Alejandro Patricio Maraniello fue citado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación el 19 de agosto, con un plazo de 20 días para presentar su defensa
El juez que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei tiene denuncias en contra por acoso sexual y laboral.
Alejandro Patricio Maraniello, el juez que prohibió este lunes la difusión de audios de Karina Milei, enfrenta nueve denuncias en su contra, entre ellas cinco por acoso sexual, además de otras por maltrato a empleados, malversación de fondos públicos y acoso laboral.
El dato se desprende de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de investigar los delitos denunciados contra el magistrado.
Por estas acusaciones, Maraniello fue citado por el Consejo el pasado 19 de agosto, con un plazo de 20 días para presentar su defensa.
Concretamente, los expedientes contra Maraniello son por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. La investigación se inició a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).
En una de las denuncias por acoso sexual, dio testimonio una empleada que relató haber sido víctima apenas una semana después de incorporarse al juzgado. Según su declaración, el juez la presionó para aceptar una salida fuera del ámbito laboral, bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
Durante ese encuentro, la mujer aseguró haber sufrido tocamientos y besos no consentidos, lo que la llevó a sentirse obligada a mantener relaciones sexuales para resolver la situación y evitar represalias.
Otro expediente detalla el relato de una agente judicial que recibió mensajes inapropiados a través de redes sociales por parte de Maraniello, junto con comentarios sobre su vestimenta y apariencia física, miradas insistentes y un trato hostil cuando rechazaba encuentros fuera del ámbito laboral.
La víctima reportó haber requerido medicación y haber experimentado pensamientos suicidas antes de decidirse a reportar los hechos en la Unidad de Bienestar Laboral del Poder Judicial.
Aunque inicialmente expresó su deseo de no iniciar acciones penales, el caso fue derivado a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem), donde la fiscal Mariana Labozzetta evaluó que los hechos podrían constituir delitos de acción pública dada la condición de funcionario judicial del acusado. Actualmente, el expediente se encuentra en trámite ante la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
En la denuncia, el gremio también resaltó la vulnerabilidad de una de las afectadas, una trabajadora interina y estudiante de derecho, quien habría sido objeto de comentarios despectivos por parte del juez por ser hija de un camionero.
