras jurisdicciones.
La maniobra es conocida: propietarios de vehículos de alta gama radican sus autos en provincias con menor carga fiscal. No necesariamente cambian de residencia real, pero sí buscan alivio tributario. La respuesta oficial fue crear el concepto de “guarda habitual” que permite gravar automotores que, aunque registrados en otra provincia, se usan efectivamente en Entre Ríos.
El mecanismo funciona con presunciones amplias que habilitan a la ATER a intimar, reinscribir vehículos de oficio y aplicar sanciones devastadoras. Pero acá viene lo perverso: en lugar de revisar si la estructura del impuesto genera incentivos para irse, la Provincia optó por endurecer la represión.
¿El resultado? Un escenario de creciente litigiosidad donde los contribuyentes no solo discuten la deuda, sino la legalidad de procedimientos que rozan la arbitrariedad. El informe detecta prácticas administrativas cuestionables: multas que terminan figurando como “defraudación” sin sumario previo, notificaciones por domicilio fiscal electrónico para sanciones millonarias y procedimientos que vulneran garantías constitucionales.
La Provincia enfrenta un dilema clásico pero lo resuelve mal: puede fijar el nivel de impuesto que quiera, pero no puede desconocer que los contribuyentes comparan. Pretender evitar la migración de radicaciones exclusivamente mediante controles más duros equivale a atacar el síntoma sin modificar la causa.
Si Entre Ríos tiene una carga significativamente más alta que jurisdicciones vecinas, el traslado de radicación no es una anomalía sino una consecuencia previsible. Pero admitir eso implicaría revisar la política fiscal, y esa conversación el gobierno de Frigerio prefiere evitarla.
Mientras tanto, los entrerrianos siguen atrapados entre un impuesto que los expulsa y un fisco que los persigue. La pregunta es hasta cuándo van a sostener esta esquizofrenia tributaria que castiga al contribuyente por hacer lo que cualquier persona racional haría: buscar donde le cobren menos.
Con informacion de: Diario Junio.
